El único punto del ciclo del agua donde la contaminación se pesa: las 415.000 toneladas de lodo que la depuración madrileña produce cada año, adónde van, y por qué depurar mejor las hace más concentradas justo cuando Europa ordena empezar a medirlas.
1. Cuatrocientas quince mil toneladas
Toda esta serie ha discutido porcentajes. Qué proporción del efluente se depura, qué tanto por ciento de microplásticos retiene el secundario, qué fracción de la energía es renovable. Los porcentajes son cómodos para el gestor porque flotan: no pesan, no huelen, no hay que cargarlos en ningún sitio.
Hay, sin embargo, un punto de todo el ciclo del agua donde la contaminación deja de ser un porcentaje discutible y se convierte en un objeto físico —una masa que se pesa en una báscula, se sube a un camión y se descarga en un lugar concreto del mapa—. Ese punto es el lodo, y es el que esta serie había dejado en la sombra.
La cifra de partida es contundente. En 2024 se generaron en las depuradoras de la Comunidad de Madrid unas 415.000 toneladas de lodos de depuración. No es un residuo marginal del proceso: es el proceso hecho materia. Todo lo que una depuradora retira del agua —la carga orgánica, los nutrientes, los metales, los microplásticos, los restos de fármacos que el tratamiento consigue apartar— tiene que ir a alguna parte, y esa parte es el lodo. Depurar, en el fondo, no es hacer desaparecer la contaminación: es concentrarla y mudarla de sitio. Del agua al fango.
Conviene fijar desde el principio una trampa de las unidades, porque de ella depende que las comparaciones tengan sentido. Esas 415.000 toneladas son materia húmeda, lodo tal cual sale, con la mayor parte de su peso en agua. El propio Plan de Gestión de Lodos 2025-2032 de la Comunidad da la cifra de 2023 en 411.307 toneladas en materia húmeda, mientras que en materia seca —la única unidad que permite comparar entre plantas y entre años— Madrid se movía en torno a las 100.000 toneladas anuales.
Un factor de cuatro entre una cifra y otra. Quien quiera medir de verdad este problema tendrá que exigir la serie en materia seca; las toneladas «en fresco» dependen de la humedad y no son homogéneas.
Y hay un dato del mismo plan que desmonta de entrada la intuición fácil. Cabría esperar que, creciendo la población servida, creciera en paralelo la montaña de lodo. No ha ocurrido: la producción se ha mantenido estable entre 2016 y 2023 pese al aumento de población. Es un hecho que hay que respetar antes de proyectar nada hacia el escenario de los ocho millones, y sobre el que volveremos: puede deberse a mejoras de proceso, a cambios en el criterio de medida o a que se contabilicen fracciones distintas. Pero obliga a no dar por hecho que más habitantes signifiquen, sin más, más toneladas. Lo que sí es seguro es adónde va esa montaña. Y esa es la historia de este artículo.
2. El viaje de una tonelada
Sigamos una tonelada de lodo desde que sale del digestor hasta que desaparece del control del Canal, porque el recorrido, contado entero, es más revelador que cualquier adjetivo. En 2024 esas 415.000 toneladas se repartieron por cuatro caminos, tal como los publica la Comunidad.
Antes de recorrerlos, una advertencia para no sumar a ciegas: las cifras de entrada a cada vía —147.000, 219.000, 45.000 y 4.600 toneladas— son las que reparten el total y sí suman aproximadamente esas 415.000; en cambio, las de salida —40.600 y 11.000— son lo que queda ya tratado, mucho más ligero, y no deben sumarse a las anteriores ni entre sí.
Dicho esto, el recorrido. Por el primer camino, el más directo, 147.000 toneladas de entrada se aplicaron directamente sobre suelos agrícolas, sin más tratamiento que la deshidratación. Por el segundo, el más voluminoso, 219.000 toneladas entraron al secado térmico y salieron convertidas en 40.600 de grano seco destinado igualmente a la agricultura.
Por el tercero, 45.000 toneladas de fango, mezcladas con restos vegetales, dieron unas 11.000 de compost para jardinería y restauración. Y por el cuarto, el más pequeño con diferencia, 4600 toneladas se enviaron a una planta cementera para su valorización energética.
