Las profesiones sanitarias, sociosanitarias y cuidados en general son sectores altamente feminizados, por eso durante esta pandemia generada por el SARS-CoV-2 les ha puesto en primera línea para combatirla, poniendo de manifiesto algo que ya veníamos diciendo desde la crisis del 2008: los recortes en sanidad y servicios sociales, precariedad en el empleo y la escasez tanto de recursos materiales y técnicos, como de personal.
En sanidad, aproximadamente el 75 por ciento del personal sanitario son mujeres, aumentando en enfermería, técnicas, TCAE , lavandería, cocina o limpieza en general, pero también en los profesionales de medicina, que va se va incrementando del 50 por ciento a al 68 por ciento en las promociones jóvenes que se van incorporando, según datos de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (@FADSPU)
Esto mismo pasa con otras profesiones sanitarias, como farmacia, aproximadamente un 75-80 por ciento, o las trabajadoras dedicadas a los cuidados en residencias y de grandes dependientes,que alcanzan el 84 por ciento.
Pero feminización no es lo mismo que igualdad, hay también en este sector un techo de cristal, los puestos directivos siguen siendo mayoritariamente ocupados por hombres (un 80 por ciento frente al 20 por ciento las mujeres).
Los periodos dedicados por la mayoría de las mujeres a la maternidad o cuidados de hijos y mayores suelen coincidir justo cuando se podrían plantear una promoción en este sentido, al finalizar los largos años dedicados a la formación (MIR, EIR, doctorado)
La maternidad y el tiempo dedicado a los cuidados no deberían ser un obstáculo, ni un problema para las administraciones. Estas deberían tenerlo en cuenta para la provisión de plazas, unido a políticas de corresponsabilidad de hombres y mujeres, para que no sean las mujeres siempre las que tengan que conciliar. Profesionalidad y cuidados solo será compatible cuando haya un reparto equitativo de las cargas familiares y domesticas entre mujeres y hombres.
Paralelamente, hay una brecha salarial aproximadamente de unos diez mil euros al año en palabras del exministro Illa para las médicas, también para el resto de profesionales. No porque los salarios sean diferentes entre hombres y mujeres, sino por la dificultad de acceso a otros puestos mejor remunerados y a complementos.
Son las profesionales sanitarias quienes atienden en primera instancia a mujeres que han sufrido violencia de género y en algunos casos con déficit de formación o protocolos no actualizados.
Por ello:
- Debe evitarse la brecha salarial, con programas de promoción y equidad, favoreciendo la igualdad de oportunidades para acceder a determinados puestos.
- Eliminar la precariedad laboral y las contrataciones precarias, reponiendo las plantillas y convocando las plazas no solo de reposición, sino las de incremento anual pactadas y no cubiertas.
- Potenciar y facilitar el acceso a los servicios de salud mental no solo a personas enfermas, también a las y los profesionales sanitarios y sociosanitarios.
- Material de prevención para todas las trabajadoras y trabajadores sanitarios y sociosanitarios independientemente de su categoría profesional y en contacto con personas de riesgo.
- Actualización continuada de los protocolos en violencia de género, así como la formación de las y los profesionales para detectar y atender adecuadamente la violencia de género.
- Eliminación de las patentes farmacológicas y creación de un sistema farmacéutico público.
La FADSPU se manifiesta en conclusión por una sanidad pública, universal y de calidad, donde no quede ninguna mujer y ningún hombre fuera del Sistema Sanitario Público, en el que se debe revertir la lógica del beneficio sobre los cuidados, poniendo los cuidados y las personas en el centro de su actividad.