La asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha trasladado a las presidentas del Congreso y del Senado, y al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPD), que «España y su ciudadanía necesitan un Estado de Derecho completo», y para ello «no puede mantenerse más tiempo la provisionalidad del Poder Judicial».
«Cúmplase la ley, cúmplase la Constitución, renueven la composición del CGPJ», exige la Asociación al expresar la preocupación que produce «el prolongado incumplimiento del art. 122.3 de la Constitución Española, que dispone que el Consejo General del Poder Judicial debe ser renovado cada cinco años, igual que cada cuatro años sucede lo propio con las Cortes Generales», cuando desde el 4 de noviembre de 2018 no se ha procedido a cumplir con tal mandato constitucional.
Señala la Asociación que «es conocido que hubo acuerdos para que [la renovación] tuviera lugar, lamentablemente frustrados por escandalosas revelaciones de unos mensajes instantáneos. Retomadas las negociaciones, seguimos, casi tres años después, ante un flagrante incumplimiento de las obligaciones constitucionales de quienes tienen el deber institucional de proceder a renovar, en plazo, el órgano de gobierno del Poder Judicial».
Añade que «también son públicas las razones que se han ofrecido por el Partido Popular para no proceder a esta renovación, igual que la del Defensor del Pueblo o la del Tribunal de Cuentas. Son cambiantes y, en cualquier caso, insuficientes para hacer dejación de las obligaciones constitucionales que la soberanía popular ha depositado en sus representantes, también cuando están en la oposición».
Agrega que «la pretensión de una reforma previa del sistema de elección no puede ser obstáculo para la renovación. Si debe hacerse, corresponde a las Cortes Generales adoptarla. Pero también es responsabilidad del Congreso y Senado cumplir la Constitución y renovar en plazo, conforme a la regulación vigente en cada momento, el Consejo General del Poder Judicial».
Recuerdan que «hace veinte años se acordó, estando el Partido Popular gobernando y el PSOE en la oposición, un Pacto de Estado sobre la Justicia que diseñó el actual sistema para la designación del Poder Judicial. El pacto se plasmó en una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incumplida desde hace largos meses. El gobierno del Poder Judicial está paralizado porque ni se cumple lo pactado ni se alcanza otro consenso diferente».
Y reclaman «que el Presidente del CGPJ se dirija de nuevo a las Cortes para proceder a su inmediata renovación. Y que las presidencias del Congreso y Senado inicien ya tal proceso, sea cual fuera su resultado. Si hay que hacer cambios en las normas, que se propongan, pero ya tenemos una regulación vigente y aplicable desde hace décadas: la que había el 4 de noviembre de 2018, fecha en la que debería haberse renovado la composición del CGPJ, y que hoy aún está en vigor».
Concluyen que «no es posible seguir tolerando el incumplimiento de la Constitución, de los deberes institucionales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Reclamamos que se dirijan a la dirección del Partido Popular, o de los grupos parlamentarios que sea preciso, para proceder al inmediato cumplimiento de nuestra Constitución y de la ley. Ambas están siendo incumplidas y vulneradas con técnicas de bloqueo inadmisibles en democracia».
Concluyen también que «la situación actual supone además un grave deterioro de la institución, una interinidad que está perjudicando de forma notable a la planificación y ejecución de los proyectos del CGPJ y a su funcionamiento cotidiano, y de ello derivado, un daño irreparable para la Carrera Judicial y el servicio público de la justicia en general».