El Tribunal Supremo ha reconocido que los solicitantes de asilo que llegan a Ceuta y Melilla tienen derecho a la libertad de circulación en todo el territorio español, esto es, que pueden moverse libremente por el país, igual que las personas que plantean la misma petición en cualquier punto de España.
Así se recoge en una sentencia dictada este miércoles 29 de julio de 2020 por el Alto Tribunal, a propósito de un caso planteado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que defendía el derecho de un solicitante de protección internacional en Ceuta a ser trasladado a la península. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó dicha petición, pero fue recurrida por la Abogacía General del Estado, informa Servimedia.
De hecho, la política del Ministerio del Interior desde hace años impide la salida de estas personas desde las ciudades autónomas al resto del teritorio nacional, con el argumento de «desincentivar» un posible mal uso de esta vía.
Entre otros efectos, esta imposibilidad de circular por España provoca el hacinamiento en los Centros de Estancia temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, que funcionan muy por encima de su capacidad.
En el fallo dictado hoy, el Supremo indica que «la Ley del Derecho de Asilo no establece limitación alguna a las solicitudes formuladas en Ceuta o Melilla», ya que «en todo momento» se refiere «de manera reiterada al territorio nacional, sin excepciones».
De este modo, «los solicitantes de la protección internacional en Ceuta y Melilla quedan en la misma situación y con los mismos derechos de todos los solicitantes en España», aclara.
En un comunicado, CEAR valora esta sentencia, que llega «tras casi treinta años de reivindicación ante las autoridades españolas sobre la ilegalidad de retener a los solicitantes de asilo en ambas ciudades autónomas y numerosas sentencias a favor».
«Desde CEAR celebramos una decisión que va a impactar positivamente en la vida de miles de personas que, en muchas ocasiones, quedaban atrapadas durante meses e incluso años en Ceuta y Melilla, viéndose privadas de muchos derechos que les corresponden por su condición de solicitantes de asilo», destacó Estrella Galán, directora general de CEAR.
