Séneca pronunció una frase que, dos mil años después, sigue de actualidad: «Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía». 

La Justicia en España es lenta. No sabría decirles las razones de su lentitud, pero la excesiva litigiosidad y la escasez de recursos en algunas jurisdicciones son algunas de las principales causas. Hacen falta más jueces, no más juzgados, y mayor especialización del Juzgador, que esperemos llegue con los futuros Tribunales de Instancia. 

Sobre la mesa ha estado, en varias ocasiones, modificar el número de partidos judiciales para concentrar los recursos existentes. España se divide en 431 partidos judiciales, una cifra que resulta excesiva y que, además, no responde a las necesidades actuales de la Administración de Justicia, más aún con el sistema actual de gestión de notificaciones (LexNET) y la posibilidad de celebrar actuaciones de forma telemática. Por intereses políticos, la solución no es pacífica. Una alternativa sería mantener la división actual por partidos judiciales, pero avanzar por el camino de la especialización.

Otra solución que lleva años proponiéndose es potenciar los medios alternativos de resolución de conflictos, como la medición y el arbitraje, si bien no terminan de despegar, a pesar de que siempre es mejor «un mal arreglo que un buen pleito».

Otra asignatura pendiente de los políticos es una reforma legislativa valiente que permita establecer procedimientos más sencillos y racionales. 

Dudo que alguien conozca la solución definitiva a la lentitud del sistema judicial, pero quizá la Inteligencia Artificial puede servir para agilizar la carga. Los algoritmos pueden ayudar a reducir la burocracia, realizando labores cotidianas y repetitivas. También pueden actuar como asistentes del Juzgador.  

Varios países de América Latina llevan años avanzando en esta solución para agilizar la Administración de Justicia. Les pongo por caso Colombia que cuenta con PRETORIA, un sistema de Inteligencia Artificial que busca mejorar el proceso de selección de tutelas en la Corte Constitucional. Este sistema clasifica las sentencias de tutela de los jueces de instancia, busca información relevante en los expedientes para el proceso de selección, realiza resúmenes no narrativos sobre las categorías detectadas y genera información estadística sobre el uso de la tutela en el país. PRETORIA ha conseguido una reducción del tiempo destinado a la selección de casos urgentes de noventa y seis días a tan solo dos minutos. Siempre con supervisión humana, el sistema determina el rango de prioridad de cada expediente, generando hasta catorce de los documentos necesarios en dieciséis minutos, lo que llevaría una media de 2,40 horas a un funcionario experimentado. 

Colombia también cuenta con SIARELIS (Sistema con bases de Inteligencia Artificial para la Resolución de Litigios Societarios) que se pone al servicio del Juzgador y de las partes para ayudarles a explorar soluciones en la resolución de conflictos en el ámbito societario.

Otro ejemplo de Inteligencia Artificial aplicada a la administración de Justicia es VICTOR. Este sistema, que se lanzó en el año 2018 para el Supremo Tribunal Federal de Brasil, permite analizar el texto de miles de recursos de apelación, señalando aquellos que cumplen el requisito de «repercusión general», clasificando los recursos por diferentes criterios: relevancia jurídica, política, social o económica. Este sistema también es capaz de ubicar documentos procesales en el acervo de la Corte.

Otro sistema es PROMETEA que nació en el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de Buenos Aires (IALAB) con la colaboración del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Funciona mediante un chat conversacional a modo de asistente virtual. Por el momento analiza infracciones menores, procedimientos de tráfico y políticas sociales como la gestión de subsidios. Con una tasa de acierto del 96%, predice la solución a un caso judicial en veinte segundos. En la dinámica de la Administración bonaerense, esto supone la elaboración de un millar de dictámenes jurídicos en el área de vivienda en cuarenta y cinco días, lo que por un procedimiento normal hubiera significado ciento setenta y cuatro días de trabajo.

El Gobierno de España ha mostrado interés en PROMETEA. En octubre de 2019, responsables de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia visitaron las oficinas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de conocer el sistema. La valoración de las autoridades españolas fue positiva. La ventaja que ofrece el algoritmo de PROMETEA es que es abierto, auditable y trazable.

La Unión Europea dio los primeros pasos en la senda de la aplicación de la Inteligencia Artificial a la Administración de Justicia con la aprobación de la Carta ética europea sobre el uso de la Inteligencia Artificial en los sistemas judiciales y su entorno, adoptada por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) en diciembre del año 2018. El texto está dirigido a empresas que operan prestando servicios legales en el mercado de nuevas tecnologías y a los actores públicos responsables de su diseño y despliegue.

