Greenpeace sostiene que la voracidad y destrucción de los humedales españoles no ha terminado y actualmente se encuentran en seria amenaza de desaparecer otros tres humedales o lagunas únicos e irremplazables: el Mar Menor (Murcia), y los Parques Nacionales de Doñana (Andalucía) y las Tablas de Daimiel (Ciudad Real).
El aviso de Greenpeace se produce porque este 2 de febrero 2023 se celebra el Día Mundial de los Humedales, ecosistemas mixtos (terrestre-acuáticos) imprescindibles para la biodiversidad y el ser humano, dado que son una fuente de agua y alimentos, permiten la recarga de acuíferos y son excelentes sumideros de CO2 que permiten mitigar el cambio climático.
A pesar de ello, señala la organización ecologista, España ha demostrado ser un país que ha despreciado estas joyas de la biodiversidad, las figuras de protección con las que cuentan son insuficientes o quedan, directamente, sobre el papel, y de hecho ya han desaparecido más del sesenta por ciento de los que tenía España en el último siglo.
De semejante aniquilación no se han librado siquiera los mayores humedales del país. Es el caso de la laguna de Antela (Ourense), que estuvo entre las tres lagunas interiores más grandes de la península, junto a la de La Janda (Cádiz) y La Nava (Palencia). Las tres fueron desecadas en los años sesenta del pasado siglo para favorecer la implantación de la agricultura intensiva, sin duda, uno de los mayores atentados ecológicos contra los humedales.
Greenpeace ha analizado la situación de cada uno de ellos:
Las Tablas de Daimiel, un humedal de cartón piedra
Las Tablas de Daimiel, hoy por hoy, ya no existen. En la actualidad, es un parque artificial, con solo el dos por ciento de la superficie inundable original con lámina de agua. Además, está lámina hídrica es mantenida con bombeo de agua subterránea y con un trasvase de agua desde el río Tajo.
El último aporte externo de agua de seis hectómetros cúbicos fue mediante la conocida como «tubería manchega» desde el trasvase Tajo-Segura el pasado verano de 2022, envío hecho usando una canalización que tiene prohibido, por ley, el uso para fines medioambientales, ya que su destino es el abastecimiento humano. Si se ha usado en el Parque Nacional ha sido aprovechando el periodo de pruebas de la canalización. Finalizado éste, si no se cambia la norma, no habrá más agua por esa vía, firmando la sentencia de muerte definitiva de este humedal.
Las Tablas de Daimiel, que cumplirán en 2023 medio siglo como Parque Nacional, tiene un subsuelo formado por turberas naturales. Estas corren el riesgo de arder, como ya sucedió en 2009, por culpa de la desecación y sobreexplotación del agua subterránea de la que se alimenta. Sobreexplotación provocada por el cambio en los cultivos de la zona, pasando de cultivos de secano a una agricultura intensiva e industrial, que devora millones de metros cúbicos de agua todos los años.
Mar Menor, el humedal que murió por el exceso de agua
Como denunció Greenpeace, el agua aportada por el trasvase Tajo-Segura al campo de Cartagena, paradójicamente, ha supuesto la agonía del Mar Menor.
Esta llegada masiva de agua alimenta una agricultura intensiva e industrial en la zona, que se ha incrementado en las últimas décadas, y que vierte agua cargada de nitratos de los fertilizantes que utilizan. Y no son otra cosa que abono, que sobrealimenta el fitoplancton, reproduciéndolo hasta niveles en los que no deja pasar la luz al fondo, provocando eutrofización y anoxia, matando la pradera marina y asfixiando la fauna.
A esto se unen otras presiones como los vertidos mineros, el urbanismo extremo y sus vertidos de aguas residuales sin depurar, el dragado de los fondos para dar paso desde el Mediterráneo a barcos de mayor calado y la ganadería intensiva de la zona. De nuevo, todo un ejemplo de presión antrópica que destruye un enclave único en el mundo por su biodiversidad.
