La controversia de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS)
Uno de los hechos más graves denunciados por la Cámara de Cuentas y difundidos por los medios de comunicación es la transferencia de 61,5 millones de euros desde la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) hacia el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) con el fin específico de pagar una deuda con Quirón.
Esta operación contable ha sido calificada como un «trasvase de recursos de los más vulnerables hacia el beneficio privado».
El mecanismo de la transferencia
La transferencia se originó a partir de fondos que estaban destinados inicialmente a la gestión de las residencias públicas de mayores.
El Consejo de Gobierno ordenó destinar estos 61,5 millones de euros a abonar a la Fundación Jiménez Díaz los costes de la actividad de «libre elección» del ejercicio 2021.
El argumento oficial de la Consejería de Sanidad es que se trata de un uso legítimo de «créditos no gastados» amparado por la Ley de Hacienda.
Sin embargo, la auditoría revela que este remanente de tesorería no se debió a un exceso de recursos en las residencias, sino a una parálisis sistémica en la inversión social.
En 2024, el AMAS disponía de más de 77 millones de euros presupuestados para inversiones en residencias públicas; de esa cantidad, apenas ejecutó 30 millones, lo que representa solo el 39% de lo previsto.
| Presupuesto AMAS Inversiones 2024 | Cuantía (Millones €) | Porcentaje de Ejecución |
| Crédito Disponible | 77,5 M€ | 100% |
| Gasto Ejecutado Real | 30,2 M€ | 39% |
| Fondos Desviados a Deuda Quirón | 61,5 M€ | – |
Este estriptis contable muestra que el Gobierno regional permitió el deterioro de las infraestructuras de las residencias —en un contexto donde el sistema público mantiene a miles de personas en lista de espera— para priorizar el pago a un grupo sanitario privado.
Repercusiones en la calidad del Servicio Residencial
Las consecuencias de esta política de desvío de fondos han sido señaladas por sindicatos y asociaciones de familiares.
El sindicato MATS y la Asociación 7291 Verdad y Justicia han denunciado que mientras el dinero «vuela» hacia Quirón, las residencias del AMAS sufren una asfixia presupuestaria que impide contratar coberturas para bajas, cubrir vacantes o garantizar condiciones laborales dignas.
La falta de inversión en mantenimiento y personal repercute directamente en el bienestar de los residentes, cronificando un modelo que ya fue duramente cuestionado durante la pandemia.
La oposición parlamentaria ha sido tajante al respecto. El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha acusado a Ayuso de quitar recursos a las residencias «donde murieron 7291 personas de manera indigna» para favorecer a grupos privados vinculados a su entorno.
El caso de la condonación de 71 millones: Acción del Tribunal de Cuentas
En febrero de 2026, el debate sobre las transferencias a Quirón alcanzó una nueva dimensión judicial. El Tribunal de Cuentas admitió a trámite una denuncia del PSOE por el presunto perdón de una deuda de 71,6 millones de euros a favor de Quirónsalud y Ribera Salud.
El «Flujo inverso» no facturado
La investigación se centra en el sistema de facturación por derivación de pacientes. El modelo de concesión establece que si el hospital privado capta pacientes de la red pública, cobra por ello «a precio de oro».
Sin embargo, si un paciente adscrito al hospital privado es atendido en un hospital público de gestión directa (por complejidad del caso o urgencia), la empresa privada no debe pagar a la administración el coste de ese servicio.
Un informe interno de la Consejería de Sanidad reveló que el Gobierno de Madrid dejó de facturar más de 71 millones de euros por estos servicios prestados por la sanidad pública a pacientes de las concesionarias. La justificación administrativa ofrecida fue «no encontrar documentación de la actividad clínica» suficiente para emitir las facturas.
Irregularidades en la trazabilidad
Esta excusa ha sido duramente rebatida por los técnicos y la oposición.
En un sistema digitalizado como el madrileño, la trazabilidad de los pacientes está garantizada a través del sistema Horus, la historia clínica electrónica y múltiples registros de inspección sanitaria.
El Tribunal de Cuentas ha abierto una «pieza de acción pública» para investigar este posible menoscabo de fondos públicos, lo que podría derivar en la exigencia de responsabilidad contable individualizada a los altos cargos que permitieron esta supuesta condonación.
La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha calificado este hecho como una muestra del «modelo parasitario» de la región: «Cuando la privada capta pacientes, cobra; cuando los pierde, al gobierno de Ayuso se le olvida facturar».
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