La UGT exige atención presencial en las oficinas dependientes de la Administración General del Estado (AGE) sin cita para los mayores de 65 años y que se amplíe la atención para otros colectivos, en especial, personas afectadas por la brecha digital, al constatar que esa disposición del Gobierno en las oficinas de la Seguridad Social.

El 26 de mayo de 2022 se publicó en el BOE la «Orden PCM/466/2022, de 25 de mayo» que indica: «… El Ministerio de Hacienda y Función Pública, sin perjuicio de las medidas que se detallan a continuación, reforzará la atención presencial en las oficinas de la Administración General del Estado y del sector público institucional estatal en las que será preferente la atención a las personas mayores de 65 años, sin necesidad de cita previa, mediante la elaboración de Planes de refuerzo de la atención presencial»

La UGT sostiene que, a fecha de hoy, si una persona de más de 65 años se dirige a una oficina de la Tesorería de la SS, o del INSS (dependientes de la Administración General del Estado), se encontrará con la puerta cerrada, y se le indicará que tiene que pedir cita previa (en el caso del INSS) o concertada (En el caso de la TGSS, previa petición telemática explicando el motivo, y a criterio de la administración).

La iniciativa que plasmó el Gobierno de España en su acuerdo de Consejo de Ministros está, después de más de seis meses, sin desarrollar, y la UGT ha informado de esta situación reiteradamente en la Comisión Ejecutiva provincial del INSS, mediante su representante en este órgano.

«Es frustrante para cualquier ciudadano encontrarse con la puerta de la administración cerrada, pero en el caso de los mayores de 65 años, además tienen un derecho reconocido que no se está cumpliendo», señalan desde UGT Madrid, desde donde han enviado sendas cartas a las direcciones provinciales de la TGSS y del INSS para que se dé cumplimiento a la iniciativa del Gobierno de España.

Igualmente, se ha pedido que se refuerce la atención presencial en general en las oficinas dependientes de la Administración General del Estado a más colectivos, incluidas las personas afectadas por la brecha digital.

El sindicato concluye que «la frustración de no ser atendidos por la administración se traduce en desconfianza hacia las instituciones. Sin detrimento de que la relación con las administraciones deba tender a ser digital, no podemos olvidar que hay personas que no pueden hacerlo de esta manera».

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