La Comunidad de Madrid proyecta una Ciudad de la Salud de más de mil millones de euros mientras el hospital actual mantiene pacientes en los pasillos, camas sin abrir y profesionales al límite. Detrás de la transformación arquitectónica late una segunda metamorfosis, menos visible en las infografías: el riesgo de que La Paz acabe convertido en el nuevo Zendal.
En el Hospital Universitario La Paz conviven hoy dos hospitales.
Uno vive en las presentaciones oficiales. Tendrá más de 550.000 metros cuadrados, habitaciones individuales, quirófanos robotizados, protonterapia, centros de investigación y edificios enlazados por galerías subterráneas, todo ello con una inversión anunciada que supera los mil millones de euros y una fecha de finalización situada en 2032.
El otro vive en los pasillos. Tiene pacientes pendientes de ingreso, salas cerradas, profesionales agotados y camas que existen físicamente, pero no pueden utilizarse.
Las imágenes de enfermos en los corredores de La Paz durante el verano de 2026 no describen, sin embargo, una crisis repentina. Desde enero de 2024, sindicatos, colectivos profesionales y trabajadores de distintos servicios han denunciado falta de personal, sobrecarga asistencial, incumplimiento de ratios, cierre de camas y un deterioro material que, según sus testimonios, ponía en peligro tanto a los pacientes como a los propios profesionales. La sucesión de alertas permite reconstruir un patrón: cambian los servicios —UCI pediátrica, Urgencias, Maternidad, Neonatología, plantas de hospitalización—, pero las causas denunciadas se repiten.
Reconstruir esa cronología es la única forma de entender por qué la Comunidad puede presentar el hospital del futuro mientras el del presente lleva más de dos años pidiendo, sobre todo, poder llegar hasta él.
2024: los primeros avisos
El primer gran conflicto del periodo estalló el 17 de enero de 2024 en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. La reincorporación de su jefe de servicio, ordenada judicialmente después de haber sido apartado del puesto, provocó una crisis laboral interna: la práctica totalidad de los médicos adjuntos presentó su baja o renunció a sus contratos, alegando la necesidad de proteger su salud mental y garantizar la seguridad de los pacientes.
La dirección optó por un «cierre técnico» de la unidad y trasladó a los niños ingresados a otros servicios. Los trabajadores sostuvieron que el hospital había sido incapaz de resolver durante años un conflicto conocido, hasta afectar a una unidad pediátrica de referencia nacional, según recogió El Salto Diario.
Cinco días después, el 22 de enero, SATSE advirtió de que el cierre de esa UCI ya estaba alterando el funcionamiento de otros hospitales madrileños, que remitían a La Paz los casos graves cuando carecían de cuidados intensivos pediátricos propios. La crisis dejaba así de ser un conflicto interno: la reducción de capacidad de una unidad de referencia repercutía sobre el conjunto del Servicio Madrileño de Salud, como difundió Gacetín Madrid.
Durante la primavera se sucedieron las movilizaciones. En marzo, una concentración frente al hospital en defensa de la sanidad pública inauguró gráficamente el ciclo reivindicativo que desembocaría en las huelgas de 2025 y 2026, documentado más tarde por El Salto Diario.
En mayo, Trabajadores en Red cuestionó el discurso institucional del Día de la Enfermería: frente a la celebración oficial de la «excelencia enfermera», el sindicato reclamó reconocimiento para el conjunto de la plantilla y denunció la distancia entre la imagen difundida por la dirección y las condiciones laborales cotidianas, según su propia comunicación.
Pasado el verano, el 11 de septiembre, CCOO denunció una nueva saturación de Urgencias: más de sesenta pacientes esperaban cama de hospitalización, se habían duplicado boxes y se ocupaban zonas de pasillo mientras permanecían cerradas alrededor de cuatrocientas camas.
Trabajadores en Red comunicó la situación al juzgado de guardia y AMYTS calculó que en torno al 30 por ciento de las camas seguía sin actividad. La Consejería reconoció un aumento inusual de la demanda —que atribuyó al repunte de enfermedades respiratorias por el cambio de temperatura—, pero rechazó que existiera un cierre estructural de camas y aseguró que estas se abrirían en función de las necesidades, según relató la Cadena SER.
