Paula Maddox
Gran parte de la esperanza de la sociedad reside en el hallazgo por parte de los investigadores de un antídoto que logre parar esta pandemia que, por el momento, se ha llevado ya a más de 25 000 personas en todo el país.
Es por ello que el personal que trabaja en las Fundaciones de Investigación Biomédica de los hospitales y de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) resulta imprescindible en estos momentos.
Sin embargo, desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid parecen ignorar sus reclamaciones laborales, manteniendo al colectivo en un «limbo de regulación», según CC.OO. Sanidad Madrid, sindicato que representa al 99 por ciento de este personal en la Comunidad de Madrid.
En busca del antídoto
En las trece fundaciones de investigación acreditadas en el Sermas, un veinte por ciento del personal investigador está involucrado directamente en la búsqueda de un fármaco o una vacuna para luchar contra el virus SARS-CoV-2.
Se calcula que entre 200 y 250 científicos están dedicando todos sus esfuerzos en la investigación del virus, aunque indirectamente hay un número mayor, ya que tienen plataformas de apoyo con personal no científico.
Sin embargo, «más de un 80 por ciento de una plantilla de 1200 investigadores tiene contratos precarios y temporales, y aquellos que han conseguido estabilizar su situación lo han hecho a través de sentencias judiciales», denuncia CC.OO.
Esperando a la publicación del Convenio Colectivo
Desde el sindicato exigen al Gobierno regional que promueva cuanto antes la entrada en vigor del Convenio Laboral acordado entre la propia consejería, las fundaciones de investigación biomédica y los representantes de los trabajadores hace ya más de un año.
«La crisis sanitaria que estamos padeciendo ha puesto de manifiesto el valor de un sólido sistema sanitario público y la importancia de la investigación biosanitaria. Por ello cuesta entender que el convenio colectivo, que fue ratificado por abrumadora mayoría en asamblea general de trabajadores de las FIB con fecha 27 de mayo de 2019, aún no haya entrado en vigor», denuncian.
El mencionado convenio, que resulta pionero en toda España, proporcionaría soluciones a los graves conflictos laborales que vive este colectivo de investigadores esenciales para el Sistema Madrileño de Salud.
«Pondrían fin al encadenamiento ilegal de contratos, a la altísima tasa de temporalidad, a la ausencia de carrera profesional, así como a los agravios salariales entre profesionales que ocupan idénticos puestos».