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FACUA considera muy grave que el PSOE incumpla el compromiso de regular precios máximos en los alquileres

Manifestación vecinal en Sol contra la venta de viviendas públicas a fondos buitre
Manifestación vecinal en Sol contra la venta de viviendas públicas a fondos buitre

FACUA-Consumidores en Acción considera muy grave que el PSOE incumpla el compromiso de regular precios máximos en el alquiler de vivienda, uno de los acuerdos que incluía el pacto de gobierno que firmó con Unidas Podemos.

La asociación considera de enorme gravedad que tras reiterar que cumpliría su compromiso hace solo unos meses, el PSOE vuelva ahora a su posición inicial, previa al acuerdo de Gobierno. Para FACUA, desentenderse de esta promesa supone ponerse de nuevo del lado de los intereses de quienes especulan con la vivienda, especialmente la banca y los fondos buitre.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha presentado este 17 de marzo su propuesta de beneficios fiscales para propietarios, desmarcándose de la regulación de los precios del alquiler. Según ha indicado el PSOE en un comunicado, esta decisión se ha tomado debido a que «los sistemas de regulación de rentas ensayados en Alemania o Francia no han demostrado eficacia». En su lugar, han propuesto una reducción del 60 por ciento del IRPF de los propietarios que alquilen su vivienda.

FACUA recuerda al ministro que, en octubre de 2020, afirmó en el Congreso de los Diputados que la nueva ley de vivienda incluiría «la contención de rentas de los precios de alquiler de vivienda». El PSOE y Unidas Podemos confirmaron entonces que el anteproyecto de ley permitiría a ayuntamientos y comunidades autónomas establecer un índice de precios para, en caso de ser necesario, tomar medidas que permitan que las viviendas continúen siendo accesibles para la ciudadanía

En este sentido, la asociación critica que Ábalos se desdiga ahora de sus palabras, después de varios meses sin dejar claro si su partido apostaría por la fijación de precios o no, y termine negándose a recoger ningún tipo de medida que permita establecer precios máximos o algún otro tipo de regulación.

Así, la asociación advierte de que con esta propuesta el PSOE está incumpliendo el acuerdo de gobierno que firmó con Unidas Podemos, donde se comprometió a esta regulación. Además, la reducción del IRPF que ha puesto sobre la mesa el ministro Ábalos sólo beneficia a los propietarios de viviendas, en lugar de proteger a la parte más débil, los inquilinos.

FACUA, por tanto, exige al PSOE que cumpla con lo pactado en el acuerdo de gobierno y se comprometa a establecer medidas orientadas a la regulación de los alquileres de viviendas, como forma de garantizar el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna, derecho que se ha visto deteriorado en los últimos tiempos por los incrementos abusivos de los precios del alquiler y la especulación sobre la vivienda.

La asociación considera fundamental que la nueva normativa corrija la actual situación que se da en este mercado, que ha transformado un bien esencial en un mero objeto de especulación económica y que, por tanto, acabe con el alto coste de los alquileres que actualmente existe en muchas ciudades españolas y que termina expulsando a una parte de la ciudadanía de numerosas zonas que tradicionalmente han sido residenciales.

FACUA lleva años reclamando medidas en este sentido, así como otras regulaciones que eviten los desahucios y favorezcan el acceso a la vivienda. Todas estas propuestas fueron incluidas por la asociación en sus aportaciones al anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda que fueron presentadas en el plazo de consulta pública habilitado por el ministerio recientemente. En la intervención en el Congreso mencionada anteriormente, el ministro Ábalos se comprometió, además a escuchar «a todos los agentes, organizaciones sociales, administraciones públicas y al sector privado».

En febrero, la asociación se sumó a más de cincuenta organizaciones sociales para impulsar una Iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda. Entre otras medidas, exigían una regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio y la modificación de la ley de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país.

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