La organización socialista revolucionaria Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI) señala que la pandemia avanza en la sexta ola, y las cifras, no sólo de contagios sino de muertes, vuelven a dispararse en algunas localidades, y que ante este repunte de la pandemia, asociado a nuevas variantes como el ómicron, no existe una política para frenar la pandemia a nivel mundial, y en España, ni el Gobierno central ni los autonómicos se han preocupado de reforzar como deberían la sanidad pública.
Advierten de que solo se conocen medidas que culpabilizan a la gente -cuando justamente se ha cumplido masivamente con la vacunación y con las indicaciones sanitarias-, y se impone la división entre los y las vecinas y el control social, con medidas como el certificado covid o el toque de queda, cuando, como dice el Colegio de Médicos, el caso es que «las restricciones simbolizan el fracaso de la gestión de la pandemia».
Argumentan que el Gobierno español «progresista» de PSOE – IU/Podemos es responsable, como el resto de la Unión Europea, Estados Unidos o Japón, de votar en la Organización Mundial del Comercio contra la petición de más de un centenar de países encabezados por Sudáfrica y la India, de liberar las patentes de las vacunas mientras dure la pandemia, política que califican de «una vergüenza para un gobierno que se presenta como de izquierdas y solidario».
Lo explican porque «mientras los recursos sanitarios -y las vacunas entre ellos- no estén al alcance de toda la población mundial, no sólo se multiplican las muertes evitables y se priva a miles de millones de personas del derecho universal a la salud, sino que no se frenan las continuas mutaciones del virus y su expansión».
Y critican que «todo ello con unos presupuestos de 2022 que no llegan a destinar el 25 por ciento para la primaria (queda por debajo del 17 por ciento), y se mantiene el entramado de empresas privadas y fundaciones, como se refleja en el brutal crecimiento de los servicios externalizados en un 55,8 por ciento, frente al incremento del 7,8 por ciento en personal propio (aplicando la privatizadora ley Aragonés que se había tumbado)».
Concluyen que tras dos años de pandemia y afrontando la sexta ola, esta política es criminal:
«Los gobiernos, en lugar de asumir esta grave irresponsabilidad, siguen culpabilizando a la gente, aplicando medidas de control social, instan a reducir el uso del sistema de salud, e imponen una presión intolerable sobre el personal sanitario, todo ello para evitar que ésta sanidad pública infradotada se sature. Éste es el sentido de las medidas de control social como el certificado covid o o el toque de queda: son cortinas de humo –como la mascarilla en exteriores- ante una crisis sanitaria totalmente descontrolada».
Agregan que «está científicamente demostrado que el hecho de estar vacunado no frena los contagios» y se preguntan «qué sentido tiene que el que tiene el certificado covid pueda entrar en un bar y el que no está vacunado no, si el grado de riesgo para un tercero es el mismo».
Añaden que «la política del pasaporte sanitario tiene efectos nefastos porque avanza en el señalamiento de colectivos, como si los no vacunados fueran responsables de la pandemia».
Rechazan «el principio individualista de la libertad individual por encima de todo, que aprovecha la extrema derecha para canalizar el rechazo contra el control social de los gobiernos. Es necesario imponer medidas que eviten riesgos para terceras personas. Pero no el chantaje ni la discriminación, que señala a quien no está vacunado, para forzarle a vacunarse. Queremos una política de sanidad pública, pero no aceptamos que el estado te tutele sobre lo que debes hacer y lo que te conviene, porque en ese camino no hay final».
Y lanzan algunas preguntas:
- ¿Cómo podemos poner a los camareros de un bar a grabar quien entra en el establecimiento o a echar a quien no se ha vacunado?
- ¿Cómo cuando los vecinos salían a abuchear a quienes salían de su casa durante el confinamiento?
Para concluir que «no queremos normalizar el control y el enfrentamiento socia» y rechazar «la política policial para hacer frente a la crisis sanitaria», porque «el toque de queda se ha justificado con una inaceptable campaña de criminalización de la juventud»
Y proponen soluciones:
Lo que hace falta es que los centros de Atención Primaria puedan hacer un seguimiento en condiciones de la salud de sus pacientes, que reciban atención ante los primeros síntomas y que haya capacidad para responder también a las demás enfermedades.
Lo que hace falta es que haya un acceso libre y gratuito a los test de antígenos o que generalicen las PCR. Es decir, que se pueda detectar el contagio lo más rápidamente posible para actuar respecto a aquella persona y su entorno, dándole seguridad.
Seguridad que puede aislarse sin temer por el trabajo –y recibiendo una renta garantizada de cuarentena en los trabajos irregulares-, que si son los contagiados podrá cuidarlos, porque se reconoce la baja sin pérdida salarial.
Con una regularización inmediata de todas las personas sin papeles para no dejar a nadie fuera del sistema de salud pública.
Una política sanitaria pública y universal que debe completarse con una fuerte inversión en los transportes públicos, la educación y la asistencia social. Con inspecciones de trabajo para que las empresas garanticen todas las medidas sanitarias.
- La Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI) es una organización socialista revolucionaria mundial, que se fundó en Barcelona, España, en abril de1995, con la fusión entre diversas corrientes que se reivindican continuadoras del legado político y teórico de León Trotsky y del que fuera uno de los principales dirigentes del trotskismo luego de la Segunda Guerra Mundial, Nahuel Moreno.