Doñana amenazada también por los regadíos
Doñana es un caso de muerte anunciada de un humedal, se trata de una larga historia de impunidad en la que, junto al regadío legal, prosperó otro completamente ilegal, basado en el arranque sistemático de árboles para plantar frutos rojos en invernadero (fresa, mora, arándano, frambuesa…).
Para su riego, se abrían pozos igualmente ilegales, se construían balsas, se modificaban cauces y se tendían canalizaciones kilométricas que iban esquilmando el agua subterránea, junto con extracciones ilegales para el riego de arroz, maíz, remolacha… Nadie lo paró.
La Junta de Andalucía lo subvencionaba, ayuntamientos como el de Almonte cedían fincas forestales públicas para su cultivo y los políticos, en gobierno y oposición, lo han apoyado.
Junto al poder creciente de los invernaderos, hay que apuntar a otro intocable en España: el turismo. Una urbanización turística, Matalascañas, abrió sondeos para abastecer a su población, fuertemente estacionalizada, lo que fue afectando a las aguas subterráneas. Este verano se secaba Santa Olalla, la mayor de ellas, considerada laguna permanente.
El 24 de junio de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciaba que el Reino de España ha incumplido sus obligaciones al no haber tenido en cuenta (en el Plan Hidrológico 2015-2021) las extracciones de agua ilegales y las de agua para el abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones y al no haber previsto ninguna medida para evitar la alteración de hábitats protegidos.
Aun así, la Junta de Andalucía anunció su intención de legalizar más de mil hectáreas de regadíos ilegales. Iniciativa que recientemente se ha visto paralizada, tras la creación de una comisión bilateral técnica entre el Estado y la Junta de Andalucía, de la que aún estamos pendientes para ver qué soluciones plantea.
Un futuro complicado
«La actividad humana, junto con el cambio climático, están poniendo en peligro el futuro de estos humedales icónicos. El aumento de las temperaturas, la subida del nivel del mar, y el descenso de las precipitaciones son presiones suficientemente importantes para poner en riesgo la supervivencia de estos ecosistemas», ha declarado Julio Barea, responsable de la campaña de aguas de Greenpeace.
Añade que «a ello se suma la presión del ser humano que sobreexplota los recursos hídricos del entorno de los humedales, especialmente para alimentar una agricultura intensiva e industrial insostenible, lo que hace totalmente inviable el mantenimiento de estos enclaves a corto-largo plazo».
Greenpeace, en el marco de su campaña «Salvar el agua», lleva tiempo poniendo sobre la mesa los pasos necesarios para la protección del agua en España.
Las demandas de la organización para salvar los humedales españoles y para garantizar que tanto las personas como los ecosistemas tengan agua en cantidad y calidad pasa por:
- Cambiar la política hidráulica tradicional, centrada en la ejecución de grandes obras.
- Luchar contra el grave estado de contaminación que sufren nuestras aguas continentales (superficiales, subterráneas y costeras).
- Implantar regímenes de caudales ecológicos científicamente establecidos.
- Cerrar el más de millón de pozos ilegales repartidos por todo el territorio.
- Adaptar las políticas forestales a las necesidades del país más árido de Europa.
- Aumentar el presupuesto de gestión forestal que tenga, como centro de la planificación, la protección de los recursos hídricos (ecohidrológica) como medida efectiva de adaptación de los bosques mediterráneos al cambio climático y, por tanto, para la protección de suelo y agua.
- Establecer una hoja de ruta de cara a incrementar la superficie dedicada a la agricultura ecológica y el uso de variedades locales adaptadas al clima.
- Reconvertir el regadío intensivo y superintensivo en explotaciones sostenibles, diversificadas y de bajo consumo de agua.
- Prohibir nuevos proyectos de ganadería industrial y apoyar la producción extensiva, local, de calidad y ecológica.
- Reducir la cabaña ganadera en intensivo en un cincuenta por ciento para 2030.