El 28 de noviembre, la Plataforma Urgencias y Emergencias en Lucha difundió otra situación de sobresaturación: cuarenta pacientes en una zona con capacidad ordinaria para treinta camas. El colectivo destacó el caso de una mujer mayor atendida en una cama supletoria colocada en el pasillo, y volvió a poner el foco en la pérdida de intimidad y en la normalización de espacios no concebidos para hospitalizar, según Público.
2025: de los servicios críticos a la primera huelga
El 7 de enero de 2025, el equipo de matronas trasladó al juzgado de guardia la situación de Maternidad. En la guardia nocturna, según su escrito, había seis matronas para diez paritorios y tres profesionales para atender veinticinco camas.
Denunciaron que la falta de personal obligaba a asistir algunos partos en habitaciones convencionales y que no siempre podía garantizarse la epidural en las condiciones habituales. «No queremos ser cómplices del grave riesgo que corren nuestras gestantes y sus bebés», manifestaron, con el respaldo de Trabajadores en Red, según Público.
En esos mismos días, el 8 de enero, se difundieron fotografías de habitaciones deterioradas, desconchones, mobiliario envejecido y baños compartidos en mal estado, junto con testimonios de que pacientes de Oncología debían esperar para ducharse. El episodio mostraba la otra cara de la crisis: al margen de las plantillas y de las camas operativas, el hospital arrastraba un deterioro físico que la futura Ciudad de la Salud no resolvería de manera inmediata, según Público.
Los días 21 y 22 de enero, las enfermeras de Neonatología, respaldadas por CCOO, presentaron ante el juzgado de guardia un escrito que calificaba la situación de «alto riesgo e insostenible». Denunciaron incumplimientos de las ratios, ausencias sin cubrir y dificultades para vigilar de forma continua a recién nacidos con patologías complejas; entre los incidentes relatados figuraban pausas respiratorias no detectadas de inmediato por falta de personal. La Paz atendió en 2024 a 1516 recién nacidos en Neonatología. La Consejería sostuvo que se cubrían las bajas de larga duración, aunque reconoció que la elevada especialización del servicio dificultaba encontrar sustitutos, según El País.
El conflicto volvió a agravarse en agosto. Trabajadores en Red denunció que el hospital había dejado sin actividad 397 camas y que los contratos estivales apenas cubrían en torno al 21 por ciento de las vacaciones de la plantilla, con más de seiscientas incidencias por turnos insuficientemente dotados registradas desde el noviembre anterior.
La respuesta fue una huelga de veinticuatro horas convocada para el 26 de agosto con una estrategia inusual: muchos huelguistas pretendían acudir al hospital para demostrar que la fijación de servicios mínimos podía generar una dotación superior a la de un turno ordinario, según El País.
La víspera, el 25 de agosto, la plantilla de Urgencias volvió a acudir a los juzgados: 61 pacientes pendientes de ingreso, camillas en los pasillos y casi cuatrocientas camas cerradas, según El Salto Diario. Al día siguiente, el 26 de agosto, decenas de trabajadores participaron en la huelga y en una concentración cuyo objetivo declarado no era paralizar la asistencia, sino visibilizar la falta de personal.
La Comunidad cuestionó su representatividad —afirmó que la votación había contado con menos de cuarenta participantes de una plantilla superior a siete mil trabajadores— y los convocantes respondieron que medir la protesta por el número de ausencias desvirtuaba su sentido, ya que pretendían trabajar y forzar refuerzos mediante los mínimos, según Madridiario.
Después del verano, el otoño trajo denuncias de agotamiento y pérdida de profesionales más allá de Urgencias: esperas prolongadas para ingresar, frustración profesional y una percepción creciente de que las condiciones del hospital disuadían a nuevos trabajadores. La denuncia sindical resumía el problema en una idea: Urgencias era la parte más visible, pero la crisis afectaba a todo el hospital y a la red de la que dependía, según Madridiario.
El 14 de noviembre, Trabajadores en Red publicó un comunicado contra la consideración de los abusos laborales como «casos aislados», y sostuvo que las direcciones del hospital llevaban años sin responder adecuadamente a denuncias sobre presión jerárquica y vulneración de derechos. El conflicto se ampliaba: ya no eran solo ratios, camas o saturación, sino también el clima laboral y los mecanismos internos para proteger a quienes denunciaban, según el propio sindicato.
