Greenpeace se ha unido al debate social sobre la nueva Ley de Movilidad que se abre en el Congreso a iniciativa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), señalando que el transporte público ha sido un servicio fundamental durante el confinamiento, garantizando el acceso a los puestos de trabajo esenciales, y demanda un mecanismo estable de financiación estatal donde la fiscalidad verde se destine a impulsar el transporte sostenible. 

La organización ecologista propone un fondo de financiación que se nutriría de ingresos procedentes de peajes en autopistas, tasas al transporte contaminante (como la aviación) o aportaciones de grandes generadores de movilidad, como sucede cuando una gran empresa deslocaliza su sede obligando a su personal a desplazarse fuera de la ciudad.

Greenpeace advierte que la demanda del tráfico rodado se ha recuperado mucho más rápido que la del transporte público y recuerda que la contaminación atmosférica supone más de 31.600 muertes prematuras al año en España, según los datos publicados por la Agencia Europea de Medio Ambiente. Por este motivo, la organización ecologista demanda a las administraciones más medidas para evitar los picos de contaminación que agravan la incidencia y letalidad de las enfermedades respiratorias, incluyendo la COVID-19.

Trato desigual a la automoción

Las propuesta de Greenpeace para la Ley de Movilidad supondría dar la vuelta a un esquema de financiación que sigue priorizando los intereses de las industrias más contaminantes. El Ministerio de Industria ha anunciado que destinará al sector de la automoción 10.000 millones de euros procedentes de los fondos de recuperación de la Unión Europea, una cantidad que triplica los 3750 millones prometidos inicialmente en junio para ayudas al automóvil y que se suma a los 1500 destinados a rescatar compañías aéreas.

Estas grandes cantidades contrastan con los fondos dedicados al transporte público, que a día de hoy se limitan a un fondo de 800 millones para el transporte regional y 275 para el urbano, estos últimos aún sin confirmar.

La fiscalidad del diésel, los peajes de las autopistas y las nuevas tasas de la aviación deben servir para dotar de más fondos al transporte público, servicio esencial en las ciudades durante la pandemia, señala la ONG.

«Desde el Gobierno insisten en anunciar un nuevo modelo de movilidad basado en transportes limpios, pero cuando toca repartir fondos la mayor parte se la llevan las industrias más contaminantes, perpetuando un modelo dependiente del coche que se ha demostrado insostenible con el clima y que deja fuera a gran parte de la población», ha declarado Adrián Fernández, responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace, quien lamenta que «demandas tan evidentes como equiparar la fiscalidad del diésel se utilicen como moneda de cambio en los Presupuestos, demostrando la influencia que el sector del motor sigue ejerciendo en la política».

Cinco propuestas para impulsar el ferrocarril

Greenpeace destaca el papel del ferrocarril para descarbonizar el transporte, un sector donde el 85 por ciento de las emisiones proceden del coche y el avión. Ya el pasado mes de agosto la organización reclamó al Ministerio de Ábalos «más trenes y menos aviones» para luchar contra la crisis climática, denunciando los recortes en Renfe tras el confinamiento.

El próximo 2021, coincidiendo con el Año Europeo del Tren, desde Greenpeace se solicita al Gobierno que destine más inversión de los fondos europeos a mejorar el transporte por ferrocarril a través de cinco medidas concretas, que también se han incluido en las propuestas remitidas al MITMA para la Ley de Movilidad. 

  1. Revertir los recortes de horarios producidos tras el confinamiento.
  2. Recuperar los Trenhotel e impulsar los trenes nocturnos a nivel europeo.
  3. Incrementar la cuota de mercancías por tren, actualmente por debajo del 5 por ciento.
  4. Tarifas más accesibles a toda la ciudadanía.
  5. Suprimir los vuelos cortos cuando exista una alternativa competitiva en tren.
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