El mandato constitucional de proceder a la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cada cinco años, hace ya dos años y medio que resulta incumplido, de hecho, finalizó el pasado 4 de diciembre de 2018, señala la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que pide su dimisión en bloque para obligar a los partidos políticos a pactar su renovación. 

Esta asociación judicial, mediante el comunicado de 4 de diciembre de 2018 ya apeló a la responsabilidad institucional de los grupos parlamentarios a fin de que renovasen lo más pronto posible el órgano de gobierno de la Judicatura para evitar su situación de interinidad y el consiguiente daño a la imagen de la Justicia.

También en aquel momento hizo un llamamiento a los vocales del CGPJ para que renunciasen a su cargo y de ese modo facilitasen la renovación de la institución. En esta misma idea se insistió en mayo de 2019, cuando manifestó que la permanencia de los vocales solo le hacía el juego a fuerzas políticas que no cumplen su deber jurídico de renovar en plazo a los órganos constitucionales, debilitando así el funcionamiento institucional de la democracia española.

También en enero de 2020 se reclamó a los grupos políticos representados en el Parlamento que cumpliesen el mandato constitucional de renovar los órganos constitucionales (CGPJ, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo) para asegurar el normal funcionamiento del Estado de Derecho y se señaló que el retraso en proceder a la renovación de los órganos constitucionales cuando abarca largos periodos de tiempo incurre en un fraude institucional que debilita su funcionamiento básico y, en el caso concreto del CGPJ, deteriora su imagen y la confianza depositada por la ciudadanía en la Justicia.

Aún en septiembre y octubre de 2020, la Asociación insistió de nuevo, señalando que por respeto a los ciudadanos a los que representan, se exhortaba a los grupos parlamentarios, especialmente al principal grupo de la oposición (Partido Popular), a que asumiesen sus obligaciones constitucionales y democráticas y articulasen los mecanismos necesarios para la inmediata renovación del CGPJ, del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo conforme con la legislación actual, además de por respeto al Poder Judicial, a los jueces y magistradas que lo integran, y en definitiva a la ciudadanía.

Se proponía esta iniciativa sin perjuicio de que, una vez renovado el CGPJ, «se inicie un estudio serio, sosegado y con vocación de permanencia sobre el sistema de elección de los vocales judiciales al objeto de que, en todo caso, siempre queden representadas todas las sensibilidades así como los jueces y juezas asociados».

Señala Juezas y Jueces para la Democracia que, desde que finalizó el mandato de los actuales vocales del CGPJ, se ha «asistido a la ruptura de las negociaciones políticas para la renovación de sus miembros basada en variadas e injustificables excusas por parte del principal partido político de la oposición. Primero se negó la participación a Unidas Podemos, después se vetó a determinadas personas, luego las elecciones catalanas y las madrileñas dificultaban la negociación, la iniciativa del gobierno de cambiar el sistema de elección (pretensión que fue abandonada) también supuso la ruptura de las negociaciones y finalmente, la pretensión de reforma del nombramiento de los vocales judiciales por los miembros de la judicatura y la tramitación del indulto a los condenados en el marco del ‘procés’ han sido esgrimidas como justificación para la no renovación. Ninguna de esas excusas justifica la falta de responsabilidad institucional y el sistemático incumplimiento de la normativa constitucional».

En conclusión, desde Juezas y Jueces para la Democracia, piden «una vez más, en un ejercicio de coherencia y responsabilidad, la dimisión en bloque de los vocales del CGPJ».

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