Un pueblo de la sierra de 36.758 habitantes ha crecido durante medio siglo a fuerza de parches sobre un planeamiento preconstitucional. Su mayor salto urbanístico —652 viviendas sobre una dehesa— no llega por un plan general, sino por un atajo regional. Es el retrato exacto de lo que ocurre cuando un municipio decide crecer sin decidir cómo.
Una advertencia de método antes de empezar. Galapagar no se examina aquí en el vacío: pertenece al Clúster 7 de esta serie, la Sierra de Guadarrama —junto a El Escorial, San Lorenzo, Collado Villalba, Torrelodones, Alpedrete o Guadarrama—, un conjunto que comparte el río, el eje de la A-6, las Cercanías de la sierra y una misma tensión entre monte y ladrillo. Ese clúster está todavía por abrir; su análisis conjunto vendrá después. Este artículo es un paso previo: entender una pieza antes de leer el todo.
Primera parte · El municipio que nunca tuvo plan
1. El plan que no existe
Conviene empezar por lo que falta. Galapagar se gobierna, en pleno 2026, con unas Normas Complementarias y Subsidiarias de 1976 redactadas por COPLACO cuando todavía no había Constitución, retocadas en 1989 y hoy, en palabras del propio Ayuntamiento, «completamente desfasadas». No es un detalle administrativo: es el hecho que ordena todo lo demás. Con 36.758 habitantes —la prensa redondea a treinta y siete mil—, Galapagar es de los pocos municipios grandes de la región que nunca ha aprobado un Plan General de Ordenación Urbana en democracia.
No ha sido por falta de intentos. Hubo un avance en 1999, una aprobación inicial en 2005 y, en 2022, la presentación de un nuevo Avance que aspiraba a ser el primero de la etapa democrática: unas dos mil viviendas hasta 2035 y un ochenta por ciento del término protegido. Aquel documento se atascó tras un requerimiento de la Comunidad por defectos de tramitación y, cuatro años después, sigue en fase de avance.
El resultado es un municipio que lleva medio siglo sin la herramienta que sirve, precisamente, para decidir dónde y cómo crece.
2. La mecánica del parcheo
Cuando no hay plan general, el suelo no deja de moverse: se mueve a trozos. Galapagar se ha desarrollado por modificaciones puntuales de las Normas Subsidiarias y unidades de ejecución —Fuente Elvira, La Cerquilla-La Pocilla, Navalonguilla, La Navata—, cada una defendible por separado, ninguna evaluada en conjunto.
La pedanía de La Navata, con su apeadero de Cercanías y cerca del treinta por ciento de la población viviendo en urbanizaciones dispersas por el monte, concentra buena parte de esos expedientes.
Ese goteo tiene un coste silencioso, y son tres los cuellos de botella que tensa. El agua: la EDAR Galapagar-Torrelodones —con un caudal autorizado en torno a los quince mil ochocientos metros cúbicos diarios, unos noventa mil habitantes equivalentes— vierte al río Guadarrama dentro de la Red Natura 2000, y la Comunidad tuvo que autorizar en enero de 2024 casi diez millones de euros para adecuarla.
El monte: buena parte de la población vive en urbanizaciones dispersas en interfaz urbano-forestal, con alto riesgo de incendio y sin parque de bomberos propio —pese a superar los veinte mil habitantes— porque lo cubre el cuerpo regional. Y la carretera: el apeadero de Cercanías está a unos tres kilómetros del casco, de modo que el municipio depende estructuralmente del coche. La factura de sostener ese crecimiento —depurar, proteger el monte, mover a la gente— se paga, en buena parte, en la escala regional.
3. Los Altos de la Navata: el salto de escala
Todo lo anterior era rutina. Lo que rompe la escala es lo aprobado el pasado 25 de junio: el Pleno dio luz verde a una modificación puntual para recalificar 36,5 hectáreas de suelo no urbanizable común —una dehesa madura, con dos hábitats de interés comunitario, lindante con el Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama— y levantar en ella 652 viviendas: 452 en altura, 200 unifamiliares y 21.025 metros cuadrados de usos económicos.
Dos rasgos convierten esta operación en algo más que otra pieza del rompecabezas. El primero es quién está detrás: de la treintena de propietarios, dos inmobiliarias —Alexia Desarrollos e IKASA— reúnen el sesenta y ocho por ciento del suelo, y Ecologistas en Acción sostiene que el consistorio aprobó el proyecto «sin modificarlo».
