Líderes del movimiento asociativo de Madrid se han entrevistado hoy con el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, para instar una investigación sobre la situación sociosanitaria en la Comunidad Autónoma, al acumularse datos sobre la responsabilidad del gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la falta de recursos públicos en la atención primaria, y sobre la desviación de fondos públicos para la gestión privada de la pandemia por la COVID-19.

En un documento entregado a Fernández Marugán se pide revisar la gestión de la pandemia que está desarrollando el gobierno regional de Madrid, especialmente en lo relativo al coste y funcionamiento del hospital de campaña Isabel Zendal, con la derivación obligada de pacientes y personal sanitario procedentes de otros hospitales; sobre la contratación de entidades privadas para la campaña de vacunación, obviando la capacidad y disposición del sistema público para llevar a cabo dicha campaña; sobre la contratación insuficiente de personal sanitario y no sanitario para el funcionamiento óptimo de los centros de Atención Primaria, esenciales en la prevención y seguimiento de la pandemia; o sobre el cierre desde el inicio de la pandemia de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP). 

Se solicita también su intervención en la supervisión del destino de los fondos especiales que el Gobierno de España ha transferido a la Comunidad de Madrid para el combate de la COVID-19, para que se proceda a controlar esos fondos con total trasparencia y acceso público a la información de las partidas que se han entregado y entregarán que, a su vez, no deberían ser de uso discrecional sino tener un carácter finalista previamente acordado.

Las organizaciones sostienen que la ciudadanía madrileña está «sufriendo sin duda el mayor ataque a la salud individual y colectiva» que se evidencia en un número muy elevado de muertes por causa directa del virus, que «se añaden a las producidas por la falta de seguimiento correcto de otros procesos de enfermedad que no se atienden con la debida prontitud».

Se le ha hecho saber a Fernández Marugán que existe la certidumbre de que «el gobierno de Díaz Ayuso no está gestionando la pandemia con esos criterios, sino que está sirviendo como argumento para derivar al sector privado los recursos económicos extraordinarios que los estados están aportando para intentar acabar con esta tragedia colectiva». 

Y apuntan que esa derivación de dinero público al sector privado, con el consecuente debilitamiento de la sanidad pública, se está llevando a cabo bajo el paraguas de la pandemia de dos maneras:

Una de ellas mediante la ejecución de obras absolutamente innecesarias y muy costosas del que ponen como ejemplo más evidente el hospital de campaña Isabel Zendal; y una administración deficiente de recursos públicos en beneficio de empresas constructoras privadas.

La segunda, la derivación de dinero público al sector privado en dejación de las funciones que tienen que desarrollar los centros sanitarios, al remitir esas actividades al sector privado, con ejemplos muy graves en la campaña de vacunación y en el alquiler de camas y ucis en hospitales de la sanidad privada. 

La representación social le ha recordado a Fernández Marugán que la gestión sanitaria del gobierno de Díaz Ayuso sigue los pasos de la llevada a cabo por los gobiernos de Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes, todos ellos investigados por la presunta comisión de graves delitos en forma de adjudicación de los contratos por vía de emergencia, y usando actualmente la pandemia como excusa, para eludir la obligada publicidad y concurrencia que las contrataciones públicas deben cumplir. 

A la reunión de hoy con el Defensor del Pueblo han acudido tres representantes en nombre de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), Asociación Madrileña de Enfermería (AME), Comisiones Obreras (CC.OO. Madrid), Confederación General del Trabajo (CGT), CSIT-Unión Profesional, Derecho a Morir Dignamente (DMD Madrid), Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Juntxs por la Pública, Movimiento Asambleario de Trabajadores/as de Sanidad (MATS), Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid-Marea Blanca (MEDSAP-Marea Blanca), Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFH), Plataforma Centros de Salud, [email protected] [email protected], Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETESS), SummAT (sindicato asambleario de los trabajadores del Summa 112) y Unión General de Trabajadores (UGT Madrid). 

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