El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha encomendado a la Inspección General de Servicios del Ministerio auditar los dos contratos adjudicados por emergencia a la empresa Sociedad de Gestión, para la compra de mascarillas durante los peores momentos de la pandemia de la COVID-19.
El órgano, que goza de neutralidad e independencia, hará una auditoria específica del proceso de contratación seguido por Adif, Puertos del Estado y el propio Ministerio y los posibles fallos de control interno para corregirlos en el futuro.
El Ministerio ya ha empezado a recabar información de los distintos centros para esclarecer hasta el último detalle todas las cuestiones relativas a la compra de mascarillas a través de Puertos del Estado y de Adif, y ya se ha remitido un oficio a todos los organismos dependientes del Ministerio para que confirmen que no se han firmado con dicha empresa más contratos.
El ministro ha anunciado que, una vez esté disponible la auditoría, las conclusiones se remitirán directamente a las comisiones de investigación parlamentarias que se hayan constituido, a los órganos judiciales correspondientes y a la opinión pública.
La Inspección podrá hacer los requerimientos de documentación que considere oportunos y tras su análisis, podrá efectuar las entrevistas que considere necesarias, o pedir nueva documentación. Así, se ha generado un marco para escalecer todos los escenarios que puedan arrojar luz sobre todo lo que ha ocurrido, el cómo y el por qué.
Con las conclusiones, la Inspección elevará a los distintos responsables del Ministerio y de las entidades adscritas recomendaciones para la mejora de la organización y los procedimientos para prevenir cualquier riesgo de eventuales situaciones contrarias a la ética e interés público.
Las compras
En concreto, los funcionarios analizarán principalmente la adquisición a Sociedad de Gestión de ocho millones de mascarillas con protección FFP2 por parte de Puertos del Estado y de cinco millones de mascarillas por parte de Adif en marzo de 2020. Ambos contratos se acogieron la tramitación de emergencia prevista en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020.
Las compras se hicieron al amparo de una orden del Ministerio, que estableció un sistema de adquisición centralizada del material de protección para su posterior distribución en el ámbito del transporte ante la dificultad de adquirirlo en condiciones normales de mercado.
En concreto, nueve millones de las mascarillas solicitadas estaban destinadas a trabajadores que prestan servicios en el ámbito del transporte terrestre de viajeros y de mercancías en todo el territorio nacional. Los cuatro millones restantes iban destinados a empresas del grupo del Ministerio:
- 80.000 Adif y Adif-Alta Velocidad;
- 620.000 a Renfe-Operadora;
- 4.800 a la entidad pública empresarial Enaire;
- 102.000 a Aena para su posterior distribución en el ámbito del sector aéreo;
- 1.128.000 al ente público Puertos del Estado y Autoridades Portuarias para su distribución en el ámbito del sector marítimo, incluida a la entidad pública empresarial Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar);
- 2.000.000 a la sociedad mercantil estatal Correos y Telégrafos.
La operación fue fiscalizada tanto por el Tribunal de Cuentas como por la Intervención General del Estado sin que detectaran incumplimientos formales.
Según dicho análisis, Adif fue la entidad que pagó el precio medio más bajo por las mascarillas, a 2,37 euros unidad, seguida de Puertos del Estado, que adquirió cada mascarilla a 2,5 euros.
Las mascarillas llegaron y se distribuyeron convenientemente.
