En una sola semana ha desfilado por el Debate del Estado de la Región, por el Ayuntamiento y por La Moncloa —y deja, además, un reguero material: aulas que cierran y que los fondos reconvierten en pisos turísticos.
En una sola semana de septiembre, la huelga indefinida de las escuelas infantiles madrileñas ha obligado a retratarse a las tres administraciones que se reparten su gobierno. Del 7 al 10, decenas de educadoras acamparon con pernocta frente a la Real Casa de Correos, coincidiendo con el arranque del curso y con el delicado periodo de adaptación de los más pequeños. La Comunidad respondió desde la tribuna: el 10, Isabel Díaz Ayuso dedicó parte de su discurso del Debate del Estado de la Región a anunciar medidas para el sector. El Ayuntamiento de Almeida se mantuvo en su línea de no ir más allá de lo que, sostiene, le permiten sus contratos. Y el Estado tomó la palabra el 11, cuando Pedro Sánchez recibió en La Moncloa a la misma plataforma. Tres administraciones, tres respuestas y un conflicto que, cinco meses después de empezar, sigue exactamente igual de abierto.
Porque ese es el dato que ninguna de esas respuestas ha alterado: la huelga arrancó el 7 de abril y cumplió cinco meses el mismo día que las educadoras plantaron sus tiendas en Sol. Lo que ha cambiado en este tiempo no es el conflicto, sino su escala. Ha crecido a la vez en el tiempo, en la jerarquía institucional y en el propio suelo de la ciudad, y conviene recorrer esos tres planos por orden.
Un conflicto que ya no cabe en un pliego
Conviene recordar el origen, que analizamos en abril. La red pública de escuelas infantiles de Madrid opera mayoritariamente bajo gestión indirecta: la administración mantiene la titularidad y cede la explotación a empresas privadas mediante concurso. La letra pequeña de esos contratos ha permitido que, pese a la firma del nuevo convenio del sector en 2025, los salarios de las trabajadoras no se actualicen. Sobre esa base, tres reivindicaciones: subida salarial, bajada de ratios y la implantación de la «pareja educativa» —dos profesionales por aula—.
Cinco meses después, lo relevante no es que las tres demandas sigan sobre la mesa, sino que se han desacoplado. Cada una corre ya por un carril distinto, y solo una permanece completamente atascada.
Las tres demandas, por caminos distintos
La de las ratios ha migrado de Madrid al Estado. En julio, el Ministerio de Educación planteó modificar el Real Decreto 132/2010 para fijar nuevos máximos en el primer ciclo: cuatro niños por educador de cero a un año, seis de uno a dos y ocho de dos a tres. La plataforma celebró la iniciativa, aunque advirtió de que su efecto dependería «única y exclusivamente» de que cada comunidad la aplicase.
Merece la pena situar esas cifras: la propuesta ministerial (4-6-8) queda muy por debajo de lo que hoy permite la Comunidad de Madrid (ocho bebés, catorce niños de uno a dos años y veinte de dos a tres), pero también por encima de lo que exigía originalmente la plataforma (3-5-6). Es un suelo, no un techo. La Comunidad, en todo caso, la ha rechazado de plano y la ha calificado de «cortina de humo».
La pareja educativa ha pasado de reivindicación de máximos a compromiso verbal, primero autonómico y ahora también estatal. La tercera, los salarios dignos, es el nudo. No se ha movido, y sobre su bloqueo se libra la batalla del relato: la plataforma lo atribuye a la falta de voluntad del Partido Popular; la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, remite la solución a otra mesa distinta de la suya —sostiene que el salario se arregla revisando el convenio colectivo, suscrito por patronal y sindicatos—. El mensaje de las trabajadoras es que no volverán a las aulas cobrando el salario mínimo tras cinco meses de huelga.
La trampa de las prórrogas sigue en pie
El mecanismo que señalábamos en abril no solo persiste: se ha consumado. Los contratos imprescindibles de cara a septiembre se prorrogaron, y en la vuelta al curso las educadoras denuncian que los nuevos pliegos han vuelto a salir con las mismas condiciones salariales. Según El Salto, el alcalde José Luis Martínez-Almeida aprobó el curso pasado más de cuarenta prórrogas de contratos de gestión indirecta, lo que impidió trasladar mejoras a unas docentes que siguen cobrando en el entorno del salario mínimo.
Dos apuntes que conviene atribuir con cuidado, no afirmar. El primero: la propia PLEI ha denunciado que el Ayuntamiento habría filtrado a las empresas los datos personales de las trabajadoras que firmaron recursos contra las prórrogas —una acusación grave, todavía sin resolución conocida—. El segundo, más revelador del fondo económico: la patronal Aceim reconoció por escrito no poder asumir siquiera la subida que el convenio ya recoge, de 1245 a 1275 euros brutos; es decir, treinta euros. Si las gestoras no absorben ni ese escalón, argumenta la plataforma, el problema no es el convenio, sino unos pliegos infrafinanciados.