Diciembre cerró el año con dos alertas encadenadas. El 3 de diciembre, profesionales de Urgencias volvieron a difundir imágenes de pacientes atendidos en camillas de pasillo, butacas e incluso taburetes; aunque coincidió con el repunte de infecciones respiratorias, insistieron en que la escasez de espacios y personal era previa al pico estacional, según Público. El 18 de diciembre, en plena epidemia de gripe, describieron una «sobresaturación» generalizada, con salas funcionando al doble de su capacidad y personal que debía «sacar espacio de donde no lo hay»; la saturación, subrayaron, ya no era estacional, sino crónica, según Cadena SER.
2026: la huelga y el verano «desesperante»
El 5 de enero de 2026, durante una ola de frío, los trabajadores registraron cuatro grados bajo cero en la sala 5 de Urgencias, con pacientes sin mantas suficientes, problemas de climatización y camas en los pasillos. El episodio se convirtió en uno de los detonantes inmediatos de la huelga, según Público.
El 11 de enero, Trabajadores en Red anunció una huelga de veinticuatro horas en Urgencias Generales y Traumatológicas, aprobada por 157 votos a favor y tres en contra. Denunciaba hacinamiento continuado, falta estructural de personal, un aumento aproximado del 10 por ciento anual de la demanda de Urgencias en los tres años previos, listas de espera crecientes y un deterioro de la Atención Primaria que empujaba más demanda hacia el hospital. Entre las reivindicaciones figuraban un plan de «cero pacientes en los pasillos», ratios seguras, límites de ocupación y contratación estable, según el sindicato.
La huelga se celebró el 21 de enero, desde las ocho de la mañana hasta la misma hora del día siguiente. La Comunidad fijó unos servicios mínimos del 93 por ciento —equivalentes a la dotación de un festivo—, decisión que el sindicato calificó de abusiva. Durante la concentración, los trabajadores hablaron de condiciones «infrahumanas», reutilización de materiales y salas con hasta 30 o 33 personas para doce camas.
La Consejería negó un colapso estructural y restó representatividad a la protesta; la plantilla replicó que unos mínimos tan elevados limitaban materialmente el derecho de huelga y demostraban que la dotación habitual era insuficiente, según la Cadena SER.
La primavera añadió un frente más amplio. Desde el 1 de junio, médicos de diecisiete hospitales públicos madrileños dejaron de hacer determinadas jornadas extraordinarias —las peonadas— para reclamar mejoras salariales, la jornada de 35 horas y una compensación adecuada de las guardias.
La protesta no nació en La Paz, pero ilumina su conflicto: buena parte de la actividad ordinaria de la red pública dependía de horas adicionales que los profesionales consideraban insostenibles, con el riesgo de alargar las listas de espera y favorecer derivaciones a la privada, según El País.
El verano confirmó el diagnóstico. Los días 21 y 22 de julio, profesionales de Urgencias describieron una situación «desesperante»: una sala preparada para doce camas llegó a concentrar 38 pacientes, atendidos por dos enfermeras y dos técnicos auxiliares, con enfermos que acumulaban seis, ocho y hasta once días pendientes de ingreso. Una enfermera terminó llorando en su turno al no poder atender a todos.
La causa, según los trabajadores, era la suma de vacaciones y bajas sin sustituir, falta de profesionales dispuestos a más horas extraordinarias, agotamiento, menor disponibilidad de camas en planta y una planificación estival insuficiente, según Madrid Norte 24 horas.
El 1 de agosto se ejecutó una nueva reducción de camas operativas, que afectó tanto a plantas de hospitalización como a una sala completa de Urgencias con doce camas. Los trabajadores hablaron abiertamente de cierres; la Consejería recurrió otra vez a los términos «adaptación» o «reorganización» de la capacidad a la demanda prevista, según Madrid Norte 24 horas.
