La Editorial Masónica ha publicado una nueva edición de Franco y la Masonería. Un terrible enemigo que no se rinde jamás, del profesor Juan José Morales Ruiz, especialista en el discurso antimasónico y en la represión de los masones durante la Guerra Civil y la dictadura.
El volumen estudia una de las obsesiones políticas más persistentes de Francisco Franco: la atribución de los conflictos sociales, políticos e internacionales a un supuesto «contubernio judeo-masónico-comunista». Esta construcción conspirativa acompañó al dictador durante décadas y sirvió para identificar como enemigos de España a colectivos muy distintos.
Según la presentación editorial, Franco nunca fue masón, pero convirtió a la masonería en una presencia constante de sus discursos y artículos. Más de cien de esos textos aparecieron firmados con distintos seudónimos. En ellos, el dictador presentaba a las logias como parte de un poder oculto, coordinado y permanente.
La información facilitada sobre la nueva edición no precisa qué modificaciones incorpora respecto a publicaciones anteriores. Por ello, esta reseña se centra en el argumento del libro y en el contexto histórico necesario para comprenderlo.
La masonería antes de la Segunda República
La masonería española no fue una organización única ni un bloque político homogéneo. Estaba dividida en obediencias, logias y corrientes con diferentes orientaciones. Sus miembros tampoco respondían a una disciplina partidista común.
Desde el siglo diecinueve, las logias habían constituido espacios de sociabilidad relacionados con el liberalismo, el republicanismo, el laicismo, la educación y la defensa de la libertad de conciencia. Esta proximidad ideológica explica que numerosos republicanos pertenecieran a la masonería, pero no demuestra que las instituciones republicanas estuvieran dirigidas por ella.
La presencia masónica atravesó etapas de tolerancia, clandestinidad y persecución. Durante la Restauración, las organizaciones católicas integristas y determinados sectores monárquicos difundieron la idea de que los masones actuaban como un poder secreto contrario a la Iglesia y a la nación.
La dictadura de Miguel Primo de Rivera también vigiló y persiguió determinadas actividades masónicas. Por tanto, el discurso antimasónico no nació con Franco ni con la Guerra Civil. El franquismo heredó ese repertorio ideológico, lo radicalizó y lo convirtió en política de Estado.
Las investigaciones promovidas por el Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española han contribuido a diferenciar la influencia social de algunos masones de la existencia, no acreditada, de una dirección masónica unificada de la política española.
Masonería y Segunda República: presencia no significa control
La proclamación de la Segunda República, el catorce de abril de 1931, abrió un marco político favorable a libertades que la masonería había defendido históricamente. La Constitución republicana, aprobada el nueve de diciembre, reconoció derechos civiles, estableció un Estado laico y reguló de una manera nueva las relaciones con la Iglesia católica.
En las Cortes Constituyentes y en distintas instituciones republicanas hubo diputados, ministros, militares, docentes y profesionales vinculados a logias. Las estimaciones sobre su número varían según las fuentes y los criterios utilizados para acreditar la pertenencia masónica.
Sin embargo, esa presencia no permite identificar a la Segunda República con la masonería. Los masones militaron en organizaciones políticas diferentes, mantuvieron posiciones enfrentadas y no actuaron siempre de forma coordinada. La República respondió a una coalición social y política mucho más amplia, atravesada además por importantes conflictos internos.
La identificación automática entre republicanismo y masonería fue, en gran medida, una construcción propagandística. Sectores monárquicos, tradicionalistas, falangistas y del catolicismo político utilizaron el término «masón» como una categoría descalificadora. Con ella podían agrupar a liberales, socialistas, comunistas, docentes laicos y defensores de la República, aunque no pertenecieran a ninguna logia.
Este es uno de los marcos que ayudan a comprender el interés del libro de Morales Ruiz. La masonería que perseguía el franquismo no era únicamente una organización concreta. También era una representación del enemigo, capaz de incorporar a cualquier adversario político o cultural.
El golpe de Estado convirtió la acusación en persecución
Tras el golpe militar de julio de 1936, la represión contra los masones comenzó en los territorios controlados por los sublevados. Las autoridades militares y falangistas ocuparon logias, requisaron documentos y utilizaron archivos y listados para localizar a sus integrantes.
