El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha firmado hoy junto a instituciones jurídicas y académicas un «Protocolo para el Fomento de un Lenguaje Jurídico Moderno y Accesible» para facilitar el «derecho a comprender» de la ciudadanía «que no debe ser solo una aspiración» y necesita para ello una respuesta institucional adecuada.

Juan Carlos Campo ha señalado hoy que «el lenguaje jurídico tiene que jugar a favor de los derechos de los ciudadanos que se relacionan con la Justicia», en la firma del Protocolo llevada a cabo hoy en el Palacio de Parcent (Madrid), en una iniciativa promovida por Ministerio de Justicia, junto con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Real Academia Española (RAE) y otras instituciones jurídicas y académicas relevantes.

El Protocolo prevé la creación de una Comisión para la claridad y modernización del lenguaje jurídico y que las instituciones participantes promuevan la firma de un convenio para concretar las actuaciones y compromisos, generales o bilaterales.

Para desarrollar esta iniciativa se creará una Comisión de Seguimiento, para el cumplimiento, control e interpretación de lo establecido. Para ello, se formarán distintos grupos de trabajo, que deberán dar cuenta de sus avances. Además, de forma bianual, se contempla la creación de los premios al buen uso del lenguaje jurídico.

En la firma del Protocolo han participado, además del ministro de Justicia, Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ; Dolores Delgado, fiscal general del Estado; Santiago Muñoz Machado, director de la RAE; Rafael Navarro, vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Española; Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España; Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España; y Alfonso de Castro, presidente de la Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho de España.

El ministro de Justicia ha recordado la trayectoria de esta iniciativa, desde la creación de la Comisión para la Modernización del Lenguaje en 2009, hasta los impulsos dados desde el CGPJ y la RAE, que posibilitaron la publicación del Diccionario del Español Jurídico, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico y el Libro de Estilo de la Justicia, como respuesta al derecho a comprender, recogido en la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, de 2002.

Campo ha hecho una llamada a «construir un lenguaje eficaz, que valore el uso comedido del lenguaje técnico y que no permita el abuso de un lenguaje plagado de sobreactuación y distanciado de la ciudadanía».

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