Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han liberado a 1794 personas víctimas de trata y explotación en lo que va de 2024, según los datos hechos públicos por el Ministerio del Interior a través del portal de La Moncloa.
La cifra evidencia la magnitud del problema y el esfuerzo continuado por parte del Estado para combatir esta grave violación de los derechos humanos.
Más de un centenar de grupos criminales desmantelados
Durante 2024, la Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado un total de 114 organizaciones criminales dedicadas a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral, así como a la explotación de menores o personas en situación de vulnerabilidad.
Según el comunicado del Ministerio del Interior, se llevaron a cabo más de 1600 inspecciones en lugares de riesgo, lo que permitió detectar redes delictivas organizadas que operaban tanto dentro del territorio nacional como en coordinación con estructuras internacionales.
En muchos casos, las víctimas eran trasladadas a España desde países de América Latina, Europa del Este, África o Asia mediante engaños o amenazas.
Un delito invisibilizado pero persistente
Pese al volumen de operaciones policiales, la trata de seres humanos sigue siendo un delito con un alto grado de invisibilidad. Las víctimas, muchas veces, no se reconocen como tales por miedo, desconocimiento o dependencia emocional y económica respecto a sus explotadores.
Las modalidades detectadas incluyen:
- Trata con fines de explotación sexual, especialmente en clubs, pisos, polígonos industriales y zonas rurales.
- Trata laboral, en sectores como el campo, la construcción, la hostelería o el trabajo doméstico.
- Trata de menores, a menudo invisibilizada, que afecta a adolescentes captados a través de redes sociales.
- Matrimonios forzados o servidumbre en comunidades cerradas.
El papel de las víctimas: de la explotación al silencio
El informe reconoce la complejidad de las actuaciones policiales debido a la reticencia de muchas víctimas a colaborar. «Las amenazas, la coacción psicológica y las deudas impuestas por los tratantes dificultan que las víctimas denuncien su situación», explica el documento.
Para mitigar esta barrera, el Ministerio del Interior ha reforzado los equipos de atención especializada, formado por unidades policiales de trata y coordinadas con servicios sociales, casas de acogida y organizaciones no gubernamentales.
Iniciativas y planes institucionales
El Gobierno ha recordado que el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023, actualmente en proceso de revisión y ampliación, ha sido una de las herramientas clave en la respuesta institucional.
Entre sus ejes principales destacan:
- Prevención y sensibilización, con campañas públicas y acciones educativas.
- Protección y asistencia integral a las víctimas, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
- Persecución del delito, con refuerzo de medios y cooperación internacional.
- Formación especializada, dirigida a profesionales de la seguridad, justicia, salud y servicios sociales.
Además, el Ejecutivo ha anunciado que se encuentra en fase avanzada la elaboración de una Ley Integral contra la Trata, cuya aprobación está prevista para finales de 2025.
Colaboración con organizaciones sociales
La lucha contra la trata no sería posible sin la colaboración de organizaciones como APRAMP, Médicos del Mundo, Proyecto Esperanza, Fundación Amaranta, CEAR, Cáritas o Cruz Roja, que trabajan directamente con las víctimas proporcionando refugio, atención sanitaria, asistencia legal y programas de inserción.
«El acompañamiento psicológico y jurídico es vital para que las víctimas rompan el círculo de explotación», afirma Rocío Mora, directora de APRAMP. «Sin recursos de emergencia ni seguridad, muchas mujeres regresan a las redes de trata».
Europa y España: un fenómeno transnacional
La dimensión transnacional del delito obliga a trabajar en red con Europol, Interpol y agencias especializadas. Según datos recientes, España es país de destino, tránsito y, en menor medida, origen de víctimas de trata, lo que la sitúa como actor relevante en la lucha europea contra estas mafias.
La cooperación con países emisores de víctimas y con instituciones como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) se ha reforzado en los últimos meses.
Necesidad de un enfoque más ambicioso
Diversas entidades sociales reclaman una respuesta más ambiciosa por parte del Estado. La ausencia de una ley integral, los retrasos en la protección efectiva o el carácter todavía policial y no humanitario de muchas actuaciones generan críticas entre las asociaciones defensoras de los derechos humanos.
Para organizaciones feministas y de derechos civiles, la trata es también un reflejo de desigualdades estructurales como el racismo, el patriarcado o la falta de vías legales de migración.
Hacia un Observatorio Autonómico de la Trata
Una propuesta innovadora que han comenzado a plantear algunos colectivos consiste en la creación de observatorios autonómicos de trata y explotación, que permitirían descentralizar la respuesta institucional, adaptar los recursos a la realidad local y mejorar la detección temprana en barrios, polígonos industriales o zonas rurales donde proliferan estos delitos.
Estas plataformas podrían integrar a:
- Policías locales.
- Centros de salud.
- Servicios sociales.
- Institutos de educación secundaria.
- Oenegés territoriales.
- Delegaciones de igualdad o extranjería.
De esta manera, se promovería una vigilancia preventiva y comunitaria, que complemente la actuación policial con una estrategia integral de derechos humanos desde el territorio.