El segundo es cómo se aprueba: no por el plan que no existe, sino por una Declaración de Especial Relevancia de la Comunidad, un instrumento excepcional que permite autorizar en suelo no urbanizable lo que, en condiciones normales, no cabría construir allí.
Ese es el salto de escala. Un municipio que no ha sabido dotarse de un plan general en cincuenta años ejecuta su mayor transformación urbanística por la puerta de atrás regional. El vacío del plan no se queda vacío: lo llena el promotor y lo rubrica la Comunidad.
4. Quién gana, quién paga, qué se pierde
En la dehesa se pierde más que arbolado. Está el yacimiento «La China» —la antigua fábrica de porcelana ligada a la Real Fábrica del Buen Retiro que fundó Carlos III— con su muro de mampostería en seco. No es un patrimonio menor el del municipio: conserva la iglesia de la Asunción —Bien de Interés Cultural—, los puentes de la Alcanzorla y el Nuevo atribuido a Herrera, la calzada romana y la tumba de Jacinto Benavente; «La China» es una pieza más de ese conjunto.
Sobre el destino social del proyecto, los números hablan solos. Las viviendas protegidas pueden alcanzar los 280.109 euros por ochenta y cinco metros cuadrados, con una renta de acceso de hasta 78.750 euros anuales y sin reserva para empadronados; las libres, según la oposición, podrían superar el millón. Cuesta sostener que esa horquilla fije a la población joven del municipio, que es el argumento con el que se defiende la operación.
Porque el Ayuntamiento la defiende, y su caso merece constar. La alcaldesa, Carla Greciano (PP), sostiene que el proyecto «creará oportunidades», que incluye 298 viviendas con algún tipo de protección, que son cien menos que las que planteó el PSOE en la legislatura anterior y que se compromete a un parque forestal público de más de cuarenta mil metros cuadrados y a reponer el arbolado que se tale.
Frente a ello, Ecologistas en Acción y la coalición Por Galapagar —Más Madrid, Izquierda Unida y Galapagar Importa— han presentado alegaciones y advierten que un proyecto casi idéntico, con 652 viviendas, ya se intentó en 2012, cuando se prometían 3500 empleos y cien millones de inversión; ahora la cifra ha bajado a unos veinticinco millones y sin empleo estable más allá de la obra.
5. La consecuencia de gobernabilidad
La pregunta que ordena la serie no es si conviene o no construir en Los Altos de la Navata. Es otra, más incómoda: qué le pasa a un territorio cuando renuncia, durante medio siglo, a decidir en conjunto cómo crece. Galapagar es la respuesta.
Sin plan general no desaparece la presión urbanística; desaparece el marco para arbitrarla. Cada modificación puntual se decide en su burbuja, sin evaluación acumulada de lo que aguantan el agua, el monte y las carreteras de la cuenca alta del Guadarrama, y el salto mayor acaba llegando por un instrumento pensado como excepción.
Ese es el coste real de crecer sin plan: no una casa de más, sino una dehesa recalificada por goteo, un patrimonio a punto de sellarse y una vivienda «protegida» que pocos vecinos podrán pagar, todo ello resuelto por la vía que evita, precisamente, la conversación que un plan general obliga a tener. Galapagar no ha decidido mal cómo crecer. Ha decidido no decidirlo. Y esa, en urbanismo, es también una decisión —solo que la toman otros.
Segunda parte · La oposición contra Los Altos de la Navata y el mapa de la movilización ciudadana
El desarrollo de Los Altos de la Navata, esbozado más arriba, merece un examen detenido: quién se opone y con qué argumentos, y dónde —y dónde no— se organiza la ciudadanía de Galapagar.
La oposición municipal y las plataformas vecinales han abierto dos frentes —el fondo del proyecto y el procedimiento con que se aprueba— y han dejado al descubierto una asimetría reveladora: en Galapagar se moviliza el urbanismo, y apenas lo demás. Esta segunda parte ordena las alegaciones y traza el mapa de la protesta ciudadana en las cuatro materias que sostienen el día a día del municipio.