El uso de la Inteligencia Artificial en nuestro país no es algo extraño. La Agencia Tributaria viene usando algoritmos en la lucha contra el fraude fiscal y los servicios de Inspección de Trabajo y Seguridad Social los emplean en labores de inspección. También se emplean los algoritmos en la lucha contra la violencia de género a través del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén).

En el año 2009, la Consejería de Justicia de Cataluña puso en marcha una herramienta algorítmica, llamada RisCanvi, capaz de valorar el riesgo de comisión delictiva en base a 43 parámetros o variables (por ejemplo: si el interno es hombre o mujer, si es joven o mayor, si es la primera vez que está en prisión, si tiene buena conducta, el tiempo de condena, si tiene trastornos mentales, si tiene familia que lo visite, etc). El algoritmo determina si el recluso tiene un riesgo alto, medio o bajo de reincidencia violenta. Las estadísticas de su implantación muestran que la fiabilidad de las predicciones de reincidencia pasaron del 67 % con criterios analíticos únicamente humanos al 75 % con el algoritmo. El sistema es discutido. Existen voces críticas que entienden que los factores analizados por el algoritmo están demasiado ligados a la realidad social de los reclusos y ahondan en su exclusión.

El impacto ético de las herramientas algorítmicas como RisCanvi es inevitable, en la medida en que la elaboración de un perfil penal de una persona y una supuesta decisión automatizada consecuente puede impactar en derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho a la tutela judicial efectiva y a la igualdad de trato. No hay sistemas perfectos, esa es la realidad, como tampoco las decisiones humanas son perfectas. La cuestión está en ponderar todas las variables para alcanzar un resultado justo.

Otro ejemplo de Inteligencia Artificial aplicada en el ejercicio de los poderes públicos es VeriPol. La herramienta está disponible en todas las comisarias de la Policía Nacional y se emplea para detectar denuncias falsas, relacionadas con los delitos de hurto y robo. Analizando el lenguaje de la denuncia, el algoritmo indica la probabilidad de que esta no sea verdad. El proyecto se inició en el año 2014, participando el Ministerio del Interior y las Universidades Complutense de Madrid, Carlos III de Madrid y La Sapienza de Roma. El sistema ha recibido críticas, por un lado, porque su uso requiere formación, y no todos los agentes han recibido ese entrenamiento y, por otro, el algoritmo podría buscar palabras específicas que se usan en determinadas grupos demográficos, dando lugar a discriminaciones.

En cualquier caso, los algoritmos no deciden, sino que constituyen un medio de apoyo a la toma de decisiones del juez. El ejercicio de la potestad jurisdiccional queda en manos del ser humano, así como el diseño, despliegue, uso y supervisión del algoritmo.

En cuanto a la aplicación de la Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia, España parece mirar los toros desde la barrera, observando lo que hacen otros países, a la espera de encontrar una solución para nuestro sistema judicial, cuando en España lo que sobra es talento y capacidad para abanderar el cambio.

A nivel práctico, que me conste, el uso de la Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia se ha limitado a la eliminación de los antecedentes penales, por cierto, con notable éxito.

La única iniciativa del Gobierno de España en favor de la transformación digital de la Administración de Justicia es el Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público, presentado en fecha 12 de septiembre de 2022. Poco es el camino andado.  

La contribución de la Inteligencia Artificial en el campo del Derecho tiene un enorme potencial, si bien no debemos perder de vista que el empleo de algoritmos debe requerir la presencia del ser humano, de su lógica, sentido común y sensibilidad.

La Inteligencia Artificial será un valioso soporte para la labor del Juzgador, en una relación de colaboración que recién empieza, y que requiere de estudio, análisis y debate por parte del legislador, así como una profunda reflexión en términos de ética y de gobernanza; para ello hay que tener claro que la aplicación de los algoritmos debe estar orientada a que la tecnología sea inclusiva, que el sistema sea diseñado pensando en el usuario, en formato intuitivo y amigable y con un lenguaje comprensible y al alcance de todos.

Abogado con veinte años de ejercicio profesional. Másteres por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) en Asesoría Jurídica de Empresas y Asesoría Fiscal y Máster en Gestión y Dirección Laboral por la Universidad de Vigo. Responsable de la consultora PROTECCIÓN DATA, especializada en seguridad de la información y programas de cumplimiento normativo.

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