La Agrupación Reformista de Policías (ARP) considera que las concentraciones y manifestaciones que han protagonizado estos días miles de miembros de sindicatos policiales, arropados por líderes políticos de la derecha española, son un «mal en este país» derivado de «políticas sobre seguridad ciudadana aprobadas sin consenso, un factor de riesgo para gobiernos, ciudadanía y para los funcionarios neutrales que quieren evitar un uso partidista de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La ARP, que se define como una «organización inequívocamente defensora de los derechos humanos, con vocación reformista y progresista», defiende la derogación de la actual ley de seguridad ciudadana considerada mejorable, perjudicial en muchos apartados para los propios miembros del Cuerpo de Policía Nacional y la ciudadanía en general, y sostiene que «afrontan con firmeza unos valores y principios democráticos, que no son tenidos en cuenta por el Ministerio del Interior y por la Dirección General de la Policía».
Explican esta afirmación en que los «acontecimientos que sucedieron en Ceuta con los menores devueltos a Marruecos; los actuales en Cádiz y el acoso y asedio de las inmediaciones de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, demuestran una inseguridad política en órdenes y directrices débiles y desconcertantes que emanan del gabinete del ministerio del interior y desde la DAO, que acaban convirtiéndose en desconfianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y en el conjunto de la sociedad».
Agregan que «ello propicia que sectores interesados en rechazar un cambio necesario y adecuar al Cuerpo de Policía Nacional a futuras reformas organizativas (derogación ley mordaza, ley de personal y de representación sindical) permitan en estos tiempos interactuar a políticos para agitar un cambio de gobierno y frenar estas reformas necesarias».
Indican que a la ARP «nos han obviado hasta ahora, tanto unos como otros, pero la fuerza de razón democrática se impondrá para permitir una avance en la institución policial que normalice su función como garantes de derechos y libertades y se ‘oxigene’ el actual escenario imperante».
A juicio de este sindicato policial, «mucho se pone en juego en estos momentos para el estado social y de derecho en este país, y la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior están propiciando estas reacciones de miles de funcionarios inmersos en una profunda crisis institucional y sindical sin parangón».
Argumentan que «no se entiende el anuncio de la derogación de la ley mordaza por un diputado, con todos nuestros respetos, que no forma parte del Ministerio del Interior; que la ministra de Defensa salga justificado la presencia del ‘blindado de la UIP’, lo que da prueba de que en Interior debe estar fallando algo que impide en estos momentos que sea el propio ministro quien dé respuesta a todas estas demandas e intenciones del gobierno».
Y reclaman que las posible reformas anunciadas, y las que se puedan incorporar en próximas comparecencias, «deberían tener un componente participativo de magistrados, profesionales de la seguridad, sindicatos y asociaciones policiales, colectivos de abogados, funcionarios de prisiones, colectivos universitarios, sindicatos de clase, formaciones políticas con voluntad negociadora, creando un espacio social donde tengamos cabida todos los que deseamos progresismo, respeto y libertad».
La ARP «en su decidida apuesta por estos deseos y a través de su Órgano Coordinador» anuncia públicamente que «no vamos a permanecer por más tiempo sufriendo las consecuencias del desprecio y olvido de la administración policial por nuestra condición de ‘no representativo’, habiendo presentado desde nuestra humilde y sincera actividad sindical más propuestas que otras formaciones sindicales subvencionadas que juegan un papel de resistencia a estos cambios que nos lleven a desempeñar una labor importante en la función pública, como el resto del funcionariado estatal, derechos y obligaciones hoy en día cercenados por gobiernos conservadores».
Y ante los hechos expuestos y «en evitación de una fractura social, solicita al gobierno en coalición un paso adelante y releven al Ministro del Interior, en el deseo poner fin a una etapa de oscuras decisiones políticas y órdenes contrarias al derecho administrativo que vienen siendo sancionadas por Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo, lo que supone un déficit elocuente de gestión democrática al frente de la seguridad de este país».
Y exigen al colectivo policial neutralidad política en las manifestaciones y concentraciones, evitando «la aparición interesada de políticos de la oposición, tan responsables del caos imperante en las sucesivas leyes existentes que perjudican a nuestras legítimas aspiraciones profesionales».