1. Las alegaciones contra Los Altos de la Navata
El acuerdo que abre el conflicto
El 25 de junio de 2026, el Pleno aprobó inicialmente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias del Polígono 40, «Los Altos de La Navata», y solicitó la urgencia en la tramitación ante la Comunidad, que ya había concedido al proyecto la Declaración de Especial Relevancia.
El concejal ponente, Ángel Camacho (PP), lo presentó como una «apuesta generacional»: 652 viviendas —casi la mitad acogidas al Plan Joven, según el equipo de Gobierno—, más de 127.000 metros cuadrados de suelo público, un parque forestal de más de cuarenta mil metros cuadrados y una inversión privada estimada por encima de veinticinco millones de euros.
El calendario es la clave del pulso: la información pública se abrió en agosto y la resolución de alegaciones, junto con la solicitud formal de evaluación ambiental a la Comunidad, se sitúa en septiembre. Es ahora cuando se decide.
Ecologistas en Acción y Salvemos La Navata: el fondo
El frente ambiental es el más nutrido. Ecologistas en Acción registró un documento con doce alegaciones generales y cuarenta y ocho de detalle contra la modificación puntual —el llamado «Cercado de La China»—, a las que se sumaron las de la plataforma vecinal Salvemos La Navata.
Su argumento: se recalifica suelo no urbanizable común, una dehesa madura con dos hábitats de interés comunitario lindante con el Parque Regional del Guadarrama, y el proyecto «acepta sin modificarlo» el documento redactado por las dos empresas propietarias del 68 por ciento del suelo. Denuncian, además, la afección al yacimiento de la antigua fábrica de porcelana «La China» y una línea de alta tensión de 400.000 voltios que, a su juicio, el documento ambiental no evalúa como debiera.
Conviene aquí una cautela de dato: Ecologistas habla de «unos mil árboles», pero el expediente no los cuantifica y se remite a un informe ambiental de 2014 que inventariaba 1269 ejemplares y preveía eliminar o trasplantar 845. La cifra redonda es de la organización, no del acuerdo. Lo verificable —y lo que los ecologistas subrayan como agravio procedimental— es que el proyecto se expuso a información pública en pleno mes de agosto.
Por Galapagar: el modelo
La coalición Por Galapagar (Más Madrid, Izquierda Unida y Galapagar Importa) ataca el modelo. Ha reclamado la paralización del proyecto y lo califica de «pelotazo de lujo» que «no aporta ninguno de los beneficios» que el PP lleva prometiendo desde hace catorce años.
Recuerdan que en 2012 el mismo desarrollo se vendió con 652 viviendas, un colegio privado, un centro comercial y un club social, y sostienen que el resultado real será expulsar población: «no va a fijar población galapagueña en el pueblo, sino que va a provocar el éxodo de nuestros jóvenes a otros municipios».
El PSOE: el procedimiento
El grupo socialista, con su portavoz Alberto Gómez Martín, ha ido al fondo del procedimiento más que al planeamiento. Su denuncia es la más incómoda para el Gobierno local: el equipo de Carla Greciano se acogió en abril de 2026 a la «aceleradora urbanística» autonómica —creada por decreto en diciembre de 2025— sin pasar por el Pleno, y el trámite de audiencia posterior se notificó solo al Ayuntamiento.
La comparación que ofrecen es demoledora: en 2012, cuando este mismo proyecto salió a información pública, 307 vecinos presentaron alegaciones; en el trámite de la aceleradora de 2026 no se presentó ninguna, porque —sostienen— nadie fue convocado. «Nadie sabía que el expediente estaba en marcha», resumió Gómez Martín. El PSOE cuestiona también qué protección real ampara a las viviendas «asequibles», que se acogen a las categorías VPP1 y VPP2 de la Comunidad, con precios muy alejados de la VPO clásica.
El hilo que cose a los cuatro actores es nítido: Por Galapagar, Ecologistas y Salvemos La Navata combaten el qué —una dehesa recalificada para vivienda cara—, y el PSOE, el cómo —un atajo regional que esquiva la participación—. No es una disputa nueva: en 2006, la Comisión Europea ya llamó la atención sobre el «urbanismo desbocado» de Galapagar, y en 2015 los propios ecologistas advirtieron que una decisión sobre este ámbito, tomada por el alcalde y no por el Pleno, podía ser nula. Veinte años después, el expediente sigue vivo.