Dos días después, el 3 de agosto, Urgencias volvió a desbordarse: la sala 1, preparada para doce camas, acogió a veintiséis pacientes; la sala 3, con 31 instaladas, llegó a albergar 53; había decenas de personas pendientes de ingreso y se usaban pasillos y consultas como espacios asistenciales, mientras una sala con doce camas permanecía cerrada. El personal volvió a comunicarlo al juez de guardia y calificó la crisis de «previsible», vinculándola directamente con la reducción de camas del día 1, según Público.
El 4 de agosto, Trabajadores en Red convocó una asamblea para decidir una posible nueva huelga. La Consejería negó que La Paz estuviera colapsada, situó la actividad dentro de los parámetros habituales y atribuyó la presión a las olas de calor, el envejecimiento de los pacientes y la escasez general de profesionales del Sistema Nacional de Salud. Los trabajadores respondieron que una explicación basada en circunstancias externas no resolvía el hecho material: había enfermos atendidos en pasillos mientras una sala permanecía cerrada y vacía, según El Plural.
Un mismo conflicto con distintas manifestaciones
La cronología no dibuja una única crisis de La Paz, sino una sucesión de episodios conectados. En enero de 2024 fue la UCI pediátrica; en septiembre, las camas cerradas y la saturación de Urgencias; en enero de 2025, Maternidad y Neonatología; en agosto, de nuevo las sustituciones estivales y las camas sin actividad; en diciembre, la gripe desbordó unas salas que ya trabajaban sin margen; en enero de 2026 llegó la primera huelga de Urgencias; y en julio y agosto se repitieron los pacientes en los pasillos.
Cambian las fechas y los servicios, pero las denuncias conservan un núcleo común: plantillas insuficientes, bajas y vacaciones que no se cubren del todo, dependencia de las horas extraordinarias, incumplimiento o insuficiencia de ratios, camas que existen físicamente pero no están operativas, deterioro de la salud laboral, pérdida de intimidad y estancias prolongadas en Urgencias, y respuestas de la Administración que presentan cada episodio como un pico puntual o una adaptación estacional.
Esa continuidad debilita la explicación de la excepcionalidad. Cuando una excepción se repite durante más de dos años, en distintos servicios y bajo las mismas causas denunciadas, deja de ser una anomalía y se convierte en un problema estructural.
Y la paradoja es que estas alertas se acumulan justo cuando la Comunidad presenta la futura Ciudad de la Salud, compromete más de mil millones de euros y firma los primeros contratos de construcción.
La otra metamorfosis: el nuevo Zendal no es un edificio, es un modelo
La transformación anunciada de La Paz contiene, así, una segunda metamorfosis, menos visible en las infografías oficiales: el hospital público puede acabar convertido en una nueva versión del Hospital Enfermera Isabel Zendal. No porque ambos centros sean iguales, sino porque comparten una determinada concepción de la política sanitaria.
Conviene precisar la comparación, porque no afirma que los dos proyectos tengan la misma función. La Paz es uno de los grandes hospitales generales y universitarios de España —urgencias, hospitalización, cirugía, maternidad, pediatría, trasplantes, investigación y docencia—.
El Zendal, inaugurado en diciembre de 2020 durante la pandemia, se concibió como una infraestructura de emergencias y después ha ido recibiendo otros usos. La comparación se refiere al modelo político que representan.
El Zendal convirtió la construcción de un edificio en el principal símbolo de la respuesta madrileña frente a la COVID-19. La obra, los plazos acelerados, las adjudicaciones y la inauguración ocuparon el centro del relato institucional.
Pasada la emergencia, la Comunidad tuvo que buscar nuevas funciones para unas instalaciones cuya utilización ordinaria quedaba muy lejos de la imagen de gran hospital transmitida durante su construcción. Hoy la propia Comunidad lo define como un centro de media estancia dedicado a la recuperación integral, y durante 2026 ha seguido licitando obras para acondicionar sus pabellones —entre ellas un área de neurorrehabilitación y la reforma del Pabellón 2—.
La Paz corre el riesgo de seguir el mismo camino: que la construcción deje de ser un medio para mejorar la sanidad y se convierta en el objetivo político principal, de modo que el hospital deje de medirse por cómo atiende a sus pacientes para medirse por los millones presupuestados, los metros cuadrados anunciados, las adjudicaciones firmadas y la espectacularidad de las recreaciones arquitectónicas.