Detente en ese último número, porque es la clave de todo el artículo. La valorización en cementera es el único de los cuatro caminos que no devuelve el sólido al suelo: la combustión a alta temperatura mineraliza la materia orgánica y rompe buena parte de sus moléculas, y aunque los metales persistan en las cenizas y el clínker, no regresan como abono a un campo madrileño.
Los otros tres —aplicación directa, grano seco y compost— no rompen nada: transforman, higienizan, reducen volumen, pero devuelven el sólido, con lo que lleve dentro, a un campo o a un jardín. Y las 4600 toneladas de la cementera son, sobre 415.000, en torno al uno por ciento. Dicho sin rodeos: en torno al noventa y nueve por ciento de la masa húmeda que entra en el sistema acaba en vías que devuelven un producto al suelo o a usos de restauración, y solo alrededor del uno por ciento sigue la única vía que no lo devuelve.
No es un accidente ni una carencia de infraestructura. Es doctrina explícita. El Plan de Gestión de Lodos define la valorización agrícola como el destino de «la gran mayoría» de los lodos madrileños, y tiene argumentos para ello que examinaremos con justicia más adelante. Pero el mapa queda dibujado ya: la depuradora es, a la vez, una barrera que retira contaminación del agua y una fuente que la reintroduce en el suelo.
Retiene por un lado y entrega por otro. Y lo que entrega no es una abstracción: son cuatro de cada cinco camiones cargados de un sólido que, cuanto mejor funcione la depuración aguas arriba, más concentrado viajará. Ese es el asunto del capítulo siguiente.
3. El factor cinco
El segundo camino del capítulo anterior encierra el mecanismo que da nombre a este: 219.000 toneladas entran al secadero y salen 40.600. Por cada cinco toneladas y media que entran, sale una. No es magia ni pérdida: es agua que se evapora. El secado térmico lleva el lodo de una sequedad en torno al 21 por ciento a otra del 90 por ciento, de modo que el grano seco que llega al campo es, en materia sólida, un producto mucho más compacto que el fango de partida. Y aquí empieza lo importante, porque lo que se evapora es agua, no contaminante.
Conviene separar dos conceptos que se confunden con enorme facilidad, y de cuya distinción depende que un titular resista o se caiga. Uno es la carga: la cantidad total de una sustancia. El otro es la concentración: esa carga dividida por la masa que la contiene.
La conservación de la masa impone una regla simple para todo lo que no se degrada: si la depuradora retira más contaminante del agua, más contaminante acaba en la línea de fangos. Eso es carga, y es incontestable. Pero la concentración puede subir o no según cuánta masa de lodo haya alrededor.
El secado térmico, al arrancar cuatro quintas partes del agua, dispara la concentración: todo lo que no se volatilice en ese proceso —y los metales y los microplásticos no se volatilizan— viaja en un producto varias veces más concentrado que el fango original.
De modo que la pregunta que un lector se hace de forma natural —¿depurar mejor significa lodos con más contaminantes?—tiene una respuesta precisa, y no es exactamente la intuitiva. En carga, sí, siempre: cada gramo que la depuradora aparta del río aparece en el fango. En concentración, depende del contaminante. Los conservativos —metales pesados, microplásticos— entran y salen intactos, y el secado los concentra.
La materia orgánica biodegradable, en cambio, la destruye la digestión antes de llegar al secadero. Y los fármacos se comportan de forma desigual: unos se degradan en parte, otros se adsorben al fango y persisten. Generalizar a «contaminantes» sería impreciso; hablar de «metales y microplásticos» es donde el argumento se vuelve a prueba de réplica.
La consecuencia, encadenando el factor cinco con la conservación de la masa, es incómoda y exacta: cuanto mejor funcione la depuración aguas arriba —cuanto más eficazmente el agua salga limpia—, mayor será la carga de contaminantes conservativos que baje a la línea de fangos, y más concentrada viajará al campo después del secado.
