Diez años después de la aprobación de la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de la ONU, destinada a proteger la asistencia sanitaria en conflictos armados, organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alertan de un deterioro alarmante de la situación.
Lejos de reducirse, los ataques contra hospitales, ambulancias y personal sanitario no solo persisten, sino que se han intensificado en numerosos contextos bélicos, evidenciando un incumplimiento sistemático del Derecho Internacional Humanitario.
Una década marcada por el incumplimiento
La Resolución 2286, aprobada por unanimidad en 2016, establecía un marco claro para la protección de la atención sanitaria en conflictos armados. Sin embargo, diez años después, las principales organizaciones humanitarias coinciden en un diagnóstico contundente: «No conmemoramos un logro, sino un fracaso» .
El comunicado conjunto emitido en Ginebra por MSF, la OMS y el CICR subraya que la violencia contra instalaciones y personal sanitario «no ha disminuido» y, en muchos contextos, «se ha intensificado» . Este escenario refleja una brecha profunda entre las normas internacionales y su aplicación efectiva sobre el terreno.
Hospitales en ruinas y pacientes sin atención
En primera línea de los conflictos más devastadores, los equipos humanitarios documentan diariamente las consecuencias de estos ataques. Hospitales reducidos a escombros, ambulancias bloqueadas o destruidas, y profesionales sanitarios convertidos en objetivos forman parte de una realidad que vulnera principios fundamentales del derecho internacional.
Las consecuencias van más allá de la destrucción física. Según las organizaciones firmantes, pacientes con heridas tratables fallecen por falta de atención, mujeres se ven obligadas a dar a luz sin asistencia médica y comunidades enteras pierden el acceso a servicios esenciales .
El comunicado es especialmente contundente al señalar que cuando la atención sanitaria deja de ser segura, «es la señal más clara de que las normas destinadas a limitar el daño de la guerra se están desmoronando» .
Una crisis de humanidad
Más allá de la dimensión jurídica, las organizaciones alertan de una crisis ética global. «Cuando los hospitales y quienes prestan atención médica son atacados, no solo nos enfrentamos a una crisis humanitaria, sino a una crisis de humanidad» .
Este diagnóstico sitúa el problema en un plano más amplio: el debilitamiento del respeto a las normas básicas de la guerra, diseñadas para proteger a la población civil y a quienes no participan directamente en las hostilidades.
Obligaciones legales ignoradas
El Derecho Internacional Humanitario establece la obligación de «respetar y hacer respetar» la protección de la asistencia sanitaria en todas las circunstancias. Esto implica no solo que los Estados cumplan estas normas, sino que utilicen su influencia para garantizar que otros actores también lo hagan .
Sin embargo, la realidad muestra una falta de voluntad política para aplicar estas obligaciones. Las organizaciones denuncian que no se trata de un fallo del marco legal, sino de su incumplimiento sistemático.
Medidas urgentes para revertir la situación
Ante este escenario, MSF, la OMS y el CICR instan a los Estados a adoptar medidas concretas y urgentes. Entre ellas destacan:
- Integrar la protección sanitaria en las doctrinas militares y normas de actuación.
- Reforzar la legislación nacional para garantizar la protección de hospitales y personal sanitario.
- Asignar recursos suficientes para implementar medidas de protección.
- Investigar de forma rápida e imparcial los ataques y garantizar la rendición de cuentas.
- Informar de manera transparente sobre los avances y desafíos en la aplicación de la resolución .
Asimismo, subrayan la importancia de mejorar los sistemas de documentación y notificación de ataques, una tarea en la que la OMS desempeña un papel clave desde la aprobación de la Resolución 65.20 de la Asamblea Mundial de la Salud.
La rendición de cuentas, una asignatura pendiente
Uno de los principales déficits señalados por las organizaciones es la falta de investigaciones eficaces y de mecanismos de rendición de cuentas. La impunidad de los ataques contribuye a su repetición y normalización.
En este sentido, organismos como la Corte Penal Internacional desempeñan un papel esencial en la persecución de crímenes de guerra, incluidos los ataques deliberados contra instalaciones sanitarias.
Actualidad
La ONU y las organizaciones internacionales alertan del deterioro global
Desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se insiste en que los ataques contra infraestructuras sanitarias constituyen graves violaciones del derecho internacional y, en muchos casos, pueden tipificarse como crímenes de guerra.
Por su parte, organizaciones como Amnistía Internacional han documentado reiteradamente ataques contra hospitales en conflictos recientes, denunciando la falta de protección efectiva y la escasa respuesta de la comunidad internacional.
La Federación Internacional de Periodistas también ha alertado del riesgo creciente para profesionales que documentan estos ataques, lo que agrava la falta de información independiente en zonas de conflicto.
Europa y la justicia internacional
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Consejo de Europa han reiterado la necesidad de garantizar la protección de la población civil en conflictos, incluyendo el acceso a servicios sanitarios.
También el Tribunal de Justicia de la UE ha abordado casos relacionados con derechos fundamentales en contextos de crisis, reforzando el marco jurídico europeo en materia de protección humanitaria.
Llamamientos políticos y éticos
Diversas voces internacionales han insistido en la necesidad de reforzar el compromiso político. Desde el Vaticano, el papa León XIV ha reiterado en varias intervenciones la obligación moral de proteger a las víctimas de la guerra, incluyendo a los enfermos y al personal sanitario.
En España, el Gobierno ha respaldado iniciativas internacionales destinadas a reforzar el respeto al Derecho Internacional Humanitario, aunque las organizaciones reclaman un mayor liderazgo y acciones más contundentes.
Un fracaso de voluntad política
El balance de estos diez años resulta demoledor. «No es un fallo de la ley. Es un fallo de la voluntad política» . Esta afirmación resume el núcleo del problema: la existencia de normas claras que no se aplican.
La protección de la asistencia sanitaria en conflictos armados no constituye una aspiración idealista, sino una obligación legal y moral. Su incumplimiento sistemático no solo agrava las crisis humanitarias, sino que erosiona los fundamentos del orden internacional basado en normas.
Los ataques contra la asistencia sanitaria representan una de las violaciones más graves y visibles del Derecho Internacional Humanitario. Diez años después de la Resolución 2286, la comunidad internacional enfrenta un desafío urgente: transformar los compromisos en acciones reales.
Sin una respuesta firme, coordinada y basada en la rendición de cuentas, la atención sanitaria seguirá siendo una víctima más de la guerra, con consecuencias devastadoras para millones de personas en todo el mundo.
