La huelga indefinida de la educación pública madrileña cierra su segunda semana con un cruce de cartas entre la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades y el comité de huelga.
La consejera, Mercedes Zarzalejo, escribió el viernes 23 de octubre a todo el profesorado para defender que su departamento «nunca ha dejado de dialogar» y que quien no haga huelga debe dar clase con normalidad. Al día siguiente, el Comité de Huelga Mixto respondió con una carta abierta que acusa a la consejera de intentar disuadir a los docentes y de negarse a reunirse con quien tiene la obligación legal de negociar.
El paro, convocado de forma indefinida desde el 14 de octubre para toda la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad de Madrid, mantiene según los sindicatos un seguimiento del 50 por ciento en su segunda semana. La Consejería ha atribuido la protesta a motivaciones «políticas y electoralistas» y da cifras muy inferiores de seguimiento
Qué dice la carta de la consejera
Zarzalejo, al frente de la Consejería desde febrero, plantea su carta como respuesta a las «dos cuestiones» que más le han trasladado los docentes. A la primera, por qué no negocia con los convocantes, contesta que la Consejería sigue reuniéndose con los sindicatos representativos en la Mesa Sectorial y remite al Acuerdo Sectorial del 4 de abril de 2025, firmado por CCOO, ANPE, CSIF y UGT, que según la consejera «sigue vigente hasta 2028» y cuenta con comisión de seguimiento, calendario y «financiación garantizada». Como ejemplo de mejora en marcha cita la carrera horizontal docente, que llevará aparejado «un complemento retributivo adicional», sin precisar su cuantía ni cuándo se cobrará.
A la segunda, si se puede dar clase con normalidad mientras dure la huelga, responde «desde luego»: todo profesor que acuda a su centro y no comunique a la dirección que está en huelga «deberá dar sus clases con normalidad». La carta detalla además que el docente nombrado en servicios mínimos se limita, con alumnos de otros grupos, a garantizar su seguridad y custodia, y que si los servicios mínimos superan las necesidades del centro, el equipo directivo debe reorganizar al personal para que los no huelguistas impartan sus clases.
La réplica del comité de huelga
El Comité de Huelga Mixto, que integran Menos Lectivas, CCOO, CGT, CNT, Queremos FP, Educación Especial Digna, STEM y UGT, se queja de que no ha podido usar canales oficiales para dirigirse al profesorado y de que la consejera escribió a todos los docentes «sin ofrecernos posibilidad de réplica en las mismas condiciones».
En el fondo, el comité sostiene que el Acuerdo de abril de 2025 «no incumbe» a este conflicto: su mandato procede de la asamblea del 24 de junio de 2026, donde se aprobó la tabla reivindicativa. Y recuerda que el artículo 8.2 del Real Decreto-ley 17/1977, sobre relaciones de trabajo, obliga a negociar con el comité de huelga para buscar una solución al conflicto. Que la Mesa Sectorial siga reuniéndose, argumentan, no sustituye ese deber.
Sobre las clases, el comité asegura tener constancia de que en «muchos centros» los servicios mínimos se están nombrando «con carácter abusivo». Apoyándose en la Orden 4252/2026, que los fija, insiste en que su finalidad es evitar «el cierre de los centros educativos», no garantizar su funcionamiento normal, y en que el profesorado que no secunda el paro y tiene guardias asignadas no puede suplir a los huelguistas. En este punto ambas cartas coinciden más de lo que aparentan: las dos limitan la obligación de los servicios mínimos a la custodia del alumnado de otros grupos. La discrepancia está en cómo se aplica en los centros.
Una semana de calle y cargas policiales
El cruce de cartas llega tras una semana de movilizaciones diarias. Según el balance del comité, el lunes 19 unas mil personas se concentraron ante la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, donde participaba en un acto la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. La jornada terminó con cargas de la Policía Nacional para despejar su salida, con varias personas heridas y partes de lesiones, de acuerdo con los convocantes, que han pedido a la Delegación del Gobierno una investigación.
El comité atribuye a Ayuso haber llamado a los manifestantes «coro rociero» y haber vinculado las protestas a sindicatos «untados», y a Zarzalejo haberles acusado de querer «reventar Madrid» y afirmar que «no podemos sentarnos a negociar algo que no se puede alcanzar». La carta de la consejera, en cambio, abre con su «máximo respeto» hacia la profesión docente.
La respuesta llegó el martes 20 por la noche, con una marcha de unas ocho mil personas, según los organizadores, desde la Delegación del Gobierno hasta la Consejería. Siguieron asambleas de zona y acciones en Leganés, en el Museo Reina Sofía y bicicletadas en distintos municipios. El jueves 22, más de cuatro mil personas se concentraron ante la Asamblea de Madrid y por la tarde una manifestación llegó a la Consejería con hasta veinte mil participantes, cifra que el comité atribuye a la Delegación del Gobierno.
La semana se cerró con una asamblea abierta en la Plaza de Oriente con unas 600 personas. Las asambleas docentes, a menudo junto a las familias, han empezado a organizar cajas de resistencia para sostener una huelga que supone pérdida de salario por cada jornada.
Qué reclaman los docentes
- Horario lectivo: un máximo de 17 periodos semanales en Secundaria y FP y 22 en Primaria, con tutorías y coordinaciones incluidas.
- Ratios: 13 alumnos en Infantil, 15 en Primaria, 20 en Secundaria, 23 en Bachillerato y 15 en FP; un orientador por cada 250 alumnos y ratios específicas en Educación Especial.
- Equidad: recursos contra la segregación, recuperación de las aulas de enlace y fin del modelo actual de bilingüismo.
- Salarios: 600 euros más al mes en el complemento específico autonómico y equiparación de FP, PT y AL.
- Burocracia: un auxiliar administrativo a tiempo completo en cada centro.
- Infraestructuras: plan de climatización, retirada del amianto y fin de la construcción por fases.
El contexto presupuestario pesa en el conflicto: según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), la Comunidad de Madrid es la autonomía que menos invierte en educación por alumno, con menos de 6000 euros por matriculado. La ratio fijada este curso para la ESO es de 25 alumnos, cinco por encima de lo que piden los huelguistas.
Las preguntas sin respuesta
Las dos cartas dejan cuestiones abiertas. La consejera habla de «financiación garantizada» para el Acuerdo de 2025 y de un complemento para la carrera horizontal, pero no dice cuánto cobrará cada docente, desde cuándo ni con qué partida. Tampoco explica por qué la Mesa Sectorial exime a la Consejería del deber de negociar con el comité que fija el Real Decreto-ley 17/1977, ni qué parte de la tabla considera «inalcanzable», ni con qué cálculo. Y no ha difundido datos de seguimiento de esta segunda semana que permitan contrastar el 50 por ciento sindical.
Del lado de los convocantes, la tabla reivindicativa no incluye una estimación de su coste total ni de la plantilla adicional que exigirían las nuevas ratios, ni un calendario de aplicación escalonado que sirva de base para una negociación. Tampoco se han documentado públicamente los casos de servicios mínimos abusivos que denuncian.
Tercera semana
El comité mantiene el calendario: el lunes 26, concentración a las 12.00 ante la Consejería, en la calle Alcalá; el miércoles 28, manifestaciones en Leganés, desde la Universidad Carlos III, y en Collado Villalba; el jueves 29, marcha de Atocha a la Consejería a las 18.00 y concierto de la orquesta Profes por la Pública en Getafe; y el viernes 30, asamblea unitaria en la Plaza de España. «No queremos prolongar esta huelga. Queremos que deje de ser necesaria», resume el comité.
