Una copia del primer informe del Comité de Empresa del Instituto Cervantes, facilitada a esta redacción por José Antonio Sierra Lumbreras, recupera la contribución de los trabajadores a la construcción de la institución: negociación colectiva, formación tecnológica, transparencia y conciliación.
El 29 de noviembre de 1994, el comité de la sede central del Instituto Cervantes aprobó un documento que describía las dificultades del arranque y proponía soluciones. El Cervantes llevaba apenas tres años de vida. La enseñanza, la programación cultural y la atención a los centros dependían de personas que también reclamaban participar en la organización de su trabajo.
José Antonio Sierra y la memoria de Dublín
La procedencia de esta copia enlaza con una trayectoria anterior a la creación del Cervantes. Sierra impulsó y dirigió el Instituto Cultural Español de Dublín, antecedente del actual centro. En una entrevista publicada por Carta España, relató la puesta en marcha del proyecto y su posterior etapa como director en funciones y gestor cultural tras la incorporación al Cervantes.
Su papel como uno de los promotores del Instituto Cervantes aparece también recogido en un perfil periodístico sobre su contribución. La aportación del informe permite poner esa experiencia al servicio de una memoria colectiva: cómo se organizaron quienes sostuvieron las aulas, los servicios y las actividades de la nueva red.
Aquí Madrid ya ha recordado su labor de difusión del cine español en Irlanda. En esta ocasión, el documento que ha facilitado desplaza la atención hacia la vida laboral de la institución. Sierra es la fuente de la copia; el autor del informe es el Comité de Empresa de la sede central.
De los centros heredados a unas condiciones compartidas
La Ley 7/1991, que creó el Instituto Cervantes, contemplaba incorporar centros dependientes de otros organismos. El comité describía las consecuencias laborales de aquella integración: personal de distintas procedencias, modalidades contractuales diversas y responsabilidades que habían cambiado al reorganizarse los centros.
El informe utilizaba el verbo «Cervantizar» para referirse a la transformación de los centros heredados. Sus autores pedían que la homologación alcanzase también a las condiciones de trabajo. La identidad común debía traducirse en reglas que permitieran conocer qué correspondía a cada puesto y cómo podían mejorarse las condiciones del personal.
La negociación de un convenio para sede y centros era la aspiración que el comité definía como más ambiciosa. El documento recoge el papel de Comisiones Obreras en las demandas de negociación y admite que algunas situaciones necesitarían soluciones específicas. Su propuesta buscaba un marco compartido capaz de ordenar esa diversidad.
Información para poder representar
El comité sostenía que no disponía de datos esenciales sobre plantilla, catálogo de puestos, escalas retributivas y contratos. Reclamaba información para ejercer la representación y acuerdos escritos que pudieran mantenerse cuando cambiaran los responsables.
Según el informe, la rotación de interlocutores obligaba a repetir las peticiones y dificultaba dar continuidad a los compromisos. La exigencia de actas y firmas tenía una finalidad práctica: que el resultado de una negociación no se perdiera con la siguiente sustitución.
El documento también reconocía avances. Valoraba la transformación de determinados contratos temporales en indefinidos y la implantación de bonos de comida. La representación del personal trataba de extender las mejoras y hacerlas previsibles mediante criterios conocidos.
La contribución de los trabajadores a la construcción del Cervantes aparece aquí en una tarea concreta: convertir dificultades cotidianas en propuestas de organización y negociación. El informe dejó constancia de esa participación y de las condiciones que sus representantes consideraban necesarias para sostener la actividad cultural.