Más de mil millones para el hospital del futuro
La Ciudad de la Salud se presenta como uno de los proyectos fundamentales de la legislatura. La inversión anunciada supera los mil millones de euros, el complejo ocupará más de 550.000 metros cuadrados, las obras se dividirán en tres fases y la finalización oficial se sitúa en 2032, según la propia Comunidad.
Los primeros contratos ya movilizan cantidades relevantes: la Comunidad adjudicó por más de 29 millones de euros el edificio industrial que concentrará los sistemas térmicos, frigoríficos, eléctricos, hídricos, de combustibles y de gases clínicos del futuro complejo, junto con la galería subterránea para distribuir esos servicios y las actuaciones de demolición y preparación del terreno para las siguientes fases, según el anuncio oficial de la adjudicación. A ello se añaden el edificio de protonterapia y las futuras licitaciones de los grandes bloques hospitalarios.
Nada de esto convierte las obras en innecesarias. La Paz fue inaugurado en 1964 y necesita una renovación integral: sus instalaciones envejecidas, su estructura fragmentada y las dificultades de circulación justifican una intervención profunda. La cuestión no es si debe reformarse La Paz, sino qué ocurre mientras se reforma, quién recibe prioritariamente los recursos y qué entiende el Gobierno regional por invertir en sanidad.
Hormigón frente a cuidados
Una cama hospitalaria no es una estructura metálica con un colchón. Para existir como recurso sanitario necesita enfermeras, técnicos auxiliares, médicos, celadores, limpieza, alimentación, farmacia y medios diagnósticos. Sin esos profesionales, la cama figura en los inventarios, pero no sirve para ingresar a nadie.
Por eso la Consejería puede rechazar la palabra «cierre» y hablar de «adaptación» sin que cambie la experiencia del enfermo: una cama sin personal, una sala que no admite pacientes o una plaza inutilizable tienen el mismo resultado práctico, que la persona permanezca en Urgencias, en una consulta improvisada o en un pasillo.
Esa diferencia permite entender la contradicción central del proyecto. La Comunidad compromete inversiones durante años para levantar edificios, galerías y centrales energéticas: contratos con presupuesto, plazos, empresas licitadoras, certificaciones y mecanismos de actualización económica.
Las plantillas, en cambio, se gestionan con frecuencia desde la provisionalidad —contratos temporales, sustituciones incompletas, horas extraordinarias, turnos descubiertos—. Para el hormigón existe una planificación hasta 2032; para cubrir una baja en agosto, aparentemente no siempre existe la misma capacidad de previsión.
No es necesario afirmar que el presupuesto de una obra pueda trasladarse automáticamente a nóminas: las inversiones y los gastos de personal pertenecen a capítulos distintos y se someten a reglas diferentes. Pero esa separación contable no elimina la responsabilidad política, porque los presupuestos expresan prioridades. Y la prioridad visible de la Comunidad es construir el gran hospital de mañana, aunque el de hoy dependa del sobreesfuerzo de su plantilla.
La experiencia del Zendal
El precedente obliga a observar con cautela el nuevo proyecto. La Cámara de Cuentas de Madrid fiscalizó, a petición de la Asamblea, los contratos tramitados durante la emergencia sanitaria en torno al Zendal. El debate no terminó ahí: la oposición ha reclamado nuevas auditorías sobre contratos posteriores y ha cuestionado el coste acumulado, la actividad asistencial y los sucesivos usos del recinto, mientras la Comunidad sostiene que los contratos son públicos, están fiscalizados y respetaron la normativa, según recogió Madrid Actual.
En junio de 2026, una investigación periodística describió un centro con parte de sus pabellones cerrados y escasa actividad en algunos equipos, hasta el punto de contabilizar un TAC utilizado apenas diez veces al año, junto con nuevas obras para buscar utilidad a los espacios infrautilizados. El Zendal demuestra que construir deprisa o invertir grandes cantidades no garantiza por sí mismo una utilización sanitaria eficaz: un hospital no funciona porque exista el edificio, sino porque dispone de una cartera asistencial clara, pacientes, profesionales propios, coordinación con la red y una actividad sostenida que justifique sus instalaciones.
