El Gobierno acaba de anunciar la creación de un nuevo organismo regulador para la supervisión de la Inteligencia Artificial, la «Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial», que estará adscrita a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial dentro del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y contará con una dotación presupuestaria de cinco millones de euros.

La nueva Agencia Estatal se configura como «ente con personalidad jurídica pública, con patrimonio propio y autonomía en su gestión y potestad administrativa, que actuará con plena independencia orgánica y funcional de las Administraciones Públicas, de forma objetiva, transparente e imparcial, llevando a cabo medidas destinadas a la minimización de riesgos significativos sobre la seguridad y salud de las personas, así como sobre sus derechos fundamentales, que puedan derivarse del uso de sistemas de inteligencia artificial».

Sus competencias comprenden «actuaciones propias, actuaciones en coordinación con otras autoridades competentes y actuaciones de apoyo a entidades privadas» y se regirá por lo establecido en su estatuto orgánico y en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Es evidente que los algoritmos implican grandes avances por su facilidad para tratar infinidad de datos en tiempo récord, pero hay que reconocer que hay algoritmos que pueden tener un fuerte impacto en la vida de las personas y otros cuyo funcionamiento es opaco a los ojos del usuario, conocidos como algoritmos de «caja negra». Todo ello justifica un cierto control por parte de las autoridades para garantizar los derechos y las libertades de las personas.

El desarrollo de la Inteligencia Artificial en el sector privado se basa en la libertad de empresa y requiere seguridad jurídica. Las empresas hacen fuertes inversiones para obtener algoritmos y protegen sus códigos como oro en paño, con la dificultad añadida de que ninguna ley de propiedad industrial o intelectual en España regula de forma explícita los algoritmos, lo que genera dudas en el mercado. Urge una revisión de dichas leyes, a fin de procurar seguridad jurídica a las empresas.   

Existe la posibilidad de conflicto entre la libertad de empresa y el secreto empresarial y el control administrativo que pueda ejercer el futuro organismo; por ello, es importante encontrar el equilibrio entre el sector público y el privado y que no se vea a este último como un enemigo, pues un control desmedido puede suponer un desincentivo a la inversión privada.

Quedan en el aire muchas cuestiones: si la nueva Agencia Estatal tendrá capacidad sancionadora o no, el ámbito competencial para evitar conflictos con otros organismos como la Agencia Española de Protección de Datos, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia o la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dónde se ubicará, etc.  

En el marco del Real Decreto 209/2022, de 22 de marzo, promulgado por el Gobierno para la descentralización de entidades públicas hasta ahora inexistentes, bajo los principios de vertebración, equilibrio territorial y adecuación al sector de actividad, Galicia se postula como firme candidata para albergar a este organismo público de nueva creación.

La candidatura de Galicia es impulsada por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) y cuenta con el apoyo de grandes tecnológicas internacionales como Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, NTT Data o DXC Technology. También ha recibido el apoyo de las principales tecnológicas españolas como Telefónica, Vodafone, Euskaltel-R, Altia o Indra. Además, cuenta con el apoyo de los colegios profesionales de Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática e Ingenieros en Telecomunicaciones de Galicia y asociaciones empresariales como el Clúster TIC de Galicia, la Asociación Galega de Software Libre, la INEO, la APD o la Cámara de Comercio de Santiago y fundaciones como Cruz Roja, Afundación, la ONCE y Fundación Barrié, junto con grandes empresas de otros sectores que utilizan sistemas de Inteligencia Artificial como Stellantis, Abanca, Grupo Copo, Finsa, Gadisa, Vegalsa o Hijos de Rivera. En total son más de cuarentas las entidades que apoyan la candidatura de la comunidad gallega.

También han expresado su apoyo instituciones públicas, centros tecnológicos y «hubs» de innovación digital como Aimen, Anfaco-Cecopesca, Cetim, CTAG, DIH DataLife, Dihgigal, Energy Lab, Gradiant o el Instituto Tecnológico de Galicia. Además del respaldo institucional de la Xunta de Galicia y la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal.

A Coruña y su área metropolitana destacan por la fortaleza del sector empresarial TIC, concentrando más de 700 empresas (el 27% del total de Galicia) con más de 7.200 empleos (el 40% del empleo del sector). La candidatura gallega viene reforzada por la presencia del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC) y el Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificia (LIDIA), ambos vinculados a la Universidad de A Coruña, además de la futura Ciudad de las TIC de A Coruña, un macro complejo multidisciplinar promovido por la Xunta de Galicia, la Universidad de A Coruña, el Ayuntamiento de la ciudad, la Diputación provincial coruñesa y el Clúster TIC Galicia. Frente a dicha candidatura, se encuentra la de Granada.

Para sustentar la candidatura de Granada, la Junta de Andalucía elaboró un informe de Identificación de las capacidades andaluzas en el ámbito de la Inteligencia Artificial (IA), en el que se identifican hasta 189 entidades con actividad y capacidad de investigación en la materia. De ellas, 110 son firmas, 56 pertenecen al sistema andaluz del conocimiento y 23 son infraestructuras científicas y tecnológicas.

Algunas de las patas que sostienen la esperanza de la Junta de Andalucía para conseguir la sede oficial son: el Parque Tecnológico de la Salud, el nuevo centro de Inteligencia Artificial creado por la Universidad de Granada, la creación del ecosistema AImpulsa, la llegada ya confirmada de grandes tecnológicas como Google, Indra o Deutsche Telecom.

La previsión del Gobierno es que se designe la sede oficial de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial a finales del año 2022.

Abogado con veinte años de ejercicio profesional. Másteres por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) en Asesoría Jurídica de Empresas y Asesoría Fiscal y Máster en Gestión y Dirección Laboral por la Universidad de Vigo. Responsable de la consultora PROTECCIÓN DATA, especializada en seguridad de la información y programas de cumplimiento normativo.

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