La Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de mayores en Madrid durante la pandemia ha hecho publico un informe que supone un paso crucial para enfrentar las deficiencias en el sistema y aboga por una transformación urgente que garantice la dignidad, la salud y los derechos fundamentales de los más vulnerables en la sociedad.
En abril de 2023, la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid fue constituida ante la aparente indiferencia de las autoridades políticas y judiciales para investigar lo ocurrido con los mayores en residencias durante el inicio de la pandemia.
El informe arroja luz sobre una de las páginas más oscuras de la crisis sanitaria, en la que según los datos recabados 9470 personas mayores fallecieron en los primeros dos meses, representando el 21,5 por ciento de los residentes en dichas instalaciones.
Madrid, la comunidad autónoma con más fallecidos por la COVID-19 en residencias, se convirtió también en el epicentro del exceso de mortalidad en Europa. El informe critica la respuesta institucional como «decepcionante», marcada por la falta de transparencia y la negativa a investigar y reconocer el alcance del desastre.
La investigación se basó en una amplia gama de fuentes, incluidos datos oficiales, informes de organizaciones, testimonios de familiares y trabajadores, y revela una serie de fallos críticos:
- Residencias mal preparadas con infraestructuras obsoletas y personal insuficiente y mal pagadas
- Decisiones organizativas inadecuadas que agravaron la crisis, incluido el bloqueo de traslados hospitalarios.
- Falta de coordinación y recursos, y una gestión deficiente de la información hacia los familiares de los residentes.
La llamada a la medicalización de las residencias, ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, nunca se llevó a cabo efectivamente. En lugar de ello, se implementaron protocolos que bloquearon las derivaciones hospitalarias, basándose en criterios discriminatorios por edad y condición, dejando a muchas personas residentes sin la atención necesaria.
El hospital de campaña en IFEMA, lejos de ser un «milagro», resultó ser más bien un «hospital propaganda», con una utilización ineficaz de los recursos y un impacto mínimo en la mejora de la atención a los residentes de las residencias.
El informe también critica la inacción del Ministerio Público y de las autoridades políticas frente a la magnitud de la crisis y la vulneración de derechos fundamentales, llamando a una revisión profunda del modelo de cuidados y a la adopción de un cambio cultural en la relación con las personas mayores.
Este documento no solo pide cuentas y cambios inmediatos en la gestión de las residencias de mayores, sino que también insta a una reflexión profunda sobre cómo la sociedad y sus instituciones ven y tratan a las personas mayores, demandando un compromiso firme contra la discriminación y el abandono.
Como conclusión, la Comunidad de Madrid, y por extensión toda España, se encuentra ante una llamada a la acción y la reflexión para rectificar errores del pasado y construir un futuro más justo y humano para las personas mayores.
Carta a la fiscalía y a los jueces
Para dar seguimiento a sus conclusiones, desde la Comisión se ha dirigido una carta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la que se detalla que el contenido del informe ha sido elaborado, tras más de seis meses de extenso trabajo y veinticinco comparecencias, por siete personalidades expertas en derecho, administración sanitaria, epidemiología, derechos humanos o sociología, bajo la presidencia del magistrado emérito José Antonio Martín Pallín.
Señalan que una vez leídas las conclusiones se constata que algo está sucediendo en la judicatura española cuando, «tanto las fiscalías como diferentes juzgados, archivan las diligencias sin tan siquiera investigarlas, con hechos acaecidos tan contundentes», como la decisión política de la Comunidad de Madrid, de poner en práctica los llamados «protocolos de la vergüenza» con el no cumplimiento por parte de la Comunidad de Madrid de la denominada «medicalización» de las residencias, ordenada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como con las más de mil actas de inspección levantadas por la Policía Municipal, en las que se describen las condiciones con las que se encontraron
Acogiéndose a la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia, en lo referente a los principios de transparencia. información y atención a la ciudadanía que recoge, y las conclusiones de la Comisión, se formula una queja sobre la inhibición de las instituciones judiciales a investigar el caso de las muertes producidas en las residencias, exigiendo que sean tenidas en cuentas las conclusiones del informe con el fin de que sean investigados todos lo hechos acaecidos que acabaron con la vida de 7291 de mayores no trasladados a hospitales.
¡Aupa, Mercedes! Yo era lectora de «Liberación» en su día. Ya era hora de que alguien tuviera la valentía de llamar a las cosas por su nombre para que, de una vez por todas, los responsables de aquella masacre tengan que reconocer y asumir cargos y, ya que el mal no se puede deshacer desgraciadamente, al menos y ya sabiendo cuales fueron los fallos, se puedan preparar en condiciones humanas esos lugares donde se supone que han de disfrutar, descansar y estar cuidados nuestros mayores, aquellos que tuvieron que soportar una guerra y/o una posguerra en su día y solo merecen los mejores cuidados para pasar sus últimos años lo más agradablemente posible. Una alegría volver a saber de ti y todo mi apoyo. ¡Gracias!