La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermeria (Satse) instó este martes al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, a que se «centre» en mejorar la atención sanitaria en la región en lugar de dedicarse a «presionar» y «atosigar irresponsablemente» al Ministerio de Sanidad, con «sorprendente ahínco e interés desmedido», para que las farmacias puedan hacer test de detección de la COVID-19.
Así lo exige a través de un comunicado en el que reclama al titular de la sanidad madrileña que cese «inmediatamente en su hostigamiento permanente» al departamento de Salvador Illa para que acceda a la práctica de estas pruebas en las oficinas privadas de farmacia, a pesar de que «no están autorizadas legalmente ni tienen garantías sanitarias y tampoco sus trabajadores están habilitados para ello».
«Lo quiere a toda costa y en contra de los criterios solventes y cualificados de las organizaciones científicas y profesionales, incluidas asociaciones e instituciones autorizadas en materia de salud pública», apuntó la organización, que emplaza al consejero a «dedicar toda su energía» en destinar «más y mejores recursos» a la sanidad pública y resolver los «múltiples problemas» que, a su entender, sufre «desde hace tiempo» en relación a listas de espera, gasto por habitante en sanidad pública, ratio de enfermeros por habitante o número de camas disponibles.
El Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, Satse, piden también al Ministerio de Sanidad que no acceda «bajo ninguna condición» a que las farmacias privadas puedan hacer test de detección de la COVID-19, dado que esta posibilidad añadiría «mayor inseguridad, riesgos de contagio y confusión» a los ciudadanos, además de provocar una «mayor sobrecarga y saturación» a los profesionales en los centros de salud.