La virtud en el efluente se paga en el lodo. No es un fallo del sistema: es su física. Una depuradora excelente en el agua es, por definición, una depuradora que produce un sólido cargado, y ese sólido, en Madrid, va mayoritariamente al suelo agrícola.
Falta saber si alguien mide esa carga antes de que llegue al campo, y con qué criterio decide que un lodo es apto o no. La respuesta —que existe un filtro, que funciona, y que mira una familia de sustancias distinta de la que estamos aumentando— es el capítulo quinto.
Pero antes hay que detenerse en el lugar donde ocurre casi todo esto, una sola instalación que es, a la vez, la joya energética de la serie anterior y el vertedero de esta. Loeches, y sus dos identidades, es el capítulo siguiente.
4. Loeches, dos identidades
En el artículo anterior, Loeches era la joya. El corazón energético del sistema, la instalación que ella sola produce casi cien gigavatios hora y de la que, junto con la EDAR Sur, sale más de la mitad de la electricidad que el Canal presenta como limpia. Esa identidad es cierta. Pero no es la única, y la segunda casi nunca aparece en las notas de prensa.
Para verla basta con leer el nombre completo con el que la instalación figura en su autorización ambiental: «planta de secado térmico y compostaje y vertedero de lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales». Tres funciones en una misma parcela, y la tercera es un vertedero.
La construyó una gran constructora en 2010, y hoy su explotación y mantenimiento —secado térmico, planta de compostaje y vertedero— se adjudican en un contrato superior a once millones de euros. No es, por tanto, un laboratorio de economía circular con una chimenea decorativa: es el nudo físico donde converge, se trata, se transforma y en parte se entierra el residuo sólido de la depuración madrileña. La misma dirección postal alberga el relato de la energía limpia y el del vertedero. Y ambos son verdad.
Conviene ser preciso con lo que ese vertedero recibe, porque aquí es fácil exagerar y perder la razón. No es un depósito de lodo tóxico. Sus celdas acogen residuos no peligrosos —mayoritariamente arenas, ramas y piedras procedentes de la mayor parte de las depuradoras del Canal—, con una capacidad de unas 20.000 toneladas anuales.
El lodo que no resulta apto para el campo —por su mayor contenido en metales pesados— no se entierra aquí: según el Plan de Gestión de Lodos, se destina preferentemente a valorización energética en instalaciones situadas fuera de la Comunidad de Madrid, previo secado en Loeches, y solo de forma puntual a depósito controlado. La distinción importa: el vertedero de Loeches es la salida de los inertes gruesos, no del fango contaminado.
Pero su existencia, y su inclusión en el mismo permiso que la cogeneración, dicen algo que el relato circular omite: que al final de toda economía circular hay siempre una celda donde algo deja de circular.
La magnitud de lo que converge en este punto es la que da la medida del asunto. El Canal gestiona hoy prácticamente todo el lodo de la región, y desde que asumió la EDAR Sur trata también los residuos de las ocho depuradoras de Madrid capital —de titularidad municipal pero gestionadas por la empresa pública—, que dan servicio a cuatro millones de habitantes y producen unas 220.000 toneladas de lodo al año.
Loeches y la EDAR Sur son los dos secaderos gemelos por los que pasa esa corriente, y son también, no por casualidad, los dos motores de gas del capítulo seis del artículo anterior. La instalación que seca el lodo es la que genera la electricidad, porque secar exige calor y el calor, de paso, mueve una turbina.
Y ahí está la costura que une los dos artículos. Los 207 gigavatios hora que abrían la serie sobre las iniciativas energéticas no existen a pesar del lodo, sino gracias a él: existen porque hay 415.000 toneladas que secar cada año, y secarlas produce corriente.
La electricidad que se celebra y el residuo que se calla son el mismo hecho contado desde dos lados. Quien exhibe el vatio limpio está exhibiendo, sin decirlo, la montaña de fango que lo genera. Falta saber qué se mide en esa montaña antes de repartirla por los campos, y con qué criterio se decide qué tonelada es apta y cuál no. Ese filtro —y la familia de sustancias que no mira— es el capítulo siguiente.
