La Fiscalía Provincial de Madrid solicita tres años y tres meses de prisión para la expresidenta de la comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por un delito de falsedad en documento oficial, ya que el Ministerio Público la considera inductora de la falsificación de un acta «a sabiendas» de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM) «que jamás se produjo» y que exhibió en varios medios y redes sociales «para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse».
El fiscal señala a Cecilia Rosado como autora de la falsificación del acta y pide para ella veintiún meses de prisión, esto es, una pena inferior a la de la expresidenta madrileña porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación, informa Servimedia.
Del mismo modo, imputaba a Enrique Álvarez Conde, quien dirigía el instituto que impartía el máster, como coautor indirecto del delito y le reclamaba tres años y nueve meses de prisión. El profesor ha fallecido y por tanto decae la acusación en su caso. Además pide para María Teresa Feito tres años y tres meses de prisión.
El escrito de acusación ubica en primer lugar a cada uno de los acusados en el cargo que desempeñaba cuando se produjeron los hechos. Así, recuerda que Enrique Álvarez Conde era catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, localizada en el barrio de Vicálvaro (Madrid); María Teresa Feito Higueruela era asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la URJC y Cecilia Rosado trabajaba como personal laboral en la URJC.
Esta última fue nombrada directora del Máster en Derecho Autonómico y Local en octubre de 2011, impartido en el curso 2011–2012, por el Instituto de Derecho Público. El instituto, asociado a la URJC y especializado en estudios jurídicos de posgrado, era dirigido por Álvarez Conde.
La Fiscalía cita en su escrito la información publicada en marzo de 2018 en el periódico digital ‘eldiario.es’ en la que se hacía constar que la alumna Cristina Cifuentes no tenía aprobadas todas las asignaturas ni había presentado el Trabajo Fin de Master (TFM) del Master Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico del Instituto de Derecho Público de la Universidad Juan Carlos de Madrid del año 2011/2012.
«Dada la situación que dicha noticia le provocó a la acusada, Sra. Cifuentes, ésta se puso en contacto con la también acusada Mª Teresa Feito, dado que la misma había sido profesora en la citada Universidad durante años y tenía una buena relación con muchos de sus profesores, el rector, así como con el acusado y catedrático Enrique Álvarez Conde, para que hiciere las gestiones oportunas con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado», añade la Fiscalía.
El representante del Ministerio Público subraya que Feito accedió a lo solicitado por la expresidenta madrileña y que, de acuerdo con Álvarez Conde, «y a sabiendas de que Cristina Cifuentes, no había superado todas las asignaturas, no había hecho el Trabajo Fin de Master y no había procedido a su defensa», decidieron que se confeccionaría un acta a la que se le daría «apariencia de verosimilitud» para acreditar de cara a los medios de comunicación, que la expresidenta de la Comunidad de Madrid había cursado el master con normalidad y superado todos los trámites necesarios para la obtención del título académico correspondiente.
Así, el 21 de marzo de 2018, tras una rueda de prensa dada por el Rector de la Universidad, acompañado por Álvarez Conde y otro profesor, para explicar la versión de la Universidad sobre la noticia publicada, el catedrático de Derecho Constitucional, quien seguía dirigiendo de facto y a todos los niveles el Instituto de Derecho Público, llamó a Cecilia Rosado «dándole instrucciones para confeccionar un acta en la que se reflejase que la acusada Cristina Cifuentes había defendido el Trabajo Final de Máster el día 2 de julio de 2012 ante el Tribunal conformado por la acusada Cecilia Rosado, como secretaria, Clara Souto, como vocal, y Alicia López de los Mozos, como presidente».
Por su parte, Cecilia Rosado, dada la «fuerte jerarquía» existente entre ella y el catedrático y «ante el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo, de no acatar lo que se le pedía», accedió a confeccionar un acta siguiendo las indicaciones recibidas.
Es más, dice el ministerio público, hizo constar «mendazmente» tras los datos de identificación del máster de la alumna Cristina Cifuentes Cuenca el nombre del director, Enrique Álvarez Conde, y miembros del tribunal que: «Reunidos el Tribunal de Evaluación con fecha 2/07/2012, acuerda otorgar al alumno la calificación global de notable (7´5)», estampando en la misma su firma, y otras dos a imitación de la de sus otras dos compañeras, las profesoras citadas Clara Souto y Alicia López de los Mozos.
A continuación creó un correo electrónico a nombre de Álvarez Conde y envió el acta al correo electrónico del rector, Javier Ramos López, «quien ignoraba las manipulaciones realizadas». Ese mismo día, además, de forma «insistente» y «agobiante» María Teresa Feito llamó hasta en veintiuna ocasiones al teléfono personal de Cecilia Rosado «indicándole que aquella situación debería quedar resuelta como fuere y que en caso contrario la acusada Cristina Cifuentes les iba a cortar la cabeza».
Por lo que respecta a las multas, la Fiscalía pide para Álvarez Conde y para Cifuentes veinte meses a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30 mil euros), para Feito quince meses con una cuota diaria de diez euros y para Rosado cuatro meses con una cuota diaria de cinco euros.