Lo que denuncia CCOO
Sobre esa base epidemiológica se monta la denuncia sindical, que aporta lo que los boletines no dan: los nombres de los centros y el mecanismo. En su comunicado del 21 de mayo de 2026, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Madrid sitúa los dos últimos brotes en sendas residencias de Pozuelo de Alarcón y Carabanchel, denuncia que alguna de ellas ha sido sancionada por la Inspección de Trabajo por saltarse el protocolo, y traza la cadena causal: la sarna se transmite por contacto directo y prolongado, pero también por vehículos contaminados —lencería de cama, ropa de residentes, uniformes de trabajadores—, y ese lavado exige un espacio controlado que, sostiene el sindicato, no se garantiza cuando se recorta el personal de limpieza y lavandería.
En su lectura, son motivos económicos los que ponen en riesgo a la vez a residentes y a plantillas.
El sindicato inscribe esa denuncia puntual en un cambio normativo de fondo que ya había advertido meses antes. En agosto de 2025 alertó de que el Acuerdo Marco 2026 para la gestión de plazas concertadas, dependiente de la Consejería de Familia, Asuntos Sociales y Juventud, suprime las ratios mínimas de personal de limpieza, cocina y mantenimiento que regían desde 2021. Hasta ahora, las empresas debían garantizar al menos cinco trabajadores de limpieza al día por cada cien residentes, además de una ratio de 0,15 para mantenimiento y cocina. A partir de la entrada en vigor del nuevo acuerdo, esa proporción desaparece: ningún número obliga ya a nadie.
La respuesta institucional
Aquí conviene ser preciso, porque es la parte que suele faltar y la que más se presta al equívoco. No consta una réplica pública y específica de la Consejería de Sanidad a la nota de CCOO de mayo de 2026. La posición institucional documentada procede de la Consejería de Familia, Asuntos Sociales y Juventud —la competente sobre las plazas residenciales— y se formuló al hilo de la polémica por el Acuerdo Marco, en agosto de 2025. Es la referencia vigente mientras la Administración no diga otra cosa.
En esa respuesta, recogida por elDiario.es y otros medios, la Consejería resta gravedad al asunto: sostiene que los brotes son «casos aislados» que «se detectan todos los años en todas las regiones» y niega que guarden relación alguna con la gestión, el personal o los protocolos de limpieza. Afirma que la situación está «completamente controlada» y que se actúa desde el primer momento en coordinación con Salud Pública.
Sobre la supresión de ratios, replica que sus mecanismos de control son más exigentes que la media nacional: pliegos que detallan la limpieza diaria, certificaciones de calidad en vigor, planes de contingencia con protocolos de desinfección e inventario de material, y un mínimo de dos inspecciones anuales por centro, más auditorías y visitas técnicas.
Hay que dar por bueno que la Comunidad dispone, además, de un Protocolo de medidas de prevención de la transmisión de microorganismos en los centros residenciales actualizado en 2025 y de un protocolo específico de actuación frente a la escabiosis. El armazón normativo existe. La discusión no es si hay reglas, sino cuáles pueden verificarse.
El nudo: de una regla que se contaba a una regla que se describe
Y ahí está el punto que un análisis de la gobernabilidad debe subrayar por encima del titular sanitario. La objeción de fondo de CCOO no es que desaparezca la limpieza, sino que desaparece el número: al eliminarse la ratio mínima, los técnicos de inspección ya no podrán sancionar un déficit de plantilla, sencillamente porque no existirá una norma que exija expresamente un mínimo de personas.
Se sustituye una obligación cuantitativa y comprobable —cinco limpiadoras por cada cien camas, algo que un inspector cuenta en una mañana— por un estándar cualitativo —«limpieza diaria detallada», «planes de contingencia»— cuyo cumplimiento es mucho más difícil de medir y, por tanto, de sancionar. La Administración conserva la potestad de inspeccionar, pero pierde la vara con la que medía.
