Magdalena Sepúlveda[1], en un artículo para IPG Journal, sostiene que la respuesta a la creciente amenaza del extremismo de derecha en democracias de todo el mundo reside en una mayor justicia fiscal, especialmente mediante la implementación de impuestos a los más ricos.
Sepúlveda argumenta que décadas de recortes y privatizaciones han debilitado los servicios públicos, creando un terreno fértil para el populismo y la polarización política.
En su análisis, Sepúlveda destaca cómo la falta de inversión en servicios públicos esenciales ha exacerbado las desigualdades, proporcionando un entorno favorable para el auge de la extrema derecha.
«Donde se han desmantelado las democracias, los populistas encuentran terreno fértil», señala, refiriéndose al debilitamiento de los sistemas públicos de educación, salud e infraestructuras como factores que alimentan la frustración y el descontento social.
La propuesta central de Sepúlveda gira en torno a la necesidad de recaudar más ingresos fiscales para fortalecer los servicios públicos, sugiriendo que la fuente de estos ingresos debe ser los grandes conglomerados multinacionales y las personas ultrarricas, quienes a menudo logran evadir su responsabilidad fiscal a través de complejas estructuras financieras.
Sepúlveda también menciona que existe un creciente apoyo popular hacia la idea de una tributación más justa, y que encuestas recientes muestran que una abrumadora mayoría de los ciudadanos en economías del G20 respalda un aumento en la tributación de los más adinerados. Esto refleja un creciente descontento con el actual sistema fiscal internacional, percibido como obsoleto e injusto, permitiendo altos niveles de evasión y elusión fiscal por parte de los poderosos.
En particular, Sepúlveda hace referencia al impacto que los escándalos financieros, como los Panama Papers y Pandora Papers, han tenido en la concienciación pública sobre la magnitud de la evasión fiscal. Estos eventos han impulsado reformas como la «solución de dos pilares» propuesta por la OCDE y respaldada por la G20, aunque, según Sepúlveda, estas reformas han sido insuficientes para abordar las necesidades de los países en desarrollo.
La autora destaca los recientes esfuerzos de Brasil en su presidencia del G20 para proponer un estándar global de mínimo dos por ciento de impuestos para los ultrarricos, una medida que ha sido bien recibida por varias naciones. Este tipo de colaboración internacional, según Sepúlveda, es crucial para movilizar los recursos internos necesarios para hacer frente a desafíos globales como la emergencia climática.
Finalmente, Sepúlveda subraya que sin una reforma fiscal global que obligue a los más ricos a pagar su parte justa, las democracias seguirán enfrentando amenazas existenciales. Invertir en servicios públicos de calidad es, según la autora, no solo una medida para asegurar el bienestar de las sociedades, sino también un «antídoto» contra el extremismo y la polarización política.
- Magdalena Sepúlveda es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional (ICRICT) y Directora Ejecutiva de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Anteriormente se desempeñó como Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los derechos humanos.