El Gobierno acaba de anunciar la creación de un nuevo organismo regulador para la supervisión de la Inteligencia Artificial, la «Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial», que estará adscrita a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial dentro del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y contará con una dotación presupuestaria de cinco millones de euros.

La nueva Agencia Estatal se configura como «ente con personalidad jurídica pública, con patrimonio propio y autonomía en su gestión y potestad administrativa, que actuará con plena independencia orgánica y funcional de las Administraciones Públicas, de forma objetiva, transparente e imparcial, llevando a cabo medidas destinadas a la minimización de riesgos significativos sobre la seguridad y salud de las personas, así como sobre sus derechos fundamentales, que puedan derivarse del uso de sistemas de inteligencia artificial».

La AESIA se regirá por lo establecido en su estatuto orgánico y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Objetivos y competencias

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: promover el desarrollo y uso responsable, sostenible y confiable de la Inteligencia Artificial; la concienciación, divulgación y promoción de la formación; la definición de mecanismos de asesoramiento y atención; la colaboración y coordinación con otras autoridades, nacionales y supranacionales, de supervisión de la Inteligencia Artificial; y el fomento de entornos reales de prueba de los sistemas de Inteligencia Artificial para reforzar la protección de los usuarios. 

Quedan en el aire varias cuestiones: si tendrá capacidad sancionadora, el ámbito competencial para evitar conflictos con otros organismos, como la Agencia Española de Protección de Datos, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia o la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dónde se ubicará, etc. 

Candidaturas para albergar la AESIA

En el marco del Real Decreto 209/2022, de 22 de marzo, promulgado para la descentralización de entidades públicas hasta ahora inexistentes, bajo los principios de vertebración, equilibrio territorial y adecuación al sector de actividad, Galicia se postula como candidata para albergar a este organismo público de nueva creación.

La candidatura de Galicia es impulsada por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia y cuenta con el apoyo de grandes tecnológicas internacionales como Microsoft, Amazon Web Services, Google Cloud, NTT Data o DXC Technology. Asimismo, ha recibido el apoyo de grandes tecnológicas españolas, como Telefónica, Euskaltel-R, Altia o Indra. Cuenta, también, con el impulso de asociaciones empresariales como el Clúster TIC de Galicia, la Cámara de Comercio de Santiago, la Asociación Galega de Software Libre, la Asociación Multisectorial de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación y fundaciones como Fundación Barrié y Afundación, junto con los colegios profesionales de Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática e Ingenieros en Telecomunicaciones de Galicia y empresas que utilizan sistemas de Inteligencia Artificial como Stellantis, Abanca, Grupo Copo, Finsa, Gadisa, Vegalsa o Hijos de Rivera. En total son más de 40 entidades que apoyan la candidatura de la comunidad gallega.

También han expresado su apoyo instituciones públicas, centros tecnológicos y «hubs» de innovación digital como Aimen, Anfaco-Cecopesca, Cetim, CTAG, DIH DataLife, Dihgigal, Energy Lab, Gradiant o el Instituto Tecnológico de Galicia, además del respaldo institucional de la Xunta de Galicia y la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal.

Entre sus infraestructuras, Galicia alberga el segundo supercomputador del Estado, solo superado por el MareNostrum de Barcelona. Se trata del FinisTerrae III, tercera evolución del superordenador del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA). En la actualidad, da servicio a unas 70 empresas. 

A Coruña y su área metropolitana destacan por la fortaleza del sector TIC, concentrando a más de 700 empresas (el 27% del total de Galicia) con más de 7.200 empleos (el 40% del empleo del sector). La candidatura gallega viene reforzada por la presencia del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC) y el Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificia (LIDIA). La duda está entre las ciudades de A Coruña y Santiago de Compostela, si bien todo apunta que la candidata sea A Coruña. La ciudad de Ourense, también se ha postulado como candidata, si bien sus opciones son, prácticamente, nulas.

La otra candidatura es la de Granada. La Junta de Andalucía elaboró un informe de Identificación de las capacidades andaluzas en el ámbito de la Inteligencia Artificial (IA), en el que se identifican hasta 189 entidades con actividad y capacidad de investigación en la materia. De ellas, 110 son firmas, 56 pertenecen al sistema andaluz del conocimiento y 23 son infraestructuras científicas y tecnológicas.

Algunas de las patas que sostienen la esperanza de la Junta de Andalucía para conseguir la sede oficial son: el Parque Tecnológico de la Salud, el centro de Inteligencia Artificial creado por la Universidad de Granada, la creación del ecosistema AImpulsa y la llegada ya confirmada de grandes tecnológicas como Google, Indra o Deutsche Telecom.

Otras candidaturas

Con el tiempo han surgido nuevas candidaturas, como La RiojaAlicante, PalmaÁvila, Burgos o Alcoy. A diferencia de las candidaturas de Galicia y Granada, estas cuentan con menos opciones, si es que tienen alguna. 

Libertad de empresa y seguridad jurídica

El desarrollo de la Inteligencia Artificial en el sector privado se basa en el principio de libertad de empresa y requiere seguridad jurídica.

Las empresas hacen fuertes inversiones para obtener algoritmos y protegen sus códigos como «oro en paño», con la dificultad añadida de que ninguna ley de propiedad industrial o intelectual en España regula de forma explícita los algoritmos, lo que genera dudas en el mercado. Urge una revisión de dichas leyes a fin de procurar seguridad jurídica a las empresas.   

En la práctica, existe la posibilidad de conflicto entre la libertad de empresa y el secreto empresarial y el control administrativo, que pueda ejercer el futuro organismo; por ello, es importante encontrar el equilibrio entre el sector público y el privado y que no se vea a este último como un enemigo, pues un control desmedido puede suponer un desincentivo a la inversión privada.

La previsión del Gobierno es que se designe la sede oficial de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial a finales del año 2022.

Abogado con veinte años de ejercicio profesional. Másteres por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) en Asesoría Jurídica de Empresas y Asesoría Fiscal y Máster en Gestión y Dirección Laboral por la Universidad de Vigo. Responsable de la consultora PROTECCIÓN DATA, especializada en seguridad de la información y programas de cumplimiento normativo.

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