El Consejo de Ministros ha aprobado este 23 de junio de 2020 un Real Decreto-ley para impulsar las energías renovables y convertir al sector en motor de la recuperación económica e industrial tras la crisis del COVID-19, con el objetivo último de que España obtenga toda su electricidad de fuentes sostenibles antes del año 2050.
La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, afirmó este 23 de junio de 2020 que el impacto de las medidas aprobadas no se limitará solo al sector energético con la reducción de la dependencia de fuentes de energía importadas o el ahorro en el recibo de la luz, sino que también se mejorará la competitividad, desarrollo y modernización de la industria, se creará empleo sostenible y de calidad ligado al territorio, y se mitigará el cambio climático.
La «inversión verde», añadió Ribera, es una de las grandes prioridades de la Unión Europea y «España está preparada y en condiciones de poder aprovechar esta nueva revolución industria» no solo por sus condiciones climatológicas -vientos mediterráneos y atlánticos y horas de sol por encima de la media mundial- sino también porque el sector de las renovables está consolidado, es innovador y cuenta con gran capacidad de crecimiento.
Según los datos aportados por la ministra, en los últimos diez años el coste de instalar un panel fotovoltaico se ha reducido en España en más de un ochenta por ciento y, en consecuencia, el precio al que se vende la energía que genera se ha reducido en un 94 por ciento. La industria española ya es capaz de fabricar casi la totalidad de los elementos de un aerogenerador, el 65 por ciento de los componentes necesarios para que funcione una instalación solar y el 90 por ciento de los bienes de equipo necesarios para digitalizar las redes y garantizar la integración de las renovables en el conjunto del sistema energético.
Transición justa y movilidad sostenible
Respecto a la movilidad sostenible, las infraestructuras necesarias para crear estaciones de recarga ultrarrápida de vehículos eléctricos en carreteras, autovías y autopistas se declaran de utilidad pública.
Las entidades locales podrán utilizar hasta cien millones del superávit municipal para adquirir vehículos de bajas emisiones, y la segunda edición del Plan MOVEs, aprobada la semana pasada, incorporará la posibilidad de que puedan acceder a sus ayudas los particulares que compren motocicletas eléctricas.
Mobile World Congress hasta 2024
El Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto que amplía la celebración del Mobile World Congress en Barcelona hasta el año 2024.
Montero ha anunciado que la norma también recoge un acuerdo con la empresa organizadora del evento, Groupe Special Mobile Association (GSMA), para resolver las consecuencias derivadas de la cancelación de la edición de 2020 debido a la crisis sanitaria del COVID-19.
GSMA ofrecerá a la Administración General del Estado una tarifa muy reducida y en condiciones más ventajosas que en ediciones anteriores para el año 2021, en compensación por los gastos que afrontó en el año 2020.
Contribución a fondos internacionales
El Gobierno ha aprobado contribuciones voluntarias a 32 organizaciones, programas o fondos internacionales por importe de tres millones 185 mil euros. España contribuye así a la defensa, a la promoción de los derechos humanos, al fortalecimiento de la paz y la seguridad internacional, a la cooperación para el desarrollo y a la lucha contra el terrorismo.
María Jesús Montero ha puesto como ejemplo los 850 mil euros acordados para la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los 500 mil euros a la Unión por el Mediterráneo, coincidiendo con el decimoquinto aniversario de la Conferencia de Barcelona.