La Federación Internacional de Periodistas (FIP) se ha sumado a la condena sindical de las redadas contra organizaciones LGTBI y defensoras de los derechos humanos en Turquía. La operación, iniciada el 13 de septiembre, afecta también a entidades de apoyo a personas con VIH y ha motivado restricciones de acceso a páginas web y redes sociales.
Las actuaciones se desarrollan bajo el nombre «Mi familia está a salvo». Según el ministro de Justicia turco, Akın Gürlek, se han abierto procedimientos contra 162 personas, nueve asociaciones y trece negocios en quince provincias. La cifra corresponde a personas investigadas; no indica cuántas permanecen detenidas.
Las autoridades sostienen que investigan presuntos delitos relacionados, entre otros, con la prostitución y la difusión de contenido obsceno, y presentan la operación como una medida de protección de menores y familias. Las acusaciones están sujetas a investigación y las personas afectadas conservan la presunción de inocencia.
Redadas, bloqueos y preocupación por las garantías
La comunicación remitida por la FIP a esta redacción señala que las redadas alcanzaron domicilios, sedes de asociaciones y espacios comunitarios. También denuncia el bloqueo de cuentas y sitios web de organizaciones LGTBI, medios independientes y activistas, así como la incautación de material digital. La federación advierte de que incluir en la operación a entidades que atienden a personas con VIH puede alimentar una asociación errónea entre vivir con el virus y ser LGTBI, y disuadir de buscar asistencia.
Human Rights Watch documentó actuaciones contra siete organizaciones de defensa de los derechos LGTBI y dos de apoyo a personas con VIH entre el 12 y el 14 de septiembre. La organización informó el día 18 de que 82 personas seguían privadas de libertad por orden judicial, una cifra referida a esa fecha que puede haber cambiado.
La FIP vincula su preocupación por los derechos de asociación y expresión con la situación de la prensa. En una declaración anterior, denunció la detención de la periodista Tuğba Tekerek por un artículo publicado en 2024 sobre el movimiento LGTBI en Georgia.
El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, ha pedido que las investigaciones se basen en pruebas individuales y que se garanticen el acceso a la defensa y la revisión judicial. También recordó que invocar la protección de la familia o de la infancia, por sí solo, no justifica restricciones de derechos fundamentales.
La FIP y las demás organizaciones sindicales firmantes reclaman la puesta en libertad de quienes hayan sido detenidos únicamente por ejercer sus derechos y el fin de las medidas de intimidación contra actividades legítimas de la sociedad civil.
El caso se suma a las preocupaciones sobre la presión ejercida sobre las organizaciones de derechos humanos en Turquía, abordadas anteriormente por Aquí Madrid.