5. El filtro que mira otra cosa
Antes de que una tonelada de lodo llegue al campo, alguien decide si puede llegar. Existe un filtro de aptitud, y conviene decirlo con claridad porque es el punto donde el sistema tiene su mejor defensa: funciona. El lodo se analiza, se clasifica en apto y no apto, y el que no supera el examen no se esparce sobre el suelo. No estamos, por tanto, ante un vertido a ciegas. Estamos ante un cribado real, con norma, con laboratorio y con consecuencias. La pregunta no es si el filtro existe. La pregunta es qué mide.
Y lo que mide es una sola familia de sustancias: los metales pesados. El criterio lo fija el Real Decreto 1310/1990, que regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario y que transpone una directiva europea de 1986.
Su arquitectura entera gira en torno al metal: exige que el suelo receptor tenga una concentración de metales pesados por debajo de un umbral, que el lodo aplicado no exceda otros valores límite de metales, y que la cantidad vertida por hectárea y año no rebase unos topes de incorporación de metales, con análisis periódicos del fango en la fase de producción.
La norma se actualizó en 2022 dentro del real decreto de nutrición sostenible de los suelos agrarios, pero el eje no se movió: sigue siendo el metal pesado. Plomo, cadmio, mercurio, níquel, cinc, cobre, cromo. Esa es la lista que decide si un camión de lodo entra en un campo o no.
El filtro, además, hace su trabajo. El Plan de Gestión de Lodos establece que los lodos con mayor contenido en metales pesados, y por tanto no aptos para uso agrícola, se apartan de la vía agraria y se destinan preferentemente a valorización energética fuera de la Comunidad. Es decir: la barrera de metales existe, discrimina y desvía.
Nada que objetar a su diseño para el fin con el que se concibió en 1990, cuando el gran temor de un lodo era el metal pesado acumulándose en la cadena trófica. Ese peligro era real y la respuesta fue sensata.
El problema es que el examen no ha cambiado de temario en treinta y cinco años, y el contaminante sí ha cambiado de cara. En la lista de la que depende la aptitud no figuran los microplásticos. Tampoco los restos de fármacos. Ninguno de los dos se mide, ninguno de los dos veta un lodo, ninguno de los dos entra en la ecuación de cuántas toneladas por hectárea pueden aplicarse.
Y son, precisamente, las dos familias que todo lo analizado en esta serie apunta a que van a crecer en la línea de fangos: los microplásticos, porque cuanto mejor los retenga el agua más bajan al lodo; los fármacos, porque el tratamiento cuaternario que Europa va a exigir está diseñado para sacarlos del agua, y con carbón activo el destino de lo que se saca es, otra vez, el fango. La depuración del futuro va a cargar el lodo justamente de aquello que el filtro no mira.
De ahí el título del capítulo. El sistema mide con precisión de laboratorio el contaminante cuya presencia lleva décadas controlada en origen, y no mira los dos cuya carga la propia mejora de la depuración va a multiplicar.
No es que el cribado sea un fraude: es que apunta al peligro de ayer con una puntería excelente mientras el de mañana pasa por su lado sin que nadie lo pese. Un filtro diseñado en 1990 para vigilar una corriente de residuos que la nueva depuración europea está a punto de transformar. Y quien va a transformarla, obligando por fin a mirar lo que hoy no se mira, es Bruselas. Ese es el capítulo siete. Antes, en el seis, hay que hacer justicia a la otra parte: por qué, pese a todo, llevar el lodo al campo tiene razones sólidas y defensores con argumentos.
6. El sumidero agrícola, con sus razones
Sería fácil, a estas alturas del artículo, deslizarse hacia la denuncia: pintar el campo madrileño como el basurero encubierto de la depuración. Sería fácil y sería deshonesto, porque la aplicación agrícola del lodo tiene razones sólidas, defensores con argumentos y una lógica que, en su propio marco, es difícil de rebatir. Este capítulo las expone con toda su fuerza, porque un reproche solo vale si ha resistido antes al mejor alegato de la parte contraria.
