La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, situó a la Comunidad de Madrid en el centro de sus críticas al defender que el Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso está actuando «a contracorriente» de las políticas necesarias para afrontar la crisis de acceso a la vivienda, en la intervención de clausura del seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) que se desarrolla en la Universidad Internacional Menendez Pelayo (UIMP) de Santander.
En el posterior turno de preguntas, la ministra aseguró que le «apena» que Madrid no aplique instrumentos como la declaración de zonas tensionadas o la contención de los precios del alquiler, aunque admitió que el Gobierno central debe respetar el reparto competencial.
«No congelar el precio del alquiler en Madrid depende de Ayuso, y ella ha decidido que no lo quiere hacer», afirmó la ministra, quien acusó al Ejecutivo autonómico de perjudicar a los madrileños al no utilizar las herramientas que ofrece la Ley de Vivienda.
Defendió que el Gobierno no puede imponer esas medidas a las comunidades autónomas, pero sí buscar fórmulas alternativas para que los inquilinos puedan beneficiarse de rebajas.
Intervención pública
En ese sentido, avanzó que el Ejecutivo trabaja con los grupos parlamentarios en una propuesta fiscal para incentivar a los propietarios que reduzcan los alquileres, incluso en territorios donde no se declaren zonas tensionadas. La ministra defendió que esta vía permitiría que también los ciudadanos de Madrid pudieran acceder a precios más bajos mediante incentivos fiscales estatales.
La titular de Vivienda fue especialmente dura con Ayuso por su posición ante la llegada de fondos internacionales al mercado residencial. Aseguró que, mientras otros países europeos están estudiando cómo limitar las inversiones que no tienen finalidad residencial, la presidenta madrileña «hace un llamamiento» a esos fondos para que compren vivienda en la región, incluso en zonas como el barrio de Salamanca, con incentivos fiscales.
La vivienda es un derecho
A partir de ese reproche a Madrid, la ministra desplegó una defensa amplia de la intervención pública en vivienda. Sostuvo que el problema no puede abordarse únicamente desde la lógica del mercado, porque la vivienda es un derecho constitucional y no solo un activo financiero. «Con la vivienda no se mercadea», defendió, comparando este derecho con la sanidad o la educación.
La ministra reivindicó que el principal consenso para resolver la crisis pasa por construir un gran parque público de vivienda. Para ello, destacó el incremento de la inversión estatal, la movilización de suelos públicos y la creación de la entidad pública de vivienda, CASA47, destinada a gestionar todo el ciclo, desde el suelo hasta la entrega y administración de los inmuebles.
Según explicó, el Gobierno ha movilizado más de 2400 suelos con capacidad para construir más de 50.000 viviendas y ha invertido ya más de 2000 millones de euros en la empresa pública. Entre las actuaciones citó proyectos como Campamento y Carabanchel, en Madrid; Artillería y La Ranilla, en Sevilla; y distintas promociones en Valencia.
Plan Estatal de Vivienda
La ministra también defendió la reforma del Plan Estatal de Vivienda, dotado con 7000 millones de euros, con una corresponsabilidad financiera del 60 por ciento para el Estado y del 40 por ciento para las comunidades autónomas. Esa financiación, explicó, estará condicionada a que las viviendas construidas permanezcan blindadas dentro del parque público y no puedan venderse en el futuro.
En el mismo bloque, reclamó mayor transparencia en la adjudicación de vivienda protegida y lamentó que España siga sin contar con un registro común de demandantes de vivienda. A su juicio, disponer de esa información permitiría saber dónde existe mayor necesidad y dónde deben concentrarse los esfuerzos públicos. En este aspecto también afeó a la Comunidad de Madrid por su falta de transparencia en cuanto a los datos del registro de alquileres con el que cuenta, pero que no permite que se conozcan.
La ministra aportó además varias cifras para defender la acción del Gobierno. Aseguró que desde la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo se han superado los 4700 millones de euros en licitaciones de vivienda pública, se han transferido más de 8000 millones a las comunidades autónomas y la inversión total de la Administración General del Estado en políticas de vivienda asciende a 27.497 millones. También afirmó que se han calificado cerca de 114.000 viviendas protegidas, frente a unas 54.000 durante los gobiernos de Mariano Rajoy.
