Dos comunidades autónomas muy significativas tienen elecciones antes de las europeas. En ambas la sanidad pública sigue sufriendo un proceso agudo de recortes y de privatización. Tal situación se está agravando.
Son problemas estructurales en la sanidad de toda España. Pero en Catalunya y Euskadi están especialmente agudizados, siendo autonomías ricas en términos de Producto Interior Bruto (PIB).
Cataluña, líder en recortes y en gasto
Cataluña solo tiene 7,2 profesionales sanitarios públicos por cada mil habitantes. Y, simultáneamente, es la autonomía que más porcentaje de dinero público desvía a la sanidad privada mediante los conciertos, un veinticuatro por ciento. El resultado es la falta profesionales en la sanidad pública. Lo que se agudiza en la Atención Primaria con el retraso para ser atendido; y que se prolonga con las listas de espera en las pruebas diagnósticas y la atención especializada.
Ese 7,2 por mil habitantes de personal sanitario sitúa a Cataluña a la cabeza de la escasez, seguida a distancia por la Comunidad Valenciana, Madrid y la Rioja que no llegan al 15 por mil; y sólo alcanzan los 20 por mil Aragón, Asturias, Canarias, Navarra y País Vasco. Ese 7,2 significa que Cataluña contaba hace un año con 56.764 profesionales sanitarios públicos para 7,9 millones de habitantes.
Y, coincidentemente, Cataluña también lidera la privatización de la sanidad pública. Es la autonomía que más gasto público dedica a la atención externalizada a través de conciertos con empresas privadas. Según calcula la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a partir de datos de Hacienda, Cataluña gastó 1.902 euros por habitante en 2022 -más que la media de las CCAA, 1770 euros- pero de ese gasto 3373 millones de euros -el 23,9 por ciento- fueron a empresas privadas.
La lucha sigue
En Cataluña, a inicios del año pasado se desarrolló una huelga masiva del personal sanitario, acompañada de unas potentes movilizaciones ciudadanas, que obligaron a la Generalitat a negociar y alcanzar algunos acuerdos y planes de mejora de los profesionales sanitarios.
Sin embargo, un año después la lucha sigue, porque, con la firma del nuevo convenio laboral, el Institut Català de la Salut (ICS) busca generar diferencias entre las distintas categorías sectoriales, especialmente, entre médicos y enfermeras, obligando a Infermeres de Catalunya a rechazar las mejoras pactadas por el resto de sindicatos -CCOO, UGT, Metges de Catalunya y SATSE- y a convocar una huelga indefinida a mediados de diciembre parar forzar a la Generalitat a negociar las mejoras que demandan.
Porque los recortes siguen
La atención primaria continúa con sobrecarga de trabajo, insuficiencia de personal y falta de recursos, listas de espera disparadas para ser atendido por un especialista o para ser intervenido quirúrgicamente, y urgencias hospitalarias colapsadas por el abandono de la atención primaria.
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha cifrado en 2300 millones de euros la inversión pública que faltó en el sector de la salud en Cataluña para igualar el gasto sobre el Producto Interior Bruto (PIB) del conjunto del Estado.
La administración autonómica dedica el 6,7 por ciento del PIB catalán a la sanidad, un porcentaje inferior al 7,7 por ciento que invierte el conjunto de España y al 7,5 por ciento de media de la Unión Europea.
En Euskadi manifestaciones contra la privatización
En el pasado noviembre y en el marzo actual, las manifestaciones han generado los mismos titulares «miles de personas se manifiestan en Euskadi en defensa de una sanidad pública de calidad» y «miles de personas se manifiestan contra el Gobierno vasco por ‘desmantelar’ Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) y ‘tener Estado Unidos como modelo’ sanitario».
Las movilizaciones han sido organizadas por la Coordinadora de Plataformas ciudadanas en defensa de la Sanidad Pública de Euskadi, y con la adhesión de formaciones políticas, sindicales y sociales.
Los manifestantes denuncian que «recortar en sanidad es un acto criminal», piden «no dar el dinero de la sanidad pública a la privada», y advierten que el «deterioro, desmantelamiento y privatización de la sanidad pública continúa en aumento» consecuencia de una «planificación y gestión política irresponsable» por parte del Gobierno Vasco, que durante años viene desmantelando la sanidad pública en beneficio de clínicas y seguros privados, que cierra centros y recorta horarios en la atención primaria, y que promueve la apertura de centros de salud sin personal médico.
Problemas estructurales en la sanidad pública
La Atención Primaria, es la piedra angular del sistema, porque soluciona el 90 por ciento de los problemas de salud de la población, y como tal debe recibir al menos el 25 por ciento del presupuesto sanitario.
Es urgente frenar el desmantelamiento que reduce la sanidad pública y la atención primaria a la mínima expresión, con listas de espera para ser atendido por un médico de familia, dificultades para acceder a la atención presencial, tiempos de atención insuficientes, y con derivaciones a la sanidad privada, las peonadas y los conciertos con clínicas privadas, y manteniendo al personal con una tasa de temporalidad muy alta (50 por ciento) y una contratación de muy baja calidad (contratos cortos y muy rotatorios).
Todo ello debido a una financiación insuficiente y, sobre todo, de la Atención Primaria desde hace años. El presupuesto sanitario vasco no es suficiente, está por debajo de los países del entorno europeo con similar capacidad económica como Francia, Noruega, Suecia e Inglaterra.
Mientras que la autonomía gasta un 5,7 por ciento, en esos países es entre un siete y un nueve por ciento, unos 1674 millones por debajo de la media.