La ministra de los Pueblos Indígenas de Brasil, Sônia Guajajara, ha firmado un decreto del gobierno federal que revoca un acto administrativo del expresidente Jair Bolsonaro pocos días antes de terminar su mandato, que permitía la tala de árboles en tierras indígenas, informa Agencia Brasil

Publicada en el Diario Oficial de la Unión este lunes 16 de enero 2023, la Instrucción Normativa Conjunta N° 2 , de la Fundación Nacional para los Pueblos Indígenas (Funai) y el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), anuló los efectos de la Instrucción Normativa nº 12 , que aunque fue publicada el 16 de diciembre de 2022, y entraba en vigor el domingo 15, treinta días después de su publicación.

Según la Funai, la medida implementada el año pasado violó la Constitución Federal y el Estatuto del Indio , además de infringir tratados internacionales de los que Brasil es signatario. Uno de estos tratados es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, entre otras cosas, prevé la consulta previa a las comunidades indígenas, lo cual no se estaba cumpliendo, según organismos federales.

«Las instituciones [Funai e Ibama] decidieron revocar [la norma de diciembre] por considerar que violaba artículos constitucionales, ofendía artículos del Estatuto de los Pueblos Indígenas y atentaba contra el principio de consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo», expllica la Funai, en una nota.

Acto revocado

El mes pasado, cuando aún estaba subordinado al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el organismo indigenista justificó la emisión de la primera instrucción normativa asegurando que «establecía los lineamientos y procedimientos para el manejo forestal sostenible en territorios indígenas».

La Funai decía entonces que la autorización a organizaciones indígenas o de composición mixta para desarrollar actividades extractivas en áreas de la Unión de uso exclusivo de diferentes pueblos indígenas permitiría ampliar la «generación de ingresos» en las veredas, y que la regulación del manejo sustentable en áreas indígenas ayudaría a combatir la deforestación ilegal; que se consultaría a las comunidades y que se supervisaría adecuadamente todo el proceso de gestión.

A finales del año pasado, el Ministerio Público Federal (MPF) ya había cuestionado la norma, abriendo una indagatoria para investigar la tala en tierras indígenas. En su momento, la dependencia dio diez días al Ibama ya la Funai para que detallaran los estudios que sirvieron de base para autorizar el manejo forestal.

Nueva gestión

Al anunciar la derogación de la norma que cumplió un mes, la Funai difundió una nueva nota -ya bajo la gestión del gobierno de Lula- en la que afirma haber constatado que los pueblos indígenas afectados tampoco habían sido consultados sobre los emprendimientos o no habían consentido con proyectos de manejo de recursos naturales presentados por organizaciones con composición mixta.

«Así, la Instrucción Normativa [n.° 12, de diciembre] no cumplió con el compromiso internacional asumido por el Estado brasileño al firmar el Convenio 169», sostiene la Funai, y agrega que la instrucción normativa publicada al final del gobierno de Bolsonaro «frontalmente ofendió el usufructo exclusivo de las riquezas del suelo, ríos y lagos existentes en ellos, y ofendió el derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado», ambos previstos en la Constitución Federal.

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