Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura, (Unesc), ha analizado la exclusión educativa que ha repuntado durante la pandemia de la COVID-19.
El informe 2020 de monitoreo de la Educación Global ha determinado que los países con ingresos medios o bajos, no han podido apoyar de forma alguna a los alumnos que se han visto desfavorecidos durante el cierre temporal de las escuelas. Entre lo más acusado, figura el nulo acceso a internet, la falta de recursos en las casas y la poca o nula situación para estudiar.
Los alarmantes datos hacen constar que el cuarenta por ciento de los países empobrecidos no han dado apoyo alguno a los alumnos desfavorecidos a lo largo de esta pandemia y no se ha garantizado la plena inclusión del alumnado en muchos países.
Por ello y por tanto, Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO ha advertido que en el cuarto informe anual de la UNESCO se puede ver cómo hay que repensar la educación para que esta sea más inclusiva y que no se amplien de cara al futuro las desigualdades entre los niños de determinados países dado que esto, obstaculizará el desarrollo de los países en un futuro próximo.
La pandemia por la COVID-19 ha incidido en los estudiante más pobres y ha acentuado que doscientos cincuenta y ocho millones de jóvenes de todo el mundo que no estaban escolarizados ya antes de la crisis sanitaria permanezcan en una situación vulnerable frente a otros niños de otros países menos empobrecidos.
La falta de contacto con sus iguales; con el profesorado; el nulo acceso a Internet; la carencia de televisión o radio, entre otras cosas, ha hecho que se cuestione de nuevo la alfabetización de la sociedad o la comunicación dado que tan solo el doce por ciento de los hogares de los países empobrecidos tiene acceso a internet en su domicilio.
La pérdida de aprendizaje sumada a la presión que tienen los menores cuando en sus hogares no hay nada más que una cultura basada en comer para sobrevivir, ha generado que los niños y jóvenes sean presionados para dejar la escuela y obtener ingresos rápidamente.
Respecto a la inclusión en la educación, según la Agencia Europea para las Necesidades Especiales y la Educación Inclusiva, poco menos del veinte por ciento de los niños con discapacidad se encuentran en escuelas especiales en España.
«Teniendo en cuenta que solo el 3 % de los estudiantes en España están identificados con necesidades especiales, el 0,5 % de ellos se encuentran en escuelas especiales. Sin embargo, los países han ido fortaleciendo gradualmente su compromiso de garantizar que todos los niños reciban educación en su escuela ordinaria. Por lo tanto, España también debe dar ese paso adicional”, añade el director del informe. El concepto de educación inclusiva comenzó en España, con la Declaración y Marco de Acción de la Conferencia Mundial de Educación para Necesidades Especiales de 1994 en Salamanca y fue en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, en donde se valoró el derecho a una educación inclusiva como obligación internacional para proteger al estudiante.
Desde 2019, el Comité reiteró que deben adoptarse “medidas para considerar la educación inclusiva como un derecho y conceder a todos los estudiantes con discapacidad, independientemente de sus características personales, el derecho a acceder a oportunidades de aprendizaje inclusivo en el sistema educativo general, con acceso a los servicios de apoyo según sea necesario”.
De igual forma, el informe de la UNESCO ha destacado que los libros de texto en España no son representativos de los grupos sociales porque omite o tergiversan estos. En todo caso, señalan que la ley debe exigir la inclusión y que las escuelas además de la educación formal, incluyan para educar a los niños a un equipo multidisciplinar en donde un psicólogo, un consejo pedagógico además de los maestros apoyen y fomenten el aprendizaje, la inclusión y la dinamización de los menores.
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