Empecemos por el fósforo, que es el argumento más fuerte y el menos conocido. El fósforo es un nutriente insustituible para la agricultura y un recurso finito: España carece de yacimientos significativos de roca fosfórica y tiene que importar gran parte de la que necesita, con el inconveniente añadido de que esa roca arrastra su propia carga de metales pesados.
El agua residual, en cambio, llega cargada de fósforo, y recuperarlo en forma de estruvita es fabricar en casa un fertilizante estratégico que, de otro modo, se compraría fuera. No es un eslogan de folleto: es autonomía material. Cada tonelada de fósforo que vuelve al campo desde la depuradora es una tonelada que no hay que importar ni extraer de una mina.
Y funciona agronómicamente, no solo sobre el papel. Los ensayos del IMIDRA con cultivos de maíz constatan que la combinación de estruvita y lodo seco mejora las características fisicoquímicas del suelo y aumenta la producción de biomasa, con la ventaja añadida de una liberación lenta del fósforo que prolonga su efecto en el terreno.
El lodo deshidratado, más allá de la estruvita, se comporta como abono orgánico y aporta materia orgánica a unos suelos mediterráneos que suelen andar escasos de ella. En una región semiárida, devolver carbono orgánico a la tierra no es un detalle menor.
A eso se suma que no hablamos de un vertido crudo. El lodo que va al campo está higienizado —el secado térmico lo garantiza— y su aplicación está regulada desde hace más de tres décadas por el real decreto de lodos agrarios, que fija límites de metales, dosis por hectárea y análisis periódicos.
Existe control, existe trazabilidad y existe una barrera de aptitud que, como vimos, aparta el fango con más metales. Frente a este cuadro, la alternativa no es gratis: incinerar las 415.000 toneladas anuales tendría un coste económico y de emisiones considerable, y llevarlas al vertedero desperdiciaría el fósforo, el nitrógeno y la materia orgánica que contienen, además de consumir un espacio que no sobra. Quemar o enterrar no hace desaparecer el problema; solo lo traslada al aire y a las cenizas, o a una celda que se llena.
Aplicar al campo, dentro de sus reglas, es la opción que la Comunidad ha elegido, y su Plan de Gestión de Lodos la consagra como el destino de la gran mayoría del fango. Los defensores añaden, con razón, un último argumento: para los microplásticos en suelo agrícola no existe hoy ni umbral legal ni daño demostrado a las concentraciones que se detectan, de modo que prohibir por precaución sería legislar sobre una sospecha.
Todo lo anterior es cierto, y hay que sostenerlo sin reservas para que lo que sigue no suene a demagogia. Pero fíjate en un rasgo común a todos esos argumentos: fueron construidos para un lodo cuyo perfil de riesgo era el de los años ochenta —metales, patógenos, nutrientes mal gestionados— y guardan silencio sobre las dos familias que esta serie ha visto crecer, los microplásticos y los restos de fármacos.
El caso a favor de la valorización agrícola es impecable frente al lodo de 1990. Frente al lodo que la depuración de 2030 va a producir —más limpia en el agua, más cargada en el fango—, ese mismo caso no está ni ganado ni perdido: está sin examinar. La tesis defendible de este artículo no es que se estén envenenando los campos de Madrid, porque no hay dato que lo sostenga y afirmarlo destruiría toda la credibilidad acumulada.
La tesis es más incómoda y exacta: se está transfiriendo al suelo agrícola una carga creciente y no medida de sustancias que la normativa de lodos no contempla, y lo sabremos con números solo cuando alguien obligue a medirla.
Ese alguien tiene nombre y fecha. Es la Unión Europea, y su orden de empezar a mirar lo que hoy no se mira es el capítulo siguiente.
7. La orden que viene de Bruselas
Todo lo anterior describía un sistema en equilibrio: un filtro que mira los metales, un destino agrícola con razones, una carga creciente que nadie mide. Ese equilibrio se sostenía sobre una ausencia —la de una obligación de mirar lo que hoy no se mira—, y esa ausencia tiene los días contados. La Directiva (UE) 2024/3019 introduce, por primera vez, el mandato de vigilar en el lodo exactamente aquello que el real decreto de 1990 ignora.
