El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha advirtió este jueves 2 de julio de 2020 que la tasa de impunidad de los defraudadores fiscales es del 80 por ciento, y reclamó que la investigación del fraude fiscal por parte de la Agencia Tributaria se centre en las grandes fortunas y multinacionales.

Así lo indica en un comunicado después de que la Agencia Tributaria publicase que la recaudación de la lucha contra el fraude ascendió en 2019 a 15.714 millones de euros, por encima de los 15.664 millones de 2015, lo que, para Gestha, «supone superar la atonía de los últimos tres años», informa Servimedia.

Sin embargo, para Gestha «esta tasa de impunidad tan elevada indica que la propensión a defraudar continúa siendo muy alta”», y prevé para los próximos meses «una aceleración de la tasa de aumento de la economía sumergida, como suele ocurrir en los periodos de crisis, aunque su volumen disminuya en términos absolutos, precisamente debido a la actual recesión».

En cualquier caso, los técnicos aseguran que «es una buena señal que la mejoría de los resultados en la lucha contra el fraude sea fruto, en parte, de haber desplazado la inspección y las actuaciones de control hacia las grandes fortunas y multinacionales».

Por ello, instan al Gobierno a enviar al Congreso «un ambicioso proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude que incluya un aumento de las competencias y responsabilidades de los técnicos de Hacienda para intensificar el control tributario de los conglomerados empresariales, multinacionales y personas con grandes fortunas».

Asimismo, Gestha considera que otras medidas necesarias serían «la elaboración por expertos independientes de una evaluación oficial de la economía sumergida en España, del fraude fiscal y laboral y de la elusión fiscal; el establecimiento de unos objetivos irrenunciables de reducción de la economía sumergida; la coordinación y colaboración efectiva entre la Agencia Tributaria y las administraciones tributarias de las comunidades autónomas para compartir las mejores prácticas y detectar los focos de fraude y elusión; la creación de una base de datos fiscales única; o la limitación en el uso del dinero en efectivo».

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, «en esta época, de dificultades económicas para los pequeños negocios, la Agencia Tributaria debe centrar la investigación hacia las grandes fortunas y multinacionales que puedan estar evadiendo el pago de impuestos, de forma muy insolidaria ahora que se necesitan ingresos para garantizar las ayudas públicas a personas, empresas y sectores económicos»

Y concluye que «urge aprobar la ley contra el fraude, ya que a medio plazo podrían recaudarse 34.500 millones adicionales cada año».

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