El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común ha registrado una iniciativa en el Congreso para acabar con los efectos perversos de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, una norma, impuesta hace ocho años por el PP y conocida como ‘Ley Montoro’, que limita el gastos a las administraciones públicas, en especial a las locales.
La proposición no de ley (PNL) que el grupo parlamentario lleva al Congreso plantea que se «permita a las administraciones públicas abordar la crisis económica y social a la que nos enfrentamos, eliminando toda traba o condición previa tanto para la posibilidad del uso del superávit como para los destinos a los que se pueda aplicar».
Unidas Podemos argumenta esta iniciativa en que la pandemia producida por la COVID-19 «ha implosionado en una tremenda crisis sanitaria y, como consecuencia de ella, también en una devastadora crisis social que empuja a millones de ciudadanos y ciudadanas a una situación de vulnerabilidad».
Consideran que «solo una decidida política de inversión pública -inciden- puede ayudar a contrarrestar los efectos de esta brutal crisis social», ya que «es ineficaz que en estos momentos el dinero público esté paralizado en los bancos cuando tan necesario es invertirlo en las personas», y denuncian que ahora, además, «los bancos pretenden cobrar a las corporaciones locales comisiones por ese dinero que está depositado y sin que se pueda gastar por esa regla de gasto», algo que se aplicaría sobre cerca de veintisiete mil millones de euros inmovilizados.
La PNL recuerda que el PP decidió aplicar la regla de gasto impuesta por la Unión Europea (UE) por la crisis de 2008 de forma «muy diferente al resto d Europa». Así, en la UE se destinó «al conjunto de las administraciones públicas, no a cada una de ellas por separado como se impuso en nuestro país, y su incumplimiento, además, no conllevaba sanciones como las que Montoro se empeñó en aplicar a nuestras corporaciones locales».
De ahí que Unidas Podemos plantee en la parte propositiva de su iniciativa que hasta que se logre cambiar en profundidad la ley en el Parlamento, «el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Financiación Autonómica y Local comunicarán a las comunidades autónomas y corporaciones locales la suspensión de las normas coercitivas que se aplican ante el incumplimiento de las reglas fiscales y, en concreto, de la regla de gasto, para que puedan abordar las políticas necesarias para proteger a la población de las consecuencias de la pandemia».
«En este sentido -añade la proposición no de ley-, se procederá a modificar la Guía de Interpretación de la Regla de Gasto para que los gastos extraordinarios y refuerzos en la contratación derivados de la crisis en servicios sociales y promoción social, atención a las personas, limpieza, desinfección, seguridad ciudadana y materiales de seguridad de empleados municipales no computen con las reglas de estabilidad y techo de gasto».
Cabe recordar que antes del estallido de la pandemia, la deuda de las corporaciones locales había descendido «en un once por ciento de media en el último año, algunas la han reducido a proporciones mínimas, incluso a cero, siendo además las administraciones públicas que más han aportado en la reducción del déficit público».
Unidas Podemos completa las propuestas concretas plasmadas en su proposición reclamando «superar los límites de la masa salarial, al amparo de lo anterior, para la contratación de personal con carácter temporal y extraordinario en servicios esenciales gestionados directamente por las entidades locales».