La pertenencia real o atribuida a la masonería podía conducir a la detención, la depuración profesional, la incautación de bienes, la cárcel o la ejecución. La represión no afectó solo a dirigentes políticos. También alcanzó a maestros, funcionarios, militares, comerciantes y profesionales cuya relación con las logias había sido local o se remontaba a años anteriores.
La guerra también desarticuló la actividad masónica en la zona republicana. Muchos masones participaron en la defensa de la República, mientras otros huyeron, fueron asesinados o marcharon al exilio. Esa diversidad de trayectorias vuelve a mostrar que la afiliación masónica no determinó una conducta política única.
La documentación incautada fue concentrada por los organismos represivos franquistas. Una parte importante se conserva actualmente en el Centro Documental de la Memoria Histórica, en Salamanca. Esos fondos permiten estudiar tanto la masonería española como los mecanismos empleados para perseguirla.
Franco y la masonería como enemigo permanente
La victoria franquista no puso fin a la persecución. En marzo de 1940, el régimen promulgó la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo, publicada por el Boletín Oficial del Estado.
La norma presentó la masonería y el comunismo como fuerzas responsables de la decadencia nacional y sometió su persecución a una jurisdicción especial. La ley institucionalizó una represión que ya había comenzado durante la guerra y permitió castigar conductas anteriores a su aprobación.
El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo instruyó expedientes apoyándose, entre otros elementos, en documentos requisados, declaraciones, denuncias y antecedentes de pertenencia a las logias. A estas actuaciones se sumaron los procesos militares, las depuraciones administrativas y la legislación sobre responsabilidades políticas.
El concepto de masonería utilizado por el régimen desbordaba, además, la afiliación formal. En la propaganda franquista, el término podía designar una supuesta red internacional vinculada al liberalismo, el judaísmo, el comunismo, las democracias occidentales y cualquier oposición al nuevo Estado.
Ahí reside uno de los principales valores del trabajo de Morales Ruiz: estudiar el discurso como instrumento de represión. Las palabras no fueron un complemento retórico de la dictadura. Ayudaron a construir al enemigo, justificaron las sanciones y ofrecieron una explicación conspirativa de los problemas políticos.
Del exilio al reconocimiento legal en democracia
La masonería española sobrevivió principalmente en el exilio y mediante una actividad interior muy limitada. La vigilancia policial, la censura y el estigma social dificultaron cualquier reconstrucción pública durante la dictadura.
El Tribunal Especial desapareció en 1963, pero la masonería continuó fuera de la legalidad. La asociación entre logias, conspiración y antipatriotismo permaneció en el discurso oficial y dejó una huella social que no desapareció con la muerte de Franco en 1975.
La legalización del Partido Comunista de España en abril de 1977 no supuso el reconocimiento inmediato de las organizaciones masónicas. Incluso después de aprobarse la Constitución de 1978, que consagró la libertad ideológica y el derecho de asociación, la Administración rechazó inicialmente su inscripción.
La situación cambió en 1979 mediante resoluciones judiciales que reconocieron el derecho de las organizaciones masónicas a inscribirse legalmente. La democracia eliminó así una prohibición heredada de la dictadura, aunque no borró de inmediato décadas de propaganda y desconfianza.
Un libro sobre la fabricación política del enemigo
Franco y la Masonería no interesa únicamente como una historia de las logias. Su asunto central es la utilización política de una teoría conspirativa y su transformación en doctrina oficial, legislación represiva y memoria social.
La obra invita a separar dos realidades. Por una parte, la presencia documentada de masones en la política, el ejército, la educación y la cultura españolas. Por otra, la imagen de una organización omnipotente que controlaba la República y actuaba como causa de todos los conflictos nacionales.
Morales Ruiz es doctor en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha impartido docencia sobre historia de la masonería e Historia Contemporánea de España en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y pertenece al Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española de la Universidad de Zaragoza.
La misma editorial ha publicado también Palabras asesinas. El discurso antimasónico en la guerra civil española, otra investigación del autor centrada en la capacidad del lenguaje propagandístico para señalar, excluir y legitimar la violencia.
La nueva edición devuelve al debate público una cuestión que excede el pasado de la masonería. Explica cómo un régimen puede construir un enemigo absoluto, atribuirle fenómenos muy distintos y utilizar esa ficción para justificar una persecución prolongada.
