Con fecha 17 de agosto de 2021, el Pentágono ha hecho público un detallado informe titulado «What We Need to Learn: Lessons From Twenty Years of Afghanistan Reconstruction», más o menos «Lo que tenemos que aprender: las lecciones que debemos sacar de veinte años de reconstrucción en Afganistán», elaborado por el SIGAR (Special Inspector General for Afganistán Reconstruction, organismo creado en 2008 para vigilar el derroche, el fraude y los abusos cometidos en el marco de la guerra en Afganistán) y basado en entrevistas con más de setecientos responsables y el análisis de miles de documentos producidos durante las dos últimas décadas.
Según la información publicada este sábado 21 de agosto en el digital francés Slate, se trata del décimo segundo documento de «enriquecimiento por la experiencia» del SIGAR, consta de 122 páginas, llevaba meses durmiendo en los cajones y entre otras cosas califica de «irrealizable» la perspectiva de «construir un Afganistán pacífico y estable», y asegura que el Gobierno estadounidense nunca estuvo convenientemente «equipado para una empresa tan ambiciosa en un ambiente tan ingobernable».
Este informe corrobora la opinión manifestada en más de una ocasión por el actual presidente Joe Biden de que la misión estaba condenada al fracaso desde el principio, independientemente del tiempo que permanecieran las tropas americanas en el país y de las cantidades de dinero que se invirtieran en él.
En una especie de resumen, el informe constata que la presencia estadounidense ha servido para introducir mejoras en materia de sanidad, situación de las mujeres y medio ambiente, pero no en los demás aspectos de la vida cotidiana. Incluso manifiesta algunas dudas «de que los progresos conseguidos se puedan mantener».
Para los autores del informe, el resultado no es tanto una crítica de las operaciones militares, como del supuesto «de que el día que los soldados estadounidenses se marcharan del país iban a dejarlo en condiciones de funcionar y desarrollarse».
El fracaso de la estrategia de Estados Unidos –tanto por el funcionamiento de su administración como por las limitaciones sociales, políticas y económicas de Afganistán– es de tal magnitud que «cuestiona la capacidad de las agencias gubernamentales estadounidenses para concebir, llevar a la práctica y evaluar las estrategias de reconstrucción», en cualquier lugar, una vez que ha quedado demostrado que son incapaces de compartir «los medios y las responsabilidades (…) Los proyectos destinados a atenuar los conflictos les han llevado a actuar en sentido contrario, e incluso a financiar involuntariamente a los insurgentes».
Según este informe, el desconocimiento de las dinámicas sociopolíticas y económicas del país, les ha llevado a actuar «a ciegas» constantemente, imponiendo «con torpeza modelos tecnocráticos occidentales a las instituciones económicas afganas, formando a las fuerzas de seguridad en el manejo de armas sofisticadas que no podían mantener, e imponiendo un estado de derecho formal a un país en el que cerca del noventa por ciento de las decisiones se adoptan de manera informal».
Por culpa de ese desconocimiento del contexto, los responsables estadounidenses han puesto el poder en manos de personas influyentes que «han desviado la ayuda para enriquecerse personalmente y enriquecer a sus aliados».
En Afganistán se han dilapidado miles de millones de dólares en la creencia de que cuanto más dinero se invirtiera más pronto se obtendrían resultados, sin advertir que estaban alimentando la corrupción; y cuando intentaron remediarlo «distribuyendo el dinero por canales no oficiales» la consecuencia fue que «los pocos funcionarios íntegros del gobierno afgano no aprendieron nunca a gestionar sus propias administraciones» porque –en lo que el informe califica de «lobotomías anuales»– una vez que alguien se demostraba capaz y honesto lo trasladaban a otro puesto, «obligando a sus sucesores a recomenzar todo desde el principio».
Finalmente, el informe del SIGAR destaca el fracaso del ejército estadounidense en el objetivo primordial de llevar seguridad a las distintas zonas del país para después emprender la tarea de cumplir con los propósitos sociales, políticos y económicos encomendados a la misión de Estados Unidos en Afganistán, que debían de abrir la puerta a inversiones a largo plazo que ayudaran a la reconstrucción del país, lo que nunca ha ocurrido en los últimos veinte años.