Juan de Dios Ramírez-Heredia[1]

¿Están locos sus señorías? Deben estarlo si no han sido capaces de ponerse de acuerdo para encontrar una fórmula que hiciera posible la aprobación del dictamen sobre «políticas sociales» elaborado por la Comisión para la Reconstrucción, tan vapuleada durante su andadura.

Permítanme recordarles que tras la conmoción sufrida por nuestro país como consecuencia de la pandemia ocasionada por la COVID-19, la economía nacional está por los suelos y el producto interior bruto, el PIB como se le conoce popularmente, ha caído, según dice la OCDE, un 23,3 por ciento. Esto supone un fuerte retroceso de la actividad productiva del país cuya principal consecuencia es el aumento del paro y por ende un duro varapalo al estado del bienestar. Es decir que muchos millones de conciudadanos nuestros están al borde de la miseria.

Para poner remedio a los males presentes y a los anunciados, la Mesa del Congreso de los Diputados acordó, el día 7 de mayo, crear una Comisión para la Reconstrucción Social y Económica siendo elegido para presidir sus trabajos el diputado Patxi López. Y para racionalizar adecuadamente sus propuestas, la Comisión creó cuatro grupos de trabajo:

  •      Políticas Sociales y Sistema de Cuidados
  •      Unión Europea
  •      Reactivación Económica
  •      Sanidad y Salud Pública

No me extenderé en hacer un breve resumen de las competencias atribuidas a cada grupo porque mi objeto al redactar este comentario es denunciar la incompetencia de nuestros legisladores para aprobar medidas urgentes, eficaces y consensuadas en lo referente al primer grupo que es donde se debían proponer las políticas sociales.

«Primum vivere, deinde filosofare»

Primero vivir y luego filosofar. Aunque en sus orígenes, el pensamiento que encierra la frase es de Aristóteles, se le atribuye más a Thomas Hobbes, el filósofo inglés del siglo diecisiete considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna. Posiblemente la mayoría de nuestros conciudadanos que no han leído jamás el «Leviatán», ni tienen conocimiento de lo que él llama «Leyes de la Naturaleza», estarán de acuerdo con él, como también lo estoy yo, en que primero hemos de vivir, es decir, atender a las necesidades primarias de alimentarnos, tener un refugio en el que guarecernos del frio y el calor, disponer de los medios indispensables para garantizar nuestras vidas y propiedades, y gozar de la protección que merecen los miembros de nuestra familia. Es decir «Primum vivere», primero vivir, porque si no vivimos, todo lo demás importa un pimiento.

Aquí es donde han fallado nuestros Diputados

Parece que han dado más valor al «deinde filosofare», que se encuentra en los restantes grupos de trabajo de la Comisión, que a las «Leyes de la Naturaleza» que dimanan directamente del grupo de trabajo de «Políticas Sociales y Sistemas de Cuidados».

Ya sé, ―se me podrá argumentar―, que el desarrollo armónico de la sociedad no depende solo del voluntarismo con que los políticos más comprometidos con las condiciones de vida de la gente exijan a los poderes públicos los medios para garantizarles el bienestar. No vivimos en un mundo donde la autarquía se basta por sí misma para cubrir sus necesidades. La globalización ha puesto de relieve hasta qué punto somos todos interdependientes, por lo tanto, aplaudo sinceramente que se hayan aprobado los restantes dictámenes elaborados por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, aunque su aprobación lo haya sido por un solo voto. Lo que pone de manifiesto la profunda división que hay en nuestro máximo órgano legislativo. Sin embargo, lo que no acierto a entender es por qué no se han puesto de acuerdo para aprobar también las medidas propuestas por el grupo de «Política Sociales».

Y no será porque sus señorías no hayan tenido fuentes de información. Yo no recuerdo de mi larga vida parlamentaria, que una comisión haya tenido, como ésta, 370 intervenciones de los diputados, además de la comparecencia de 104 expertos y el testimonio personal de ocho ministros del Gobierno. Sin contar que durante el mes y medio en que se han producido los debates, más de seiscientos ciudadanos han podido hacer uso de un buzón habilitado en la página web del Congreso de los Diputados para que aportaran sus ideas y sugerencias con el fin de hallar los mejores resultados esperados.

