Invertir en licencias y servicios de cuidados puede conducir a la generación de cerca de 300 millones de empleos para 2035, sostiene un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) divulgado con motivo del Día Internacional de la Mujer, informa IPS.
Las «persistentes y significativas» brechas en los servicios y medidas de cuidado han dejado a cientos de millones de trabajadores con responsabilidades familiares sin la protección y el apoyo adecuados, indica el informe «Los cuidados en el trabajo».
Cerrar esas brechas en favor de una continuidad de cuidados, junto con proporcionar mayor protección a la maternidad, ayudaría a aliviar la pobreza, fomentar la igualdad de género y contribuir al cuidado de niños y ancianos, expuso Manuela Tomei, directora del Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad de la OIT.
«Tenemos que replantear la forma en la que proporcionamos las medidas y los servicios de cuidados para que formen una continuidad de cuidados que proporcione a los niños un buen comienzo, ayude a las mujeres a permanecer en el empleo y evite que las familias o los individuos caigan en la pobreza», dijo Tomei.
Cerrar esas brechas políticas requeriría una inversión anual de 5,4 billones (millones de millones) de dólares, equivalente a 4,2 por ciento del producto bruto global anual, que en parte podría compensarse con un aumento de los ingresos fiscales por los ingresos y el empleo adicionales.
La inversión en la igualdad de género en los permisos, la atención infantil universal y los servicios de cuidados de larga duración podría generar hasta 299 millones de puestos de trabajo de aquí a 2035, según el estudio.
Tres de cada diez mujeres en edad reproductiva, es decir, 649 millones de mujeres, tienen una protección inadecuada de la maternidad, la cual no cumple con requisitos clave del Convenio 183 de la OIT, del año 2000, sobre protección de la maternidad.
Ese convenio exige un permiso de maternidad de catorce semanas como mínimo, con al menos dos tercios de los ingresos anteriores, financiado por la seguridad social o por fondos públicos.
Pero 82 de los 185 países encuestados para el informe no cumplen esas normas, aunque «el permiso de maternidad remunerado o la protección de la maternidad es un derecho humano y laboral universal», dice el estudio.
En los países avanzan reformas, pero al ritmo actual se necesitarán al menos 46 años para alcanzar los derechos mínimos de licencia de maternidad en los países analizados, lo que significa que no se cumplirá la meta correspondiente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030.
Más de 1200 millones de hombres en edad reproductiva viven en países que no tienen derecho al permiso de paternidad, aunque éste ayudaría a equilibrar las responsabilidades laborales y familiares de madres y padres.
Cuando existe un permiso de paternidad, éste sigue siendo corto -una media mundial de nueve días-, lo que «crea una gran brecha de género en los permisos».
La utilización de los derechos de permiso de paternidad también es escasa, y es una consecuencia de la baja remuneración por paternidad, de las normas de género y el diseño de las políticas en muchas naciones.
El informe destaca cómo algunos trabajadores quedan fuera del ámbito de las protecciones legales en materia de cuidados, incluyendo la maternidad, la paternidad, los cuidados parentales, los cuidados infantiles y los cuidados de larga duración.
Entre ellos se encuentran los trabajadores autónomos, los de la economía informal, los inmigrantes, y los padres adoptivos y LGBTQI+.
Apenas en cuarenta de los países encuestados las mujeres embarazadas o lactantes tienen derecho a ser protegidas contra el trabajo peligroso o insalubre, de acuerdo con las normas de la OIT.
Solo 53 países ofrecen el derecho a tiempo libre remunerado para exámenes médicos prenatales. En muchos países también falta tiempo libre, seguridad en los ingresos e instalaciones adecuadas para la lactancia.
Por otra parte, ha crecido también la necesidad de servicios de cuidados de larga duración para personas mayores y discapacitadas, debido al aumento de la esperanza de vida y al impacto de la pandemia covid-19.
Sin embargo, el acceso a servicios como la atención residencial, los servicios comunitarios de día y la atención a domicilio sigue siendo inaccesible para la gran mayoría de quienes los necesitan en todo el mundo, aunque son «esenciales para garantizar el derecho a un envejecimiento saludable y digno».
El análisis de la OIT sostiene que «hay un fuerte argumento de inversión, para crear un paquete transformador de políticas de cuidados, basado en el acceso universal, que crearía una vía innovadora para construir un mundo laboral mejor y más igualitario desde el punto de vista del género».
