Protección a la infancia y la adolescencia
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha presentado este 9 de junio de 2020 el Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a todo tipo de violencia, cuya remisión a las Cortes ha aprobado el Consejo de Ministros.
Pablo Iglesias ha destacado que la ley se ha desarrollado a lo largo de varios gobiernos de distinto signo político y ha pedido a los grupos parlamentarios que incorporen mejoras durante su tramitación parlamentaria para que se apruebe con un amplio consenso: «las ideologías no tienen que separarnos a la hora de contar con una normativa que proteja a los niños y niñas y adolescentes en España de la violencia».
El maltrato infantil es una causa de enorme sufrimiento para los menores que tiene consecuencias a largo plazo y condiciona su vida adulta, y, con esta ley, ha afirmado el vicepresidente, España responde a una gran demanda social, a la Constitución y a sus obligaciones internacionales en la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.
Iglesias ha subrayado el enfoque integral de la norma, que marca un paradigma de protección común en todo el Estado, priorizando las medidas de prevención en los ámbitos educativo, familiar, institucional, de los servicios sociales, publicitario, redes sociales y en el derecho penal.
Aspectos destacados de la futura ley
Pablo Iglesias ha detallado que la ley establece que los ciudadanos deben comunicar a las autoridades de manera inmediata cualquier indicio de violencia ejercida sobre niños, niñas o adolescentes, dado que no es un problema del ámbito privado, sino un problema social.
La norma introduce la figura del coordinador de bienestar social y protección en los centros educativos para asegurar el buen funcionamiento de los protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, sexual, ciberacoso, violencia de género, autolesión u otra forma de violencia. Las entidades deportivas o de ocio con personas menores de edad también contarán con una figura similar.
La ley garantiza el acceso universal de los menores a los servicios sanitarios de tratamiento y rehabilitación. Los centros de protección de menores tutelados fijarán protocolos específicos de prevención para detectar precozmente posibles casos de abusos, de explotación sexual o trata.
El vicepresidente ha avanzado que el ciberacoso a través de las redes sociales se afronta con instrumentos nuevos. En este sentido, la norma regula un canal específico de denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos y establece la retirada rápida de Internet de los contenidos que atenten contra los menores.
Además, Iglesias ha señalado que la futura ley ofrece formación específica en derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia a los profesionales que tengan un contacto habitual con niños, incluidos jueces y fiscales, y habrá unidades especializadas en todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La norma reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los menores de edad y evita que las víctimas menores de catorce años o personas con discapacidad tengan que ir reiteradamente a declarar.
Asimismo, el texto incorpora una nueva regulación de los delitos de odio, incorporando la edad (niños, niñas y adolescentes, personas de edad avanzada, etc.) como causa de discriminación. E incluye también la aporofobia y la exclusión social dentro de estos tipos penales.
Iglesias ha indicado que el plazo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra los menores de edad empezará a contar a partir de que la víctima haya cumplido los treinta años de edad.
El vicepresidente ha resaltado asimismo que ley marca como obligatoria la privación de la patria potestad a los condenados por homicidio o asesinato en caso de que el agresor y la víctima tuvieran un hijo en común o cuando la víctima fuera hijo del agresor: «Un asesino machista jamás podrá ser un buen padre y, por lo tanto, no pude tener derecho a la patria potestad».
Por otra parte, la norma prohíbe la publicidad que por sus características pueda provocar en los menores de edad conductas violentas sobre sí mismos o sobre terceros, así como aquella que integre estereotipos de carácter sexista, racista, homófobo o transfóbico.
Reducción de gases de efecto invernadero
El Consejo de Ministros ha acordado también en esta sesión remitir a las Cortes el proyecto de ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
La figura del derecho de emisión es una autorización para emitir una tonelada de CO2 equivalente que puede ser objeto de compraventa, y es la base de un sistema de mercado que permite regular las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria, el sector de generación eléctrica y el transporte aéreo.
La portavoz del Gobierno ha explicado que esta propuesta legislativa modifica la norma actual para adaptarla a los nuevos objetivos de reducción de emisiones que la Unión Europea se ha marcado como contribución al Acuerdo de París, y que se concretan en, al menos, un cuarenta por ciento en 2030 con respecto a los valores de 1990.
Montero ha afirmado que este proyecto, junto a la Estrategia de economía circular, el Real Decreto de traslados de residuos y el anteproyecto de ley de Residuos y Suelos Contaminados, recientemente aprobados, demuestran que la crisis de COVID-19 no ha apartado al Gobierno de la lucha contra el cambio climático, uno de los temas prioritarios de su agenda: «El cambio a un sistema productivo más sostenible y respetuoso con el medioambiente es una oportunidad para fortalecer nuestro tejido productivo y España no va a perder el tren de la revolución verde».
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