2. El mapa de la movilización ciudadana
Si se observan las cuatro materias que más pesan en la vida del municipio, la conclusión salta a la vista: la energía cívica de Galapagar está concentrada, casi monopolizada, por el urbanismo. En sanidad, educación y movilidad la protesta es más débil, más difusa o directamente delegada. Y esa asimetría, lejos de ser apatía, tiene una explicación de fondo.
Urbanismo: el frente caliente
Es el único terreno con movilización sostenida, organizada y actual. A las plataformas del momento —Salvemos La Navata y las organizaciones que alegan contra Los Altos de la Navata— se suma el precedente de Galapagar Avanza, que se opuso al Avance del Plan General entre 2022 y 2023.
La razón de esta intensidad es que aquí hay una amenaza concreta, localizada e irreversible: una vez talada la dehesa y sellado el suelo, no hay marcha atrás. El urbanismo moviliza porque es donde se decide, de golpe, el futuro físico del municipio.
Sanidad: la escala comarcal
La protesta sanitaria existe, pero apenas se libra en clave puramente local: sube de escala. La Plataforma por la Sanidad Pública de la Sierra de Guadarrama ha convocado concentraciones en El Escorial y Collado Villalba contra el cierre de servicios de urgencias, y en ese relato Galapagar aparece como sede de un SAR que absorbió parte de la demanda desviada de los municipios vecinos. Por encima, las marchas regionales de la plataforma Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid canalizan el malestar general.
El punto de fricción específicamente galapagueño es, otra vez, urbanístico: un análisis crítico del Avance cifraba en 1465 las viviendas previstas junto al propio Centro de Salud, con la consiguiente saturación del ambulatorio. La sanidad, en Galapagar, se moviliza hacia arriba.
Educación: el silencio relativo
Es el área de menor movilización visible. El municipio cuenta con una red densa de centros —públicos como los CEIP Carlos Ruiz, Jacinto Benavente, San Gregorio o La Navata, institutos y varios concertados y privados—, y el debate público gira más en torno a la libre elección y la calidad de cada proyecto que a un conflicto abierto.
No consta una plataforma educativa local activa ni protestas por barracones o supresión de aulas; la presión, de nuevo, es anticipada: la que llegará si el crecimiento previsto satura unos colegios e institutos ya contados. Es un silencio que conviene leer como provisional, no como conformidad.
Movilidad: la reivindicación delegada
Aquí la reivindicación existe, pero la conduce el propio Ayuntamiento ante el Consorcio Regional de Transportes, no una plataforma de usuarios. El Gobierno local ha reclamado mejoras urgentes —la ampliación de la línea 634 hasta el Hospital de Villalba, el inicio de la 643 en la urbanización Las Cuestas— y recuerda a los vecinos que la competencia interurbana corresponde a la Comunidad.
Sobre ese fondo pesan los cortes recurrentes del paso superior de la A-6 y una dependencia estructural del coche: el apeadero de Cercanías está en La Navata, a unos tres kilómetros del casco, y buena parte de la población vive en urbanizaciones dispersas. La movilidad genera queja constante, pero no cristaliza en movimiento.
3. La movilización como radiografía del modelo
La asimetría se explica sola cuando se ordenan las piezas. El urbanismo no es uno de cuatro frentes: es el de aguas arriba. La saturación futura del ambulatorio, de las aulas y de las carreteras de salida hacia la A-6 no es un problema sanitario, educativo o de transporte por separado; es la consecuencia diferida de decisiones urbanísticas que se toman ahora —el Avance del Plan General y, sobre todo, las 652 viviendas de Los Altos de la Navata—. Por eso la ciudadanía que se organiza lo hace donde la decisión aún puede revertirse, y por eso el resto del malestar, cuando aparece, o sube a la escala comarcal y regional (sanidad) o se delega en la administración competente (movilidad).
Dicho de otro modo: en Galapagar no falta descontento en sanidad, educación o movilidad; falta el marco que permitiría vincularlos a su causa común. Ese marco es, precisamente, el plan general que el municipio no tiene. Sin él, cada carencia se vive por separado y el único frente que concentra la protesta es el que ataca la pieza visible —la dehesa—, mientras las consecuencias sistémicas del modelo de crecimiento quedan, otra vez, sin evaluación conjunta.