Regulación del alquiler
Otro de los ejes de su intervención fue la regulación del alquiler y de las viviendas turísticas. La ministra defendió que el Gobierno debe intervenir cuando el mercado no funciona y sostuvo que las medidas de contención de precios están dando resultados. Frente a las críticas sobre sus posibles efectos negativos, respondió que el corto plazo también importa para quienes dedican hasta el 80 por ciento de sus ingresos al alquiler.
«No es una panacea, pero es el torniquete que hay que poner para no desangrarnos», afirmó en relación con la contención de precios, insistiendo en que estas medidas deben combinarse con soluciones estructurales como la construcción de parque público.
También defendió la regulación de los pisos turísticos, los alquileres de temporada y el alquiler por habitaciones. Según dijo, las políticas del Gobierno han permitido reducir un diez por ciento las viviendas turísticas en el último año. Además, citó datos del Banco de España para señalar que unas 900.000 viviendas en España no están destinadas a residencia habitual, sino al uso turístico o a inversores extranjeros no residentes.
Para movilizar parte de ese parque, anunció que el Plan Estatal permitirá a las comunidades autónomas comprar viviendas turísticas o de inversores extranjeros con ayudas de hasta el 80 por ciento, siempre que después se incorporen al alquiler asequible. También planteó fórmulas de cesión temporal de viviendas privadas a cambio de rehabilitación, una compensación mensual y su destino al alquiler durante al menos siete años.
La ministra insistió en que la vivienda exige acuerdos entre administraciones, agentes sociales, empresas y Parlamento. Reivindicó el acuerdo alcanzado por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Vivienda para desplegar el nuevo Plan Estatal, pero lamentó que algunas comunidades hayan decidido recurrirlo después ante el Tribunal Supremo.
Aseguró que el texto cuenta con seguridad jurídica y con informe favorable del Consejo de Estado, y defendió que las comunidades dispondrán en julio de recursos con efectos retroactivos desde el 1 de enero. «No hay tiempo que perder», subrayó.
En el plano parlamentario, reprochó que hayan decaído iniciativas como el decreto antidesahucios, la prórroga extraordinaria de contratos de alquiler, la Ley del Suelo o varias medidas fiscales. Por ello reclamó a todos los grupos un acuerdo transversal, aunque advirtió de que cualquier pacto exige renuncias por parte de todos.
La ministra también abordó la futura ley de proveedores sociales de vivienda, inspirada en las housing associations europeas, y aseguró que el Gobierno aspira a aprobarla antes de que termine la legislatura. Defendió que estos actores pueden promover vivienda con rentabilidad económica limitada y alto beneficio social.
Ocupación
Sobre el mercado hipotecario, evitó pronunciarse sobre la investigación de la CNMC a varias entidades financieras por posibles prácticas anticompetitivas, pero defendió que la banca debe formar parte de la solución. También confirmó que el Gobierno está revisando la línea de avales públicos para jóvenes y compradores de primera vivienda, adaptándola al nuevo escenario de tipos de interés.
Preguntada por la ocupación ilegal, reconoció que existen casos de allanamiento, usurpación o impago, pero negó que ese sea el principal problema de la vivienda en España. Acusó a algunos actores políticos y económicos de sobredimensionar el fenómeno para generar miedo y hacer negocio, y situó el foco en la emancipación tardía de los jóvenes y en el encarecimiento del alquiler.
La ministra cerró la comparecencia con críticas a Vox y al Partido Popular, a quienes acusó de no aportar soluciones al problema de la vivienda. En particular, reprochó a Vox haber votado contra medidas que, según dijo, sus propios portavoces reconocían como positivas.
Con todo, el mensaje político más destacado de la jornada quedó dirigido a Madrid. La ministra convirtió la negativa de Ayuso a aplicar la Ley de Vivienda en el ejemplo más claro de lo que considera una falta de corresponsabilidad institucional ante la emergencia habitacional.
Frente a ello, defendió una combinación de regulación, incentivos fiscales, parque público, movilización de vivienda existente y acuerdos parlamentarios para intentar contener el principal problema social que, según sostuvo, hoy preocupa a los ciudadanos.
