La Fiscalía General del Estado informa este 17 de abril de 2020 que se investiga si se ha producido alguna actuación delictiva en 38 residencias de personas mayores distribuidas por el territorio nacional, y se siguen 124 casos de personas residentes concretas que precisan una especial atención individual o colectiva de sus derechos y que se tramitan por la vía civil, no penal.
Aunque por el momento no están tipificados los delitos que se podrían atribuir en caso de detectarse irregularidades en esos centros residenciales, fuentes fiscales avanzan que los hechos pueden constituir delitos de homicidio imprudente, abandono o malos tratos, informa Servimedia.
El ministerio público indica que esas 38 diligencias de investigación penal abiertas se llevan a cabo sin perjuicio de las diligencias previas abiertas en diferentes juzgados de la geografía española.
A fecha 15 de abril de 2020, se siguen dos investigaciones en residencias de Castilla y León, dos en Murcia, una en Canarias, cinco en Castilla-La Mancha, una en la Comunidad Valenciana, diecinueve en Madrid, siete en Cataluña y una en Cantabria.
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, había dictado el 1 de abril de 2020 un decreto que ordenaba el cierre de la investigación centralizada por las muertes de personas mayores en residencias de distintos puntos de España durante la crisis sanitaria del coronavirus, al entender que no había indicios de actuación delictiva en los sucesos detectados en las inspecciones de la Unidad Militar de Emergencia (UME).
Tras el archivo, las fiscalías provinciales son las que tienen que determinar si corresponde el archivo de las investigaciones que se mantienen abiertas en las distintas comunidades autónomas.
La primera de las denuncias se produjo en Madrid a raíz de la muerte de diecisiete ancianos por coronavirus en la residencia Monte Hermoso.
Fue el Defensor del Paciente el que denunció los hechos haciéndose eco de las noticias aparecidas en medios de comunicación sobre los fallecidos en esa residencia y las varias decenas de contagiados que allí se habían producido.
El 4 de abril de 2020, CC.OO. pidió a la Fiscalía intensificar las investigaciones y exigir responsabilidades, porque la situación en las residencias alcanzaba «unos niveles de catástrofe de carácter inhumano».