Tercera parte · Guía ciudadana: vías para intervenir y su relación con la Ley LIDER
Esta guía reúne, de forma ordenada, las vías que el ordenamiento ofrece a los vecinos de Galapagar para participar en la tramitación de «Los Altos de la Navata» y, en su caso, tratar de detenerla, y las sitúa en relación con la Ley LIDER que la Comunidad de Madrid tramita en la Asamblea.
No es asesoramiento jurídico: los plazos, la legitimación y la estrategia concreta dependen de cada caso, por lo que conviene apoyarse en un abogado y coordinarse con las organizaciones que ya trabajan el expediente —Ecologistas en Acción, la plataforma vecinal Salvemos La Navata y la coordinadora Madrid contra la LIDER—, que disponen de argumentario y de equipo técnico. La finalidad aquí es informativa: saber qué puerta se abre en cada fase y cuándo se cierra.
1. Primero, entender el reloj
El calendario manda, porque cada fase abre y cierra ventanas distintas. El Pleno aprobó inicialmente la modificación puntual el 25 de junio de 2026 y solicitó su tramitación urgente a la Comunidad, que ya había concedido al proyecto la Declaración de Especial Relevancia. La información pública se abrió en agosto y la resolución de las alegaciones, junto con la solicitud formal de evaluación ambiental a la Comunidad, se sitúa en septiembre. Después vendrán la aprobación provisional y la definitiva, que corresponde a la Comunidad por tratarse de una modificación de las Normas Subsidiarias. La regla práctica es sencilla: mientras el plan se tramita, la vía es la participación (alegaciones e informes); una vez aprobado definitivamente, la vía es el recurso ante los tribunales.
2. Las vías mientras se tramita (participación ex ante)
Alegaciones en la información pública
Es la herramienta principal en este momento. Cualquier persona —no hace falta ser propietario ni vecino directo— puede presentar alegaciones en el plazo que fije el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por registro del Ayuntamiento o electrónicamente.
La Ley 9/2001 del Suelo de Madrid reconoce que estas alegaciones no obligan a la Administración a estimarlas, pero sí le imponen el deber de responder de forma motivada, y esa respuesta motivada es después la base para recurrir. Ecologistas en Acción ya ha registrado un documento con doce alegaciones generales y cuarenta y ocho de detalle, y Salvemos La Navata otro; sumar alegaciones individuales refuerza el conjunto y multiplica los pronunciamientos que la Administración debe motivar.
Acceso al expediente y a la información ambiental
Antes de alegar conviene pedir el expediente completo. La legislación de transparencia y, sobre todo, la de acceso a la información ambiental (que traspone el Convenio de Aarhus) obligan a la Administración a entregar la documentación —el documento ambiental, los informes sectoriales, la cartografía—.
Es la manera de detectar carencias concretas: por ejemplo, si la evaluación de la línea de alta tensión de 400.000 voltios que atraviesa el ámbito o de la afección a los hábitats de interés comunitario es insuficiente.
Instar protecciones e informes sectoriales
Es una vía poco usada y muy eficaz, porque introduce en el expediente obstáculos objetivos. Cabe solicitar a la Dirección General de Patrimonio Cultural la protección del yacimiento de la antigua fábrica de porcelana «La China» —ligada a la Real Fábrica del Buen Retiro— al amparo de la ley de patrimonio histórico de la Comunidad, que permite a cualquier persona instar la incoación de una figura de protección.
En el plano ambiental, cabe exigir una evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000, dado que la dehesa linda con el Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama y alberga dos hábitats de interés comunitario. La Ley del Suelo contempla, además, que los terrenos con valores arqueológicos, ambientales o culturales acreditados deben clasificarse como suelo no urbanizable de protección, y prevé cautelas frente a la reclasificación de suelos dañados: son argumentos que corresponde valorar a un técnico para el caso concreto.
Participación institucional
Cabe ejercer el derecho de petición ante el Ayuntamiento y solicitar que el asunto se debata en Pleno, y explorar la consulta popular municipal, prevista en la ley de bases de régimen local, si bien esta requiere la autorización del Gobierno de la Nación y es de uso excepcional. Son vías de presión política que acompañan, no sustituyen, a las jurídicas.
3. Las vías tras la aprobación definitiva (control ex post)
Recurso contencioso-administrativo
Aprobado definitivamente el plan y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad, cabe impugnarlo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses desde su publicación. Conviene un aviso técnico: los instrumentos de planeamiento son disposiciones de carácter general, de modo que contra ellos no procede el recurso administrativo de reposición, sino directamente el contencioso.
