El relator especial[1] de las Naciones Unidas para la situación de los derechos humanos en el territorio palestino Michael Lynk, advirtió este jueves que la reciente aprobación dada por el gobierno israelí a la construcción de casi cinco mil nuevas viviendas en los asentamientos del territorio palestino ocupado constituye una grave violación del derecho internacional.

La advertencia se produce al conocerse la decisión de un comité de planificación del Ministerio de Defensa de Israel que, a principios de octubre, aprobó los planes para la edificación de 4948 viviendas más en esos enclaves, y Michael Lynk indica que la respuesta de la comunidad internacional a esta grave vulneración debe ser «con algo más que meras críticas».

Añade que «mientras los asentamientos israelíes siguen devorando la tierra destinada al Estado palestino independiente, la comunidad internacional observa, a veces se opone, pero no actúa. Ha llegado el momento de rendir cuentas».

Con la concesión de este nuevo permiso de construcción, el gobierno israelí ha aprobado más de 12.150 asentamientos este año 2020.  Esta cifra representaría el número más elevado de autorizaciones anuales por parte de Israel, desde que el grupo de activistas Peace Now comenzó su conteo en 2012.

«Si bien Israel abandonó sus planes para la anexión de jure de los asentamientos en agosto, su anexión de facto del territorio palestino continúa a través de este implacable crecimiento de los asentamientos», señala Lynk.

El experto destaca que ambos tipos de anexión del territorio ocupado palestino representan «claras violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y del Estatuto de Roma de 1998 de la Corte Penal Internacional», y afirma que la aceleración del número de asentamientos no hace más que empeorar la situación de los derechos humanos «ya de por sí precaria sobre el terreno».

Desobediencia al Consejo de Seguridad sin consecuencias

El Consejo de Seguridad de la ONU se ha pronunciado repetidamente sobre los asentamientos israelíes, por lo menos en seis ocasiones desde el año 1979, afirmando que son una «flagrante violación del derecho internacional» y que «no tienen validez jurídica».

Pese a que la resolución 2334 del Consejo, aprobada el año 2016, exigía a Israel el cese inmediato y completo «de todas las actividades de asentamiento», desde 2017 el coordinador especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz del Oriente Medio ha informado al Consejo de Seguridad en catorce ocasiones que Israel no ha tomado ninguna medida para cumplir con esta obligación.

Lynk también expresó su profunda preocupación por el reciente acuerdo entre Israel y Estados Unidos según el cual ambos países expanden su cooperación científica, ya que permitirá la financiación conjunta de proyectos en los asentamientos israelíes ilegales.

«Estas modificaciones de los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos e Israel van en contra de la Resolución 2334, que pide a todos los Estados miembros que reconozcan la ilegalidad de los asentamientos y que distingan, en sus tratos pertinentes, entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967», dijo. 

El experto añadió que «si el Consejo de Seguridad habla con autoridad, entonces la desobediencia de las instrucciones del Consejo debe tener consecuencias».

Aumenta la demolición de hogares palestinos

Al mismo tiempo, la aprobación acelerada de los asentamientos provoca un incremento de las demoliciones israelíes de casas y propiedades palestinas.

Según la organización palestina de derechos humanos Al-Haq, durante julio y agosto de 2020 se demolieron 177 propiedades, una cifra similar a las 186 destruidas durante la primera mitad del año.

De acuerdo con las cifras que baraja la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), 136 palestinos fueron desplazados a causa de las 76 propiedades palestinas derrumbadas en septiembre.

Lynk recordó que las demoliciones también violan el derecho internacional humanitario y contribuyen a una «atmósfera coercitiva» en el territorio palestino ocupado.

«La rendición de cuentas debe estar en la agenda», dijo el experto. «Los productos de los asentamientos deben ser prohibidos en el mercado internacional. Se deben revisar los acuerdos, existentes y propuestos, con Israel. Y apoyar la base de datos de la ONU y las investigaciones actuales en la Corte Penal Internacional», destacó.

  1. Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo.
    Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.
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