La Ciudad de la Salud podría repetir esa lógica a una escala mucho mayor: primero se anuncian los edificios y las cantidades; después se determinará cómo dotarlos, quién trabajará en ellos y qué sucederá con la asistencia durante casi una década de obras.
Del hospital público al complejo de contratos
Transformar La Paz no consiste solo en sustituir edificios viejos por otros nuevos. Supone convertir el hospital en un enorme complejo constructivo, tecnológico, energético y de mantenimiento.
Alrededor de la asistencia surgirán contratos de obras, ingeniería, equipamiento, seguridad, limpieza, sistemas informáticos, logística, suministros energéticos y mantenimiento; durante años, una parte creciente de la vida del hospital estará condicionada por adjudicaciones y relaciones con empresas privadas.
La pregunta no es si esas empresas deben participar —una obra de esta magnitud exige constructoras, ingenierías y proveedores especializados—, sino quién queda en el centro del proyecto.
Si el centro son los pacientes, cada fase de las obras debería subordinarse a la continuidad asistencial, la seguridad, la estabilidad de las plantillas y la apertura de camas suficientes. Si el centro es la infraestructura, pacientes y profesionales tendrán que adaptarse a los ritmos de las constructoras, los traslados, las demoliciones y las necesidades del calendario político.
La experiencia reciente no resulta tranquilizadora. Antes de comenzar la parte más compleja de la reconstrucción, La Paz ya sufre episodios recurrentes de saturación. Si faltan profesionales y camas operativas sin grandes derribos en marcha, cabe preguntarse qué ocurrirá cuando empiecen los traslados masivos de servicios y la convivencia cotidiana con las obras.
Dos hospitales separados por 2032
La Comunidad habla de la mayor Ciudad de la Salud de Europa, y la expresión resume el riesgo. Puede levantarse una ciudad sanitaria llena de edificios, tecnología y conexiones subterráneas, pero vacía de profesionales suficientes: un quirófano sin equipo estable, una máquina avanzada infrautilizada, cientos de camas que no se abren por falta de personal. El Zendal enseñó que la superficie construida no equivale a capacidad asistencial real; La Paz puede enseñar algo aún más grave, que un hospital plenamente operativo se deteriore mientras se utiliza su futura reconstrucción como escaparate político.
En La Paz conviven, por tanto, dos hospitales. El primero ya genera contratos: las constructoras saben cuánto se destinará a cada obra, con qué plazos y en qué condiciones. El segundo sigue generando denuncias: los pacientes no saben cuánto esperarán una cama y los profesionales no saben si sus compañeros de baja serán sustituidos o si tendrán que volver a cubrir los huecos a base de horas extraordinarias. La política sanitaria de la Comunidad parece mucho más eficaz cuando adjudica que cuando cuida.
Construir no basta
Madrid necesita renovar La Paz. Pero reformar un hospital no consiste en derribarlo y volverlo a levantar, sino en preservar su capacidad asistencial durante las obras, contratar profesionales suficientes, cubrir bajas y vacaciones, mantener abiertas las camas necesarias y evitar que los pacientes paguen el coste de la transición.
Para demostrar que la Ciudad de la Salud no será otro monumento a la política del ladrillo sanitario no bastan las infografías ni las cifras millonarias. Haría falta publicar cuántas camas permanecen operativas cada día, cuántos profesionales trabajan en cada turno, cuántas bajas quedan sin cubrir, cuánto esperan los pacientes y cómo afectará cada fase de las obras a la actividad asistencial.
Y haría falta conocer todos los contratos, adjudicatarios, modificaciones, revisiones de precios y posibles sobrecostes de un proyecto que durará años y superará los mil millones. Sin esa transparencia, La Paz puede convertirse en el Zendal de la próxima década: más grande, más caro y presentado de nuevo como prueba de excelencia, aunque la realidad cotidiana del sistema diga lo contrario.
La sanidad pública no se mide por el número de grúas visibles desde una autopista. Se mide por el tiempo que espera un enfermo, por la intimidad con la que es atendido, por las condiciones de sus profesionales y por la posibilidad de encontrar una cama cuando la necesita. La Paz del futuro puede ser una gran infraestructura, pero los pacientes del presente no pueden esperar hasta 2032. Madrid no necesita otro Zendal: necesita que La Paz siga siendo un hospital.