Impugnación indirecta
Aunque venza el plazo para impugnar el plan, la ilegalidad no queda blindada: al recurrir después los actos que lo aplican —las licencias de obra, los proyectos de urbanización— puede alegarse que el plan del que derivan es ilegal. Es la llamada impugnación indirecta, una segunda oportunidad de control.
Acción pública urbanística
El urbanismo es función pública, y por eso el texto refundido estatal de la Ley de Suelo y la propia Ley 9/2001 reconocen la acción pública: cualquier ciudadano, sin necesidad de acreditar un interés propio, puede exigir ante la Administración y ante los tribunales el cumplimiento de la legalidad urbanística. Es una legitimación amplísima, pensada precisamente para casos como este.
Vía europea y Defensor del Pueblo
Por la afección a la Red Natura 2000 cabe presentar una queja ante la Comisión Europea o una petición ante el Parlamento Europeo, invocando las directivas de hábitats y de evaluación de impacto ambiental; no es una vía rápida, pero Galapagar tiene precedente, pues su urbanismo ya fue objeto de atención europea en 2006. En paralelo, cabe acudir al Defensor del Pueblo.
4. La conexión con la Ley LIDER: por qué corre el reloj
Aquí es donde las dos preocupaciones se enlazan. La Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER) fue aprobada como Proyecto de Ley por el Consejo de Gobierno el 22 de julio de 2026 y se tramita ahora en la Asamblea.
La Comunidad la presenta como una norma para construir más vivienda y reducir la tramitación urbanística de doce a cuatro años, sustituyendo los planes generales por Planes Estratégicos Municipales y centralizando los informes en una Aceleradora Urbanística —el mismo instrumento del que se ha valido «Los Altos de la Navata»—.
La coordinadora Madrid contra la LIDER y Ecologistas en Acción sostienen que la ley elude informes sectoriales, abre atajos de pago y entidades privadas facilitadoras, desprotege el patrimonio y —el punto decisivo— recorta los efectos de las sentencias judiciales sobre el planeamiento.
Conviene una precisión, porque cambia la estrategia: lo que la reforma toca no es tanto la participación ex ante —el Pleno, la información pública y las alegaciones, que se mantienen— como el control ex post, es decir, la acción pública, la nulidad y la impugnación indirecta que se describen más arriba. Dicho de otro modo: la reforma no impide alegar, pero aspira a que sea más difícil tumbar un plan ya aprobado ante un juez.
De ahí la ventana temporal. «Los Altos de la Navata» se tramita bajo la ley vigente, en la que ese control judicial ex post sigue pleno. Actuar ahora —agotar las alegaciones, preparar la eventual impugnación— aprovecha un marco que la LIDER pretende estrechar. Y, a la vez, la tramitación de la ley en la Asamblea abre un segundo frente.
Cómo incidir en la LIDER en su fase actual
El trámite administrativo de alegaciones al anteproyecto ya se cerró en abril de 2026, de modo que la vía es ahora parlamentaria. Caben varias actuaciones: trasladar enmiendas a los grupos parlamentarios de la Asamblea, que son quienes pueden registrarlas; solicitar comparecencias de entidades y expertos en la comisión que estudie el proyecto; ejercer el derecho de petición ante la Asamblea; y, como iniciativa de mayor alcance, promover una Iniciativa Legislativa Popular autonómica, que la ley madrileña de 1986 permite con al menos 50.000 firmas de electores para proponer una regulación alternativa. Sumarse a la coordinadora, que ya agrupa a colectivos vecinales, ecologistas, profesionales y sindicales, multiplica la capacidad de cada una de estas vías.
5. Con quién y con qué cautela
Ninguna de estas vías garantiza por sí sola detener el proyecto, y varias exigen rigor técnico y plazos estrictos; por eso lo eficaz es combinarlas y hacerlo acompañado. Para el expediente de «Los Altos de la Navata», el punto de entrada natural son Salvemos La Navata y Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, que ya han registrado alegaciones y conocen el detalle; para la ley, la coordinadora Madrid contra la LIDER. Y, en todo caso, antes de presentar un recurso conviene la revisión de un abogado, porque de la legitimación y del cómputo exacto de los plazos depende que la puerta siga abierta.
Enlace a la ficha de Galapagar
