Según un informe emitido por la secretaria de Estado de Servicios Sociales a las comunidades autónomas, alrededor de veinte mil personas mayores, internos en residencias, fallecieron por culpa de la COVID-19.
El informe al que ha tenido acceso Servimedia presentado el pasado miércoles en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia recoge que cerca del 50 % de las muertes de los ingresados, fueron provocadas por el SARS-COv-2 en la primera ola.
Según los datos de este documento, elaborado por el grupo de trabajo sobre residencias creado por el Gobierno y las comunidades autónomas, el 6% de quienes estaban internos en residencias de mayores antes de la pandemia murieron por coronavirus, ya sean confirmados o bajo sospecha.
En concreto, se estima que los mayores que vivían en residencias antes del coronavirus eran 333.920, mientras que la Covid-19 habría provocado la muerte de alrededor de 20.000 mayores en estos centros, lo que arroja un porcentaje del 5,98%.
Este porcentaje sería más alto que en otros países como Escocia (5,5%), Reino Unido (5,2%), Bélgica (5%), Estados Unidos (4,2%), o (Francia (2,5%).
En base al informe, el impacto del coronavirus se produjo mayoritariamente en las residencias de personas mayores, siendo muy inferior la letalidad en los centros de discapacidad o centros de menores y casas de acogida.
La mayor mortalidad se detectó en personas con grado de dependencia reconocido y dentro del Programa Individual de Atención en centros residenciales, siendo de un 7,6%. Según explica el informe, en este caso la mortalidad es más elevada dada la mayor fragilidad de estas personas.
El documento de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales recoge un informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) que señala que esta mayor mortalidad en residencias de mayores puede obedecer a diversas razones más allá de la propia vulnerabilidad que tienen per se las personas mayores frente al coronavirus.
A la edad y las comorbilidades se suman un “entorno cerrado con estrecho contacto con otros residentes” y que el personal de las residencias que los atiende “favorece la transmisión”. A esto se suman los escasos recursos diagnósticos, la “alta carga de trabajo” y una “falta de preparación del personal en cuanto a medidas de prevención y control de la infección”.
El informe dedica una parte a las “lecciones aprendidas” de la pandemia en las residencias y recoge que la incidencia del virus en el territorio en el que se ubica cada residencia “es un factor muy relevante”, y señala como vital que los centros se reorganicen “antes de la aparición de brotes”, de forma que se creen pequeñas unidades de residentes a los que deben atender “preferentemente el mismo personal”.
En este sentido, el informe apunta a que los test de antígenos “pueden ser de muchísima utilidad” para el uso en residencias por la “rapidez en obtención de resultados -entre 15 y 30 minutos-, menor coste y posibilidad de toma de muestra y obtención de resultado sin remitir pruebas a laboratorio”.