La letra es precisa y conviene leerla despacio. Para toda aglomeración urbana de al menos 10.000 habitantes equivalentes, los Estados velarán por que se controle la presencia de microplásticos en los lodos cuando proceda y, en particular, cuando se reutilicen en la agricultura, con frecuencias tasadas: al menos dos muestras al año en las aglomeraciones de más de 150.000 habitantes equivalentes y una cada dos años en las de entre 10.000 y 150.000.
Y en su exposición de motivos la norma es aún más explícita sobre el punto que aquí importa: al reutilizar los lodos en la agricultura, debe prestarse especial atención a los microplásticos, para conocer su presencia y proteger el medio ambiente y la salud humana. No es una recomendación difusa: es una obligación de control con destinatario, umbral y calendario.
Repárese en la coincidencia exacta entre lo que Bruselas manda vigilar y lo que Madrid ha elegido hacer. La directiva enciende el foco sobre los microplásticos en los lodos que se reutilizan en agricultura; Madrid destina a la agricultura la gran mayoría de sus 415.000 toneladas de lodo. El mandato europeo cae, con puntería milimétrica, sobre el sumidero que el Plan de Gestión de Lodos consagra como mejor destino.
Un plan regional que dice «al campo» y una norma europea que dice «vigila lo que va al campo» apuntan al mismo camión desde direcciones opuestas. No es todavía una colisión —la directiva ordena medir, no prohibir—, pero es el primer paso del único itinerario por el que una sustancia pasa de invisible a limitada: primero se mide, después se compara, luego se regula. Bruselas acaba de dar el primero.
Y aquí aparece una trampa que agrava el asunto en lugar de resolverlo: la orden de medir llega antes que el instrumento para medir. El propio sector reconoce que falta una metodología armonizada para cuantificar microplásticos en matrices complejas como los lodos, un vacío que las nuevas normas europeas están apenas empezando a cubrir. Se obliga a pesar un contaminante para el que aún se está fabricando la báscula.
Eso significa que las primeras cifras tardarán, que serán discutibles y que, mientras tanto, el lodo seguirá saliendo hacia los campos sin un número que lo acompañe. La transposición española, además, no se completará hasta junio de 2027, de modo que hay una ventana de años entre la orden y su efecto real.
La directiva, para ser justos, no viene solo a vigilar: viene también a impulsar lo que Madrid ya hace bien. Fomenta la recuperación de fósforo de los lodos y las aguas residuales, y encomienda a la Comisión fijar antes de 2028 un índice mínimo de reutilización y reciclado de ese fósforo, en nombre de la autonomía estratégica frente a la industria de fertilizantes. La estruvita de Getafe está, por tanto, en el lado bueno de la norma.
Pero el fósforo y el microplástico viajan en el mismo fango, y la directiva pide a la vez recuperar lo uno y vigilar lo otro. Ese es el nudo que Madrid tendrá que desatar: cómo seguir devolviendo al campo el nutriente valioso sin devolver, sin medirlo, el contaminante que lo acompaña. La norma manda las dos cosas; separarlas es el problema de ingeniería —y de decisión— que nadie ha planteado aún en voz alta. Ese silencio es el último capítulo.
8. La pregunta sin respuesta
Este artículo empezó con una cifra que se puede pesar —415.000 toneladas— y termina con algo que todavía no se puede: el número que dirá cuánto microplástico y cuánto fármaco viajan cada año, dentro de ese fango, hasta los campos de la Comunidad.
Ese número no existe. No porque nadie lo haya escondido, sino porque nadie lo ha medido aún, y ese vacío —no una cifra alarmante, sino la ausencia de cualquier cifra— es la conclusión honesta de todo lo anterior.
Hay dos preguntas que ese vacío deja abiertas, y las dos tienen destinatario. La primera es la más pequeña y la más reveladora, y ya la formulamos en el artículo anterior: qué se hace con el microplástico que el piloto de captación magnética de Móstoles retira del agua.