Pues, ni por esa. Al final la iniciativa ha conseguido 172 votos a favor, 175 en contra y una abstención. Pírrico resultado tanto para unos como para otros. En un lado de la frontera se situaron los parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos y al otro un batiburrillo de intereses tan diversos y enfrentados como pueden ser los del Partido Popular, Ciudadanos, PNV, JxCat, ERC, Bildu, CUP, Coalición Canaria, Foro Asturias y UPN.

Triste y lamentable

La ciudadanía no lo entiende. Y mucho menos que los diputados se hayan podido poner de acuerdo en temas tan áridos como son la Energía Eólica y la Unión Fotovoltaica, o tan comprometidos como el campo sanitario, la política internacional o el sector verde y no hayan sido capaces de encontrar un camino por el que transitar juntos en las políticas sociales. 

Luciano Poyato es el presidente de la Plataforma del Tercer Sector compuesta por veintiocho mil entidades sociales, ha expresado su malestar de forma bien clara: «La falta de acuerdo no hace más que agravar las necesidades de las personas más vulnerables en un momento socialmente crítico. Los millones de personas que atendemos no pueden quedar atrás en este proceso, ya que son las que más están sufriendo las consecuencias de la pandemia». Para añadir más adelante que: «el trabajo de las oenegés necesita del compromiso político y de las medidas adecuadas de apoyo y refuerzo ya que, si no, no se podrán defender los derechos de las personas que más lo necesitan, ni avanzar en el proceso real de reconstrucción social que tanto necesita el país».

Para la comunidad gitana española esto supone una nueva y grave decepción

Dos representantes de la comunidad gitana española intervinieron en los trabajos de la Comisión de Reconstrucción. Una mujer y un hombre. Ella, María Teresa Suárez Vega, puso de manifiesto que «La crisis económica y social post‐Covid19 va a tener un impacto devastador sobre las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como la población gitana, si no se toman las medidas oportunas. La reconstrucción no puede seguir las recetas de la crisis de 2008, de la que la población gitana, como muchos otros grupos vulnerables, no se ha recuperado».

De la misma forma que Iñaki Vázquez Arencón remarcó «la necesidad de abordar de manera inequívoca el antigitanismo como fenómeno estructural e institucional, la necesidad de actuar urgentemente para rescatar el sector económico de la venta ambulante, que está inmerso ya en una situación de crisis humanitaria, y denunciar la vergüenza que supone la segregación residencial y educativa en la que está inmersa gran parte de la población gitana en España».

Los más pobres siempre han sido los más perjudicados

Y lo han sido hasta en la tarea legislativa como se ha puesto de manifiesto. Nos lo tendrán que explicar porque la cruel realidad nos dice que los habitantes de Sarriá o Pedralbes de Barcelona sufren las consecuencias de la COVID-19 en mucha menor intensidad que los barceloneses que viven en Nou Barris o en El Raval. En Madrid los distritos más afectados son Moratalaz, Tetuán y Puente de Vallecas que son las zonas tradicionalmente obreras de la capital.

Nuestros representantes en Las Cortes deberían meditar sobre las consecuencias que para la ciudadanía puede tener el resultado de la votación. Siquiera sea para que los más vulnerables no tengan que padecer las consecuencias de la COVID-19 con mayor intensidad que el resto de la sociedad.

Las cosas no suceden así como así. Por eso es bueno pensar sobre las causas que las originan, porque de lo contrario podría sucedernos que, como dice Francis Cooke Bacom, padre del empirismo filosófico: «Quien no quiere pensar, es un fanático; quien no puede pensar, es un idiota; quien no se atreve a pensar, es un cobarde».

  1. Juan de Dios Ramírez-Heredia es abogado y periodista. Presidente de Unión Romaní

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