Greenpeace está documentando gráficamente los impactos que el paso de Filomena está teniendo en la vida diaria de la sociedad: dificultades en el acceso a energía o alimentos, o el colapso de las comunicaciones son algunas de las consecuencias del azote de un fenómeno meteorológico excepcionalmente extremo, que muestra la vulnerabilidad de la sociedad ante los cambios en el clima.
Greenpeace lleva años advirtiendo de la crisis climática y de sus efectos en la población: el cambio climático incrementa la temperatura del planeta y, como resultado, se intensifican los fenómenos meteorológicos extremos. Precisamente, el año 2020 se ha sumado a 2016 como el más cálido desde que hay registros, un dato que refuerza la alteración de los patrones atmosféricos que sufre el planeta desde hace años.
«No nos vamos a cansar de decirlo, porque aún estamos a tiempo: debemos actuar ya o nos enfrentaremos a sucesos cada vez más extremos como temporales, inundaciones, sequías, grandes incendios y olas de calor, pero también otros menos probables como olas de frío e incluso huracanes, más propios de otras zonas», ha señalado José Luis García, coordinador del área de Cambio Climático de Greenpeace.
Añade que «la única forma de defendernos de la emergencia climática es poner freno a la causa humana que la produce: hay que dejar de usar combustibles fósiles y reducir las emisiones a cero lo antes posible».
A esto se suma la situación de pobreza energética en la que viven casi seis millones de personas en España -en torno al quince por ciento de la población-, que no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante la estación más fría.
Greenpeace señala que, en estos momentos, es una cuestión de urgencia social dar respuesta a los colectivos que están sufriendo temperaturas extremas e insiste en que la lucha contra la pobreza energética pasa por mirar más allá de los bajos ingresos en el hogar y abordar la grave deficiencia energética de las viviendas, la brecha de género o los elevados precios de la energía, sustentados por un oligopolio energético (Endesa, Viesgo, EDP, Naturgy, Iberdrola) que concentra entre el ochenta y noventa por ciento de la cuota de mercado.
Greenpeace propone una reforma del mercado eléctrico para asegurar el suministro de forma sostenible a todas las personas, en la que la energía deje de estar en manos de unos pocos y se logre una emancipación energética de la ciudadanía gracias a las energías renovables.