Ese es el salto de escala que interesa: no un brote, sino el cambio en la regla que hace que el próximo brote sea más difícil de imputar a nadie. La sarna, endémica y estacional, seguirá apareciendo en las residencias con calor y con hacinamiento haga lo que haga la Comunidad.
Lo que 2026 añade no es tanto una epidemia nueva —la curva viene de lejos— como la coincidencia entre una tendencia al alza bien documentada en los boletines oficiales y la retirada del único indicador que permitía atar la higiene a una cifra exigible. Que la enfermedad se invocara estos días para pedir el confinamiento de una ciudad fronteriza, mientras se desregulaba en silencio la limpieza de las residencias donde de verdad se concentra, no es la menor de las ironías del expediente.
Nota: María Victoria Zunzunegui Pastor
Nacida en Bogotá en 1951, en una familia de emigrantes españoles, María Victoria Zunzunegui Pastor es epidemióloga y una de las mayores especialistas en los determinantes sociales del envejecimiento.
Licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense, máster en Bioestadística y doctora en Epidemiología por la Universidad de California en Berkeley —adonde llegó con una beca Fulbright—, fue catedrática de Epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal entre 1999 y 2016, institución de la que sigue siendo profesora honoraria.
Su obra, con más de doscientas publicaciones y el estudio longitudinal «Envejecer en Leganés» como referencia, aborda siempre la salud desde una perspectiva de género y de trayectoria vital.
Lo que la convierte en fuente pertinente para este expediente no es solo el currículo, sino su foco actual: la mortalidad de la COVID en las residencias madrileñas y la precariedad de sus trabajadoras. Forma parte de la Comisión Ciudadana sobre las consecuencias de la pandemia en los centros sociosanitarios de Madrid, impulsada por asociaciones de familiares.
Ese trabajo la llevó a un episodio que ilumina el propio artículo: el Gobierno de Ayuso la vetó en la Asamblea de Madrid cuando la oposición la llamó a comparecer sobre la gestión de las residencias durante la covid. En 2025, la Universidad Permanente (UNATE) la nombró magíster senior honoris causa, con una laudatio que la definió como «una de las mayores expertas a nivel mundial en longevidad saludable».
Su autoridad, en suma, se apoya en décadas de investigación sobre exactamente el terreno —los mayores institucionalizados— en el que la sarna se ceba.
Fuentes oficiales
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid: Vigilancia Epidemiológica e informes epidemiológicos semanales —semana 19, semana 22—; Boletín Epidemiológico y Boletín Nº 2, Vol. 29 (febrero de 2024); Protocolo de prevención en centros residenciales (2025). Federación de Sanidad de CCOO Madrid: notas de mayo de 2026 y agosto de 2025.
Lecturas relacionadas en AquíMadrid
- Juzgados reactivan la investigación por las 7291 muertes por covid en residencias de Madrid
- Representantes sociales reclaman justicia por los 7291 fallecidos en residencias de Madrid
Fuentes no oficiales (prensa)
- El Plural, «La sarna, una epidemia que se multiplica en las residencias de Ayuso» (26 de agosto de 2026), de donde proceden las declaraciones de Feijóo, García y Ayuso y las de la epidemióloga María Zunzunegui, así como la lectura de la serie semanal.
- elDiario.es, «Madrid elimina la ratio mínima de limpieza en residencias pese a la existencia de brotes de sarna y chinches» (agosto de 2025), con la respuesta de la Consejería de Familia y la objeción sobre la inspección.
- Capital.es, «La sarna resurge en las residencias madrileñas en un contexto de recortes de personal» (agosto de 2025).
- Infobae, «Madrid elimina las ratios mínimas de personal de limpieza en las residencias pese a seis brotes de sarna y chinches» (7 de agosto de 2025).
- Fundación iO, «Datos de escabiosis (sarna) en la Comunidad de Madrid» (marzo de 2024), sobre el carácter no obligatorio de la declaración individual y la definición de brote.
