La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) califica de «nuevo revés jurídico a los derechos de las personas migrantes» una sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas que archiva de manera definitiva una denuncia contra el hacinamiento de personas migrantes en el puerto canario de Arguineguín.

En el muelle de ese puerto llegó a haber más de dos mil personas, muchas de ellas durmiendo a la intemperie, tumbadas sobre el asfalto y con acceso mínimo a aseos o baños, y aunque el fallo reconoce que la situación en la que se encontraban las personas era lamentable, concluye que «no había alternativa, no era posible prever tan masiva llegada».

CEAR argumenta en cambio que ya en el informe ‘Migración en Canarias, la emergencia previsible’, se advertía del aumento de llegadas en la ruta canaria, al igual que en otros informes, y que fue la falta de preparación del sistema de acogida y la paralización de los traslados a la Península la causa de que tantas personas permanecieran retenidas en condiciones infrahumanas.

Asimismo, la Audiencia Provincial tampoco ha considerado que se incurriese en un delito de detención ilegal, a pesar de que el máximo legal para la retención de una persona está fijado en 72 horas y en Arguineguín hubo muchas personas que pasaron semanas retenidas, sobrepasando ampliamente el límite legal establecido.

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