La nota oficial subraya que el captador es reutilizable y habla de «residuo cero», pero no dice una sola palabra sobre el destino de las partículas retiradas. El documento consultado no lo especifica; una posibilidad técnicamente plausible —por eliminación, la más verosímil— es que terminen en la línea de fangos, aunque no puede afirmarse sin una respuesta del operador. De confirmarse, el sistema estaría retirando el microplástico del agua para reintroducirlo, concentrado, en el lodo que va al campo: lo que sale del río entraría en el suelo. Merece una respuesta por escrito, y hasta hoy no la tiene.
La segunda es de tecnología, y decide dónde acabará el contaminante del futuro. Cuando llegue el tratamiento cuaternario que Europa exige, el Canal tendrá que elegir entre dos caminos cuya tendencia principal apunta a sumideros distintos.
Con carbón activo, el microcontaminante farmacéutico se adsorbe y el carbón agotado tiende a descender a la línea de fangos: más carga hacia el campo. Con ozono, buena parte de la molécula no se retira, sino que se rompe, y sus productos de transformación siguen en el efluente camino del río.
En la práctica los dos sistemas pueden combinarse y generar corrientes residuales mixtas, pero el riesgo de diseño es nítido: son dos formas legales de cumplir la misma norma que, según cuál se elija, descargan el residuo sobre medios distintos —el suelo o el agua—, y la directiva no elige entre ellas. Elegirá Madrid, y de esa elección técnica, tomada probablemente en un pliego de contratación que nadie leerá, dependerá qué río y qué campo cargan con el residuo. No es una decisión menor disfrazada de detalle.
Y por encima de las dos, una pregunta de método sin la cual las demás no se pueden ni empezar a responder. Toda la contabilidad de este artículo se apoya en toneladas de materia húmeda, que dependen de la humedad y no son comparables entre plantas ni entre años.
La serie que de verdad haría falta —la de materia seca, planta por planta y año por año— no está publicada. Y con ella, la pregunta que quedó pendiente en el primer capítulo: por qué la producción de lodo se ha mantenido estable entre 2016 y 2023 pese al aumento de población, y si esa estabilidad se sostendrá cuando la depuración mejore, el cuaternario entre en servicio y la región se acerque a los ocho millones.
Porque si depurar mejor concentra el lodo, es perfectamente posible que las toneladas no crezcan mientras la carga de contaminantes por tonelada sí lo haga. Menos camiones, más carga por tonelada. Nadie ha proyectado ese escenario, y es el que de verdad importa.
De modo que el balance de masas que esta serie perseguía desde el principio se cierra con una advertencia que vale para todo lo demás: en el ciclo del agua, «eliminar» casi nunca significa destruir. El microplástico se traslada del agua al lodo y del lodo al suelo.
El fármaco que el ozono ataca no desaparece: se transforma en subproductos cuyo rastro apenas se sigue. El carbón activo adsorbe, pero después hay que regenerarlo o quemarlo. Solo la vía de la cementera y la incineración no devuelven el sólido al suelo —mineralizan la materia orgánica y rompen buena parte de sus moléculas, aunque los metales queden en las cenizas—, y esa vía es, en Madrid, en torno al uno por ciento del lodo.
El otro noventa y nueve regresa al suelo o a la restauración. Lo que una depuradora hace, en el fondo, no es hacer desaparecer la contaminación: es decidir en qué medio la deposita. Y esa decisión —hoy, mayoritariamente, el suelo agrícola— se toma sin medir lo que en ese suelo se deposita.
No hace falta un veredicto para cerrar. Basta la pregunta, sostenida con toda la firmeza que permiten los datos y ni un milímetro más: ¿está dispuesta la Comunidad de Madrid a seguir devolviendo al campo la gran mayoría de su lodo sin medir antes lo que ese lodo lleva dentro,justo cuando Europa le ordena empezar a medirlo? El día que exista la respuesta, existirá también el número que a esteartículole falta. Hasta entonces, lo único que puede afirmarse sin faltar a la verdad es lo que da título a estas páginas: que lo que separamos del agua no se destruye. Cambia de sitio. Y hemos elegido, sin mirarlo, que ese sitio sea la tierra que nos da de comer.
- Pie de foto: La consejera de Medio Ambiente Pilar Martín en un control de residuos de de la depuración de aguas en Madrid en 2022
