El Ministerio de Asuntos Exteriores checo impidió a Zdislava Pokorná, del diario independiente Deník N, acceder a una rueda de prensa pese a haber solicitado la acreditación en plazo. El caso trasciende el conflicto entre una redacción y un ministerio: afecta al acceso igualitario a la información y al pluralismo que la Unión Europea se ha comprometido a proteger.
La Federación Internacional de Periodistas denunció el cuatro de agosto de 2026 la exclusión de la periodista Zdislava Pokorná de una comparecencia oficial celebrada cuatro días antes en Praga.
La rueda de prensa había sido convocada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Checa para presentar el futuro de la red de Centros Checos y varios cambios organizativos. La comparecencia estuvo encabezada por el viceprimer ministro y titular de Exteriores, Petr Macinka.
Según la convocatoria oficial, las redacciones interesadas debían solicitar la acreditación antes de las cuatro de la tarde del 29 de julio. Deník N asegura que Pokorná cumplió el plazo y facilitó todos los datos requeridos.
El ministerio rechazó la solicitud. La periodista acudió al palacio Černín, sede del departamento, pero no pudo entrar porque su nombre no figuraba en la lista de profesionales acreditados.
Un veto acompañado de descalificaciones
La respuesta remitida a Pokorná indicaba que posteriormente se organizaría otra rueda de prensa para «medios alternativos y blogs conspirativos». Ante la petición de explicaciones, Exteriores afirmó que pretendía favorecer la diversidad de opiniones y que invitaría a Deník N a ese segundo encuentro.
Durante la comparecencia, Macinka mantuvo esa clasificación. El ministro presentó al periódico como representante de los medios alternativos y conspirativos, al tiempo que defendió que su departamento estaba ampliando el acceso a esas publicaciones.
La FIP recuerda que Deník N es un diario independiente fundado en 2018 que ha investigado casos de corrupción y acoso sexual relacionados con personalidades públicas. No obstante, la documentación disponible no establece que esas investigaciones fueran la causa directa del rechazo de la acreditación.
El incidente tampoco constituye el primer enfrentamiento entre la periodista y el ministerio. Pokorná ya había quedado fuera de otra comparecencia en enero de 2026. Después de aquel episodio, responsables de diez medios checos reclamaron por escrito que el Gobierno garantizara el acceso a la información sin restricciones selectivas.
El acceso informativo, una cuestión europea
El conflicto adquiere una dimensión europea porque afecta a un Estado miembro de la Unión Europea y coincide con la aplicación de un nuevo marco comunitario para proteger la independencia y el pluralismo de los medios.
El artículo once de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho a recibir y comunicar informaciones sin injerencias de las autoridades públicas. También establece que deben respetarse la libertad y el pluralismo de los medios.
La exclusión de una rueda de prensa no permite concluir por sí sola que exista una infracción concreta del Derecho europeo. Sin embargo, sí plantea una cuestión institucional: si una autoridad pública puede decidir qué medios considera legítimos y condicionar el acceso según su línea editorial real o atribuida.
Ese debate se produce después de que la mayoría de las disposiciones del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación comenzaran a aplicarse el ocho de agosto de 2025.
La norma busca proteger la independencia editorial, el funcionamiento de los medios públicos y el pluralismo frente a presiones indebidas. Aunque no regula de forma específica las acreditaciones para ruedas de prensa, proporciona el marco político en el que debe valorarse el trato dispensado a las redacciones por las instituciones de los Estados miembros.
La alerta checa se suma a las preocupaciones recogidas por el Parlamento Europeo sobre el deterioro de la libertad de prensa en distintos países de la Unión.
El sindicato plantea un boicot a Exteriores
El Sindicato de Periodistas de la República Checa considera que la decisión discrimina tanto a la profesional como a su medio. Su presidenta, Ivana Šuláková, sostiene que los representantes del Estado no pueden clasificar a las redacciones como adecuadas o inadecuadas.
La organización exige una explicación pública, una rectificación y garantías de acceso igualitario. Además, ha llamado a los medios checos y a las corresponsalías extranjeras a boicotear las convocatorias del ministerio si este no modifica su actuación y presenta disculpas.
La presidenta de la FIP, Zuliana Lainez, ha respaldado la protesta. Para la federación, permitir que un Gobierno determine qué periodismo considera aceptable supone una interferencia en el trabajo profesional y debilita los principios básicos de la libertad de prensa.
La financiación de los medios públicos aumenta la preocupación
La FIP sitúa el episodio dentro de una tensión más amplia entre el Gobierno del primer ministro Andrej Babiš y los medios independientes, con especial atención a la radio y la televisión públicas.
El Ejecutivo presentó en abril de 2026 un proyecto para suprimir el canon que financia los medios públicos y trasladar sus recursos a los presupuestos del Estado. La federación advierte de que esa modificación podría aumentar la dependencia política y reducir la estabilidad financiera de la radiotelevisión pública.
Miles de ciudadanos se manifestaron en mayo en doce ciudades checas contra la reforma. La FIP también promovió una resolución para proteger los medios públicos del país durante su congreso del centenario.
La controversia checa muestra que la libertad de prensa europea no depende únicamente de impedir agresiones, espionaje o demandas abusivas, materias para las que la Unión ya ha reforzado la protección jurídica de periodistas y activistas.
También exige que las administraciones informen con criterios transparentes y no utilicen las acreditaciones para premiar, castigar o clasificar a los medios. Cuando una institución selecciona a sus interlocutores según la incomodidad de sus preguntas, el perjuicio alcanza al derecho de la ciudadanía a conocer y fiscalizar las decisiones públicas.
