La pregunta que nadie hizo
No se trata de negar la transformación que la inteligencia artificial está produciendo en el sector financiero. Está ocurriendo, es real y tiene consecuencias concretas para millones de personas. Tampoco se trata de construir escenarios catastrofistas sobre guerras de recursos o colapsos sistémicos: eso es el territorio de la prospectiva, no del periodismo.
Se trata de algo más sencillo y más incómodo.
En un seminario organizado por una asociación de periodistas económicos, con los máximos responsables de algunas de las principales entidades financieras del país en el atril, nadie preguntó el escandallo.
Nadie pidió a Torres Vila que desglosara cuánto le cuesta a BBVA mantener encendida su infraestructura de inteligencia artificial. Nadie preguntó a Belausteguigoitia si la promesa de no despidos por IA incluye el coste de las licencias que sustituyen a esos trabajadores. Nadie interrogó a Aso sobre qué pasa con el modelo de negocio de Andbank el día que OpenAI decida que la fase de precios de iniciación ha terminado y suba la tarifa a su valor real de mercado.
El seminario de la APIE no es un juicio. Es un foro. Los directivos van a explicar su visión del mundo, no a rendir cuentas. Eso es legítimo y tiene su valor informativo. Pero el periodismo económico existe, precisamente, para hacer las preguntas que el foro no contempla. Para levantar la alfombra debajo del optimismo corporativo y preguntar qué hay debajo.
Debajo del discurso del token como palanca de productividad hay agua, hay suelo, hay cables de alta tensión y hay permisos de organismos públicos que nadie mencionó. Hay una dependencia creciente de infraestructuras tecnológicas cuyos precios fija un oligopolio privado fuera de nuestras fronteras. Hay un modelo que llama «eficiencia» a lo que en realidad es un traslado de costes: del balance de la empresa al territorio, a la red eléctrica, a los acuíferos y, en última instancia, al ciudadano que paga la factura de la luz.
«Dios salve el token», decían, en sustancia, desde el atril.
Alguien tendría que haber preguntado quién lo va a pagar.
Epílogo — Lo que ya está en marcha
No hace falta adivinar el futuro para ver lo que viene. Basta con mirar lo que ya está ocurriendo.
El precio real del token llegará antes de lo que los planes estratégicos de la banca contemplan. No como una decisión puntual de una empresa tecnológica, sino como la consecuencia natural del fin del periodo de subvención: cuando las grandes tecnológicas hayan completado la migración de sus clientes corporativos, el coste de cada consulta, cada análisis y cada proceso automatizado reflejará lo que cuesta de verdad producirlo. Esa factura la pagará, en última instancia, el usuario final de los servicios financieros.
Los grandes consumidores de los centros de datos que España tiene proyectados —o en construcción— ya tienen nombre y apellidos. Son las empresas del IBEX en primera línea: la banca, las constructoras que levantan las naves y las eléctricas que suministran la potencia.
Pero el perímetro real es mucho más amplio. Cada cotizada arrastra consigo un ecosistema denso de proveedores, filiales, gestoras, aseguradoras, consultoras y plataformas de servicios que dependen de sus decisiones tecnológicas y que replicarán, escalonadamente, la misma adicción al token.
El consumo masivo de cómputo no será solo el de los consejos de administración del IBEX: será el de toda la cadena que los sustenta. Y esa cadena incluye a empresas medianas, cooperativas de crédito, mutuas y gestores de activos que llegarán al mercado del token sin el músculo negociador de los grandes, pagando el precio que otros hayan fijado.
La gobernanza soberana va a sufrir una presión sin precedentes. Los Estados miembros de la Unión Europea tendrán que arbitrar simultáneamente tres frentes que hoy compiten entre sí: la regulación del uso de la inteligencia artificial, la ciberseguridad de las infraestructuras críticas y la custodia de los datos de los ciudadanos. Ninguno de los tres admite delegación en un actor privado sin pérdida de soberanía efectiva. Y los tres exigen recursos públicos —técnicos, jurídicos, presupuestarios— que los Estados llevan años adelgazando.
Los recursos son finitos. El agua de las Confederaciones Hidrográficas, la capacidad de transporte de Red Eléctrica y el suelo industrial de los municipios son magnitudes físicas con límite. Cuando ese límite se haga visible —en forma de denegación de licencia, de corte de suministro o de disputa entre un centro de datos y un regante— la conversación que no se tuvo en el Palacio de la Magdalena tendrá que celebrarse, esta vez sin el vino de los cócteles.
Y como en la Edad Media, el Dios del Token solo concederá indulgencia a quienes puedan pagarla. La banca, las grandes corporaciones y los fondos de inversión tienen músculo para negociar contratos de energía directos, construir infraestructura propia y asumir el encarecimiento del cómputo sin que les tiemble el balance. El ciudadano, la pyme, el hospital público y el investigador universitario competirán por los mismos recursos con las manos vacías.
La pregunta no es si esto va a ocurrir. La pregunta es si alguien en los próximos seminarios de la APIE tendrá el valor de formularlo en voz alta.