Ayuso responde en el Debate: formación antes que salario
El segundo cambio de escala es de jerarquía, y empieza en la propia Comunidad. Frente a la idea de que el Gobierno regional guardaba silencio, Ayuso dedicó parte de su discurso del 10 de septiembre a las escuelas infantiles. Anunció una oferta de formación permanente «sin precedentes» para las profesionales —cuya excelencia, dijo, debería traducirse en un aumento salarial por parte de las empresas que las contratan— y una revisión del modelo de contratación, a medida que venzan los contratos, para que todos los centros de gestión indirecta tengan dos educadoras por aula, como ya ocurre en los de gestión directa. Los nuevos pliegos incorporarían incentivos para las adjudicatarias que mejoren la retribución de quienes se formen. La Comunidad presumió, además, de un récord de escolarización en el primer ciclo (57,8 por ciento) y del octavo curso gratuito en cerca de cuatrocientas escuelas de la red pública.
El diseño es revelador. La Comunidad se aviene a la pareja educativa y a tocar los pliegos, pero el salario lo enruta por una vía indirecta —un complemento por formación que pagarían las empresas—, sin comprometer dinero público directo sobre la nómina. Y ese es justo el punto que las trabajadoras rechazaron al día siguiente, en la segunda jornada del Debate: se declaran «hiperformadas» y sostienen que no necesitan complementos por formación, sino salarios dignos, y que sin ellos no volverán a las aulas.
Un matiz de rigor sobre ese discurso, por lo demás pertinente para calibrar el resto de anuncios. El cotejo entre la intervención oral y el documento oficial de 51 páginas arroja discrepancias llamativas: donde el texto escrito hablaba de «cnco nuevas escuelas», Ayuso pronunció «cinco mil», multiplicando por mil la cifra. No afecta al paquete del cero a tres, pero invita a tomar las magnitudes del Debate con pinzas.
El telón de fondo es político. Varias crónicas coincidieron en describirlo como el Debate más tenso de Ayuso, con varios frentes abiertos a la vez —el ático, el Gran Premio de Fórmula 1 y las propias educadoras— y con las elecciones autonómicas de 2027 ya en el horizonte. La plataforma lo sabe, y ha avisado de que no le conviene al Partido Popular llegar a la campaña con las familias del cero a tres «de uñas».
El Ayuntamiento: «la ley y la obligación»
La segunda administración implicada, el Ayuntamiento de Madrid, ha combinado gesto y freno. Almeida confirmó reuniones con las trabajadoras y reprochó a la oposición socialista haber hablado menos con el sector que él mismo. Pero el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, marcó el límite: dijo que no trasladaría «falsas promesas» y zanjó que las mejoras no se aplicarían hasta 2028. El matiz decisivo lo aportó él mismo en el Pleno de Cibeles, al reconocer que las empresas gestoras tienen «pulmón suficiente» para asumir la subida —así lo concluyen, dijo, los estudios económicos municipales—, pero que corresponde a ellas aplicarla en virtud del convenio, ya que los contratos funcionan a riesgo y ventura del contratista. Traducido: según la propia cuenta del Ayuntamiento el dinero existe, pero la responsabilidad de gastarlo se deposita en un tercero que, como vimos, alega no poder asumirlo. En ese círculo —el Consistorio que señala a la empresa y la empresa que señala al pliego— lleva atrapada la nómina de las educadoras cinco meses.
La Asamblea: proposiciones sin recorrido
En la Asamblea, el conflicto ha generado más eco que efecto. El PSOE registró una proposición no de ley para crear una red pública de cero a tres «única, coherente» y «financiada y garantizada por la Comunidad de Madrid como administración competente» —una fórmula que sitúa deliberadamente la pelota en el tejado regional—. Más Madrid, por su parte, reclamó por escrito los compromisos que la consejera dijo haber adquirido, y pidió incorporar la pareja educativa, renunciar a las prórrogas y elevar los módulos de financiación, con un «exigimos a Ayuso que dé la cara» de su portavoz, Manuela Bergerot. El problema, para la oposición, es aritmético: con 70 de los 135 escaños, el Partido Popular gobierna en mayoría absoluta, y ninguna de esas iniciativas tiene recorrido real sin su concurso. La Asamblea funciona aquí como caja de resonancia, no como palanca.
El salto a Moncloa: cuando el Estado recibe
Y así llegamos al vértice más alto. El 11 de septiembre, Pedro Sánchez recibía a la PLEI en La Moncloa, con la ministra de Educación, Milagros Tolón. El presidente garantizó el compromiso del Gobierno con una etapa de cero a tres «universal, pública y gratuita», reivindicó una inversión estatal de 670 millones de euros, más de 45.000 nuevas plazas públicas y una escolarización temprana elevada hasta el 56 por ciento, y anunció que el Ministerio trabaja en la actualización de la normativa de ratios y espacios.
El gesto tiene lectura: la presidenta regional no se reunió con las trabajadoras en su acampada; el presidente del Gobierno sí. Pero conviene no confundir la foto con la solución, porque el propio Sánchez cerró el encuentro devolviendo la pelota —llamó a las comunidades autónomas a ejercer sus competencias y a ejecutar los recursos que el Estado transfiere—. Ahí asoma el verdadero problema del conflicto, que es de atribución. La gestión del cero a tres es competencia autonómica y local; el salario se fija en un convenio estatal de patronal y sindicatos; la financiación se reparte entre administraciones. El resultado es un triángulo en el que cada vértice señala a otro: el Estado invierte y pide a la Comunidad que ejecute, la Comunidad enruta el salario por la formación y por el convenio, el Ayuntamiento invoca la ley, y la plataforma insiste en que todo se resolvería metiendo las mejoras en los pliegos que firma Madrid. Cinco meses de huelga son, en buena medida, cinco meses de este reenvío.
De las aulas a los pisos turísticos
El tercer salto de escala es el más silencioso y, para quien mira la ciudad, el más elocuente. Mientras se discute quién debe pagar, el sustrato físico del servicio empieza a desaparecer. Según ha documentado Preferente —en parte a partir de una información de El País—, varias escuelas infantiles que han echado el cierre están siendo adquiridas por fondos de inversión para reconvertirlas en vivienda, buena parte de ella orientada al alquiler turístico. La clave, apuntan, es urbanística: la exigencia de entrada independiente a pie de calle, que estos centros ya cumplen, los convierte en objeto de deseo para los operadores.
Los ejemplos que recoge esa información dibujan el patrón. La Escuela Infantil Kids, en Retiro, habría cerrado tras veinte años de actividad al ser comprada por un fondo para levantar apartamentos. En la calle del Hierro, en Arganzuela, unos inversores habrían transformado una guardería en cinco pisos a la venta por 300.000 euros la unidad, con un beneficio neto estimado en torno al 30 por ciento en pocos meses. Y todo se inserta en una tendencia mayor: la capital acumularía más de 3300 locales comerciales y centros de barrio reconvertidos en vivienda en la última década. Son cifras de parte —de un medio y una promotora— que habría que auditar una a una antes de darlas por firmes, pero el fenómeno, con vecinos de Arganzuela estudiando denunciar obras hechas a toda prisa durante el verano, es demasiado consistente para ignorarlo.
No se trata de afirmar una relación de causa a efecto directa entre la huelga y cada cierre: son fenómenos convergentes, no idénticos. Pero comparten raíz. El mismo agotamiento del modelo —licitaciones que quedan desiertas por no ser rentables, empresas que no ven negocio, plazas que no se cubren— empuja al cierre de aulas; y el mercado inmobiliario, mucho más ágil que la administración, acude a ocupar el hueco. Donde el sector público se retira no queda un solar: queda un activo con entrada a pie de calle. La consecuencia última de no resolver un conflicto salarial es, así, contraintuitiva y brutal: la etapa educativa que las tres administraciones dicen querer universalizar se está desmantelando, ladrillo a ladrillo, y sustituyendo por camas de rotación turística.
Hacia el 14 de octubre: la confluencia
El conflicto entra ahora en una fase de agregación. La lucha del cero a tres se prepara para confluir con una huelga indefinida de toda la educación pública madrileña convocada para el 14 de octubre, que la plataforma lee como la ocasión de construir un frente común desde las escuelas infantiles hasta la Formación Profesional. Habrá que confirmar el alcance real de esa convocatoria, todavía anunciada más que verificada, pero la dirección estratégica es clara: el cero a tres deja de ser un flanco aislado para integrarse en un pulso educativo de escala regional.
Cinco meses después de aquel 7 de abril, la huelga ha dejado de ser un asunto de nóminas y ratios para convertirse en un caso de estudio sobre la gobernabilidad de lo escalar: cómo una disputa laboral que nadie quiere resolver en su nivel de origen asciende hasta la Presidencia del Gobierno sin que eso la resuelva, y desciende al mismo tiempo hasta el catastro, donde sí encuentra quien tome decisiones rápidas. La escuela infantil que hoy no puede pagar a sus educadoras es la misma que mañana aparecerá anunciada, con reformas recientes, en un portal de alquiler vacacional. El futuro de una sociedad, se dice, empieza por cómo cuida a su infancia más temprana. En Madrid, ese futuro se está decidiendo también en una hoja de cálculo de rentabilidad